Cuando Aguirre inauguraba hospitales vacíos

La polémica política sanitaria de la presidenta popular se basó en la asistencia pública y la gestión privada

Esperanza Aguirre, en abril de 2007, presentando la terminación de las obras del Hospital del Tajo, en Aranjuez.
Esperanza Aguirre, en abril de 2007, presentando la terminación de las obras del Hospital del Tajo, en Aranjuez.Ricardo Gutierrez

La inauguración de hospitales a bombo y platillo, como el Isabel Zendal, tuvo sus antecedentes en la época de la presidenta popular Esperanza Aguirre. Fue uno de los ejes sobre los que pivotó su trayectoria política en la Comunidad, junto con las ampliaciones de la red de metro. “En tan solo un mes vamos a poner en funcionamiento seis hospitales, lo que quiere decir 1.200 camas más en el sistema madrileño de salud, 84 quirófanos más y 749 nuevas consultas externas”, dijo la líder popular en febrero de 2008, un mes especialmente prolífico, que se caracterizó por las inauguraciones de hospitales sin terminar. Aquello significó todo un despliegue de fotos y cámaras para escenificar una imagen de buena gestión y de cumplimiento de las promesas electorales.

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El plan de infraestructuras sanitarias de la Comunidad de Madrid para el periodo 2003-2007 contemplaba la creación de siete nuevos centros: el de Aranjuez (Hospital del Tajo), el de Coslada (Hospital del Henares), el de Arganda (Hospital del Sureste), el de San Sebastián de los Reyes (Infanta Sofía), el de Parla (Infanta Cristina), el de Vallecas (Infanta Leonor) y el de Majadahona (nuevo Puerta de Hierro). La idea era que tuvieran una capacidad para albergar 2.220 camas de hospitalización, que se iban a ir incrementando a lo largo de una década. La Consejería de Sanidad confeccionó un estudio de viabilidad con la superficie que debía estar edificada en diferentes periodos.

“No le quepa la menor duda de que la empresa privada es más eficaz que la pública”, aseguró Aguirre durante una entrevista en televisión en noviembre de 2013. Este punto fue uno de los más polémicos de su política sanitaria. Se aplicó el modelo PFI (iniciativa de financiación privada, por sus siglas en inglés) que consistía en la adjudicación de la gestión no médica a empresas privadas a través de un canon de dinero público durante 30 años. La Administración garantizaba la asistencia pública, es decir, ponía el personal sanitario, pero se desentendía de todo lo demás.

La expresidenta regional tuvo que enfrentarse a abucheos y pancartas de delegados sindicales de CC OO y UGT a su llegada al hospital 12 de Octubre y también de los empleados del Hospital Ramón y Cajal, organizados para protestar contra la “privatización” de la sanidad pública. Además, los nuevos hospitales llegaron a alertar de un “colapso” de las concesiones si la Comunidad de Madrid no les pagaba 80 millones de euros en una carta de 11 páginas dirigida por Seopan (Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional de España) en abril de 2011 y que hicieron llegar al exconsejero de Sanidad Fernández-Lasquetty, que implantó la Ley de Libertad de Elección por la que los usuarios del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) podían escoger a su especialista y enfermera de cualquiera de los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid.

Esa cantidad demandada por Seopan procedía de las mayores inversiones que tuvieron que realizarse y que incurrieron en un aumento del coste de los servicios que llevaría a incrementar el canon anual que les pagaba la Comunidad en 6,2 millones, señalaban. Esta fue una de las armas que usó el candidato socialista Tomás Gómez durante el debate electoral con Esperanza Aguirre.

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De todas aquellas inauguraciones, sigue siendo un dato sin aclarar a cuánto asciende la participación privada en el coste final de la sanidad madrileña. Y sigue sin explicación cómo es que varios de esos centros no se llegaron a completar al 100% o tienen años después quirófanos y salas de UCI sin utilizar, que hoy serían muy útiles.

Así lo muestra el video que en marzo de este año colgó en su Twitter Mónica García, médico y diputada de Más Madrid, para denunciar que hay pabellones inutilizados y torres sin inaugurar (como es el caso de Vallecas o San Sebastián de los Reyes). Ahora dependen de fondos buitre, insistió la diputada, en unas imágenes de la desierta torre 4 del Infanta Sofía. “Los hospitales concesionados de Madrid (Vallecas, Norte, Parla, Henares, Tajo, Arganda, PdH) tienen módulos cerrados con más de 500 camas que deberían haberse abierto en 2017”, declaró.

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