Cañada Real y Agenda 2030
El hartazgo de la ciudadanía encuentra combustible en la inacción o la incapacidad para dar respuesta a los problemas reales de la gente
Erradicar la pobreza es una obligación para cualquier sociedad. No se puede hablar de democracia mientras existen personas condenadas a la marginalidad. Por eso resulta tan importante que España alcance los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a los que se comprometió la ONU para dentro de diez años, la llamada Agenda 2030.
Semejante tarea no puede quedarse tan solo en una promesa: requiere medidas y recursos. El hartazgo de la ciudadanía (la política es el principal problema por encima de la COVID o el paro) encuentra combustible gratis en la inacción o la incapacidad para dar respuesta desde las instituciones a los problemas reales de la gente.
La Cañada Real reúne la mayor concentración de pobreza del Estado, siendo además el mayor supermercado de droga de Europa. Y todo ello a 14 kilómetros de la Puerta del Sol, en la capital de la cuarta economía europea.
En las últimas semanas centenares de familias de Cañada se han quedado sin luz y agua caliente, con lo que eso significa en pleno invierno. Desde el Ayuntamiento de Rivas hemos adoptado medidas urgentes, que suponen tan solo parches a una grieta social y económica en aumento. Hemos reacondicionado instalaciones municipales para que los menores puedan asearse o recargar sus dispositivos. Pero esto no resuelve el problema.
En 2017, la Comunidad de Madrid, los Ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas, la Delegación del Gobierno y todos los partidos con representación firmamos el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana. Fue un paso histórico y sin precedentes que suponía una hoja de ruta compartida que ponía fin a un modelo de gestión de la exclusión social que, tras 20 años, se demostró fallido.
No estaremos haciendo frente al compromiso con la Agenda 2030 si no cumplimos con el primero de sus objetivos, el de erradicar la pobreza. Mientras el Sureste madrileño siga acogiendo el mayor asentamiento ilegal de Europa, la Comunidad de Madrid seguirá siendo un espacio de impunidad y miseria.
Los ODS no pueden convertirse en papel mojado. El Pacto de Cañada y la Agenda 2030 nos obligan a generar las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna. No puede haber más excusas para no cumplir lo pactado y afrontar la imprescindible operación de demolición del mayor monumento a la desigualdad y marginalidad del país.
Estamos en un momento en el que no deja de anunciarse la llegada de un sinfín de fondos económicos, al igual que la construcción de miles de viviendas a lo largo de la Comunidad de Madrid. Si tan solo una pequeña parte se destinaran a Cañada Real (apenas 2.000 viviendas) solucionaríamos el problema de manera definitiva. Tenemos diez años para hacerlo empezando por las familias más vulnerables. Es una hoja de ruta asumible y urgente.
Si hay voluntad política, capacidad económica y consenso entre partidos e instituciones, ¿a qué estamos esperando?
Pedro del Cura es alcalde de Rivas Vaciamadrid
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