La ONU pide al Gobierno que “restablezca de inmediato” la luz en la Cañada Real

A pocas horas de la Navidad se suceden las declaraciones, las peticiones, las reuniones, las denuncias, las manifestaciones... pero no las soluciones. Este martes ha sido el turno a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que han reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que “restablezca de inmediato” el suministro eléctrico en los sectores V y VI de la Cañada Real Galiana, el enorme poblado chabolista de sureste de Madrid. Piden, además, que los vecinos no sean considerados delincuentes ni sean sistemáticamente relacionados con las plantaciones de marihuana cuyas subidas de tensión están en el origen de la falta de electricidad, según consta en un comunicado del Relator Especial sobre Vivienda, Balakrishnan Rajagopal, que ha sido respaldado por otros ocho relatores más. De forma paralela, un grupo de vecinos ha presentado una denuncia esta mañana ante la Fiscalía Provincial de Madrid por los más de dos meses que llevan de apagón.

Todo horas después de que el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, pidiera a la Comunidad de Madrid y al Gobierno central una solución “con carácter inmediato y urgente” y que se deje de extender el problema de la droga y del cultivo de marihuana al conjunto de los habitantes del poblado. Marugán cree que esas acusaciones y la estigmatización pueden llevar a hablar de “aporofobia” y ha pedido que se instalen generadores para que retorne de manera inmediata el suministro.

Recuerda la ONU que, desde primeros de octubre, la falta de luz ha afectado al menos a 4.500 vecinos y que entre ellos hay unos 1.800 niños y niñas que viven con temperaturas de alrededor de 0 grados y tienen serios problemas para seguir siendo escolarizados. Decenas de estos menores escribieron el mes pasado a las Naciones Unidas para alertar de su situación. Esos menores “están sufriendo unas condiciones de vida extremadamente difíciles, y su salud está en grave peligro”, alertan ahora los expertos de la ONU. “Ahora que se acerca el invierno, y especialmente durante la pandemia de covid-19, la electricidad debe ser inmediatamente restaurada”, añade el comunicado hecho público este martes.

“La falta de electricidad no solo viola el derecho de la infancia a una vivienda adecuada, sino que tiene un efecto muy grave en sus derechos a la salud, al agua, al saneamiento y a la educación”, entienden los expertos. La denuncia de la ONU emplea términos muy similares a los utilizados a finales de la semana pasada por el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil que, desde Moncloa, envió una carta a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ahora, la alerta desde Ginebra presiona al Gobierno de España, al que piden que ponga fin al problema.

Las tres administraciones ―local, regional y central― son firmantes del Pacto de la Cañada Real bajo el que se comprometieron en 2017 a buscar e implementar soluciones para el que está considerado como el mayor asentamiento irregular de Europa y que pertenece a Madrid, Rivas-Vaciamadrid y Coslada. La falta de suministro eléctrico de las últimas semanas se ha convertido, sin embargo, en un problema que supera en urgencia a otros como el del realojo de las familias que se censaron en 2011 y que, sobre el papel, son las que tienen derecho a que se les facilite una vivienda alternativa digna.

“Las autoridades que han dado a entender que las personas residentes en el asentamiento informal son delincuentes”

Las plantaciones de marihuana que se llevan a cabo en algunas de las infraviviendas del sector VI son el principal argumento de las autoridades y de la empresa suministradora Naturgy para explicar las subidas de tensión que acabaron con el flujo de luz. Entre las operaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad contra esos cultivos no ha habido ninguna en el sector cinco, donde la potencia del servicio que ofrece Naturgy también ha disminuido.

Desde la ONU critican “al Gobierno por culpar de los cortes de electricidad a las plantaciones ilegales de marihuana, y a las autoridades que han dado a entender que las personas residentes en el asentamiento informal son delincuentes”. Por eso, exigen a las autoridades españolas “que dejen de estigmatizar a las personas inmigrantes, a los miembros de la minoría romaní y a las personas que viven en la pobreza”.

“Sin electricidad, no hay calefacción ni agua caliente en las casas, lo que significa que los niños y niñas no pueden ducharse ni lavarse adecuadamente. Durante la pandemia de la covid-19, cuando la higiene es más importante que nunca, esto es especialmente preocupante”, alerta el escrito hecho público por la ONU. “Sin una acción decidida para remediar inmediatamente esta situación, el rezago educativo de los niños y niñas que viven en Cañada Real va a empeorar aún más”.

El escrito presentado ante la Fiscalía de Madrid para reclamar una solución lo han registrado las asociaciones vecinales Sector 5, Al Shorok-Amanecer y la Asociación Cultural Amal. Al acto han asistido María Pilar Sánchez y Nacho Murgui, concejales de Más Madrid, que se han sumado a las peticiones realizadas por el Defensor del Pueblo. “Creemos que las tres administraciones son responsables por igual”, ha señalado Sánchez.