¿De quién son los hospitales de la presidenta?

“Bienvenido a la página web del Hospital del Henares, un nuevo centro sanitario construido por la Comunidad de Madrid que abrió sus puertas...” ¿Construido por la Comunidad de Madrid? En realidad no. Ninguno de los nueve hospitales públicos que se han inaugurado desde que Esperanza Aguirre es presidenta de Madrid los ha construido el Gobierno regional. Ni los ha construido ni se encarga de gestionar toda o parte de su actividad. De hecho, ni siquiera son suyos. Los nuevos hospitales pertenecen, y así seguirán durante casi tres décadas, a constructoras, inmobiliarias, empresas de gestión sanitaria con bancos como accionistas y fondos de capital riesgo con sede en Luxemburgo. Las empresas construyeron los edificios y, a cambio, ahora reciben un cánon anual por atender a los ciudadanos. Cuando las concesiones venzan, dentro de 30 años, revertirán a la Administración, que mientras tanto es una mera inquilina.

No siempre fue así. El panorama de la sanidad pública madrileña ha cambiado drásticamente desde la llegada de Aguirre al Gobierno regional en 2003. Encontró una veintena de hospitales de gestión enteramente pública (con algún concierto, como el de la Fundación Jiménez Díaz). La Administración contrataba a los médicos, enfermeras, celadores, administrativos... Hoy casi uno de cada tres hospitales es de gestión privada, total o parcialmente. La Administración garantiza la asistencia pública, pero se desentiende de gestionar. Existen dos modelos, que se distinguen básicamente por la contratación de los médicos, enfermeras y demás personal sanitario. En el modelo PFI (iniciativa de financiación privada, en sus siglas en inglés) la empresa concesionaria se encarga de todo menos de la parte sanitaria. Sus médicos son funcionarios. En el modelo PPP (partenariado público-privado), todo depende de las empresas. La Administración oferta las concesiones, la misma fórmula que se usa para las autopistas de peaje, y se limita a pagar por el servicio.

Entre los nuevos hospitales hay siete PFI y dos PPP. Pero el futuro es la gestión enteramente privada: el día 21 los Reyes inauguran el tercero, el Rey Juan Carlos, en Móstoles. La empresa Capio Sanidad, propiedad del fondo de capital riesgo CVC Capital Partners, ha gastado 232 millones de euros en construirlo y equiparlo. La Comunidad de Madrid aún no ha desembolsado nada. El pago empieza ahora, y durará 30 años. Los presupuestos de 2012 le destinan 76 millones de euros. Dentro de unos meses abrirá el cuarto, el de Collado Villalba. Para entonces, la atención hospitalaria de 800.000 madrileños estará gestionada por Capio, es decir, por el fondo de capital riesgo CVC.

Los propietarios del resto de los nuevos hospitales son básicamente las constructoras que los edificaron. Dos de ellas, y una empresa de servicios, aparecen en el sumario del caso Gürtel. Es el caso de la constructora Hispánica que, junto con otras dos firmas, consiguió la adjudicación del hospital del Tajo (Aranjuez) en 2005. En 2009 la compró el grupo Essentium y le cambió la denominación social: ahora se llama Assignia Infraestructuras y mantiene el 40% del accionariado. La concesionaria del hospital Infanta Leonor (Vallecas) tiene entre sus accionistas (34%) a la constructora Begar, propiedad del imputado en Gürtel José Luis Ulibarri. Tanto esta empresa como Ploder Uicesa (5%) se han declarado en concurso de acreedores. Sufi, empresa de servicios, es la tercera compañía relacionada con Gürtel a través de uno de sus directivos. Asociada con Dragados en una UTE, consiguió la licitación del hospital Puerta de Hierro-Majadahonda. Posteriormente la compró Sacyr.

Cambios en el accionariado, quiebras de las empresas que forman parte de la concesionaria... “Uno de los riesgos de los nuevos centros en el contexto de la crisis es la quiebra de las UTEs concesionarias, porque pone en riesgo la atención sanitaria de un sector importante de la población”, señala Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública. Y añade: “Cuando hay negocio se privatiza y cuando hay pérdidas el dinero público reflota las empresas para de nuevo privatizar los beneficios”.

La Consejería de Sanidad asegura que estos vaivenes no ponen en peligro la concesión ni la prestación del servicio. ¿Qué pasaría si todas las empresas de una concesionaria se vinieran abajo? “No creo que suceda ese caso hipotético”, afirma Jesús Vidart, director general de Gestión Económica. Añade que los contratos tienen mecanismos que evitan la quiebra de la concesión. “En el caso de que una de las empresas de la UTE entre en concurso de acreedores no tiene por qué afectar a la sociedad concesionaria”, explica Paloma Alonso, directora académica del Programa Superior de Public Private Partnership en el Ámbito Sanitario de IE Business School. Los socios de la UTE constituyen una sociedad con personalidad jurídica propia, diferente de sus actividades, una “sociedad vehículo”, añade, por lo que “el endeudamiento propio de los partícipes no figurará en el balance de la sociedad vehículo”. Alberto de Rosa, director general del grupo Ribera Salud (propietario del hospital de Torrejón y de otros cinco en la Comunidad Valenciana), asegura que los problemas de los hospitales de gestión público-privada en el Reino Unido “no significan que el modelo no funcione”. “Es como indicar que el rescate de un gobierno es síntoma de que todos los gobiernos no funcionan”.

El Reino Unido acumula ya dos décadas de experiencia con los hospitales de gestión mixta (PFI). El mes pasado el Gobierno de David Cameron aprobó un fondo de emergencia de 1.500 millones de libras para hacer frente a los pagos de siete hospitales PFI y evitar recortes en los servicios a los pacientes. “Los trust británicos han tenido dificultades para hacer frente a los pagos acumulados de las obras PFI; los parlamentarios han empezado a asustarse al ver cómo la carga económica heredada llega a cantidades enormes, y dudan de si merece la pena”, señala José Ramón Repullo, jefe de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad. Un estudio de 2008 de la Universidad de Manchester analizó el coste de los 12 primeros hospitales PFI del Reino Unido. Concluyó que costaban 60 millones de libras más al año que de haberse financiado con recursos públicos.

¿Por qué se ha optado por estos modelos para construir los nuevos hospitales madrileños? “Centros del tamaño y complejidad de Majadahonda requerían entre siete y diez años de construcción de la infraestructura y puesta a disposición frente a los 28 meses” que supuso hacerlo mediante el modelo PFI, explica Alonso, que además señala el cumplimiento de los plazos, la inexistencia de sobrecostes durante la construcción... “Las razones son varias”, afirma Repullo: “Construir y equipar hospitales cuando no se tiene dinero para inversión, cuando se quiere pedir prestado sin que compute como deuda en el sistema europeo de cuentas, o cuando, simplemente, se quiere hacer un hospital exprés en los cuatro años de una legislatura y llegar a tiempo para inaugurarlo antes de que acabe. El político consigue el crédito de la inauguración y le pasa a los políticos y generaciones venideras el coste. Demasiada tentación como para resistirse”.

Preferencia política

Este experto en gestión sanitaria apunta a otros motivos cuando el modelo es el enteramente privado, que funciona con pago poblacional, o per cápita. “Es otra cosa. Se trata de una privatización de la provisión y revela una preferencia política que abunda en el argumento de que todo lo privado es, por definición, más barato que lo público”, señala. Alberto de Rosa asegura que “el modelo es más barato para la Administración” y precisa que ahorra un 25% con respecto a los centros gestionados directamente. Reconoce, sin embargo, que el dato procede de las propias consejerías de sanidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, que son las que han optado por el sistema.

El consejero madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, ofreció una cifra esta semana, durante la presentación del balance de la actividad de los nuevos hospitales. El coste comparado per cápita es de 437 euros de media por habitante, frente a los 734 euros de media del resto de centros, afirmó. “Todo el mundo sabe que esos cálculos son falsos”, opina Sánchez-Bayle. “El coste por cama de los nuevos hospitales supera de media en 100.000 euros anuales el de los hospitales tradicionales”. Un estudio realizado por UGT a partir de datos oficiales (presupuestos) mostró que el coste por cama de los nuevos hospitales era sustancialmente mayor que el de los tradicionales. El centro con coste por cama más bajo de los nuevos (Henares, 335.000 euros por cama y año) resultaba prácticamente igual que el más caro de los tradicionales y de gestión pública, el Clínico (338.000 euros).

Mayor complejidad

El cálculo de Lasquetty, en cualquier caso, resulta simplemente de dividir coste por número de pacientes y no tiene en cuenta la complejidad de la actividad que realizan unos y otros (trasplantes, cirugías especializadas...). Esa variable no está ponderada en las cifras del consejero, reconoce Sanidad. “En España, los hospitales públicos tienen 420 camas de tamaño medio, mientras que los centros con nuevas formas de gestión tienen 211. En Madrid la diferencia es aún mayor”, señala Repullo. “En los primeros se concentra la alta especialización, la docencia y la investigación. Los segundos se apoyan en la red hospitalaria y con frecuencia le drenan recursos y le trasladan pacientes graves y costes. Los primeros tienen muchos años de funcionamiento y plantillas envejecidas; los segundos tienen el bono de la juventud de la apertura”, añade.

Los defensores de la colaboración público privada, como el director de Ribera Salud, insisten en que sus hospitales son más eficientes: “Ofrecemos mayor accesibilidad, menor tiempo de respuesta y un trato más personalizado”, señala. Según sus encuestas, el 94% de los pacientes desconoce si lo tratan en un hospital de gestión pública o privada. “Al ciudadano no le preocupa quién gestiona sino cómo se gestiona”, subraya. Ribera Salud, originalmente propiedad al 50% de Bancaja y Caja del Mediterráneo (CAM), está actualmente en venta. La parte de Bancaja está ahora en manos de Bankia y la de la CAM, que tuvo que ser intervenida por el Banco de España, pertenece al Banco Sabadell. Capio está en negociaciones para hacerse con Ribera Salud. Compraría, por tanto, a su principal y casi único competidor en el negocio de la gestión sanitaria de concesiones públicas. “Podría funcionar en régimen de oligopolio e imponer sus condiciones al sector”, alerta Sánchez-Bayle, preocupado también por una posible quiebra o porque “la empresa matriz, una firma de capital riesgo, deje de tener interés en la prestación sanitaria”.

Es complicado saber si los hospitales con gestión privada funcionan mejor o peor que los tradicionales. La Consejería de Sanidad apenas divulga datos comparativos, únicamente encuestas a los pacientes. Tampoco hace públicas las penalizaciones o las rebajas en el canon por fallos en el servicio. Una falta de transparencia que, según el informe de la consultora PwC Diez temas candentes de la sanidad española para 2011, es “una asignatura pendiente” en estos modelos. El informe aconseja que los resultados que muestren la eficiencia de unos y otros hospitales se pongan “a disposición de los ciudadanos para su consulta”.