La Consejería de Sanidad de Madrid no convocó ruedas de prensa en cuatro meses
La Comunidad ha mantenido una constante falta de transparencia desde el inicio de la mayor crisis de salud pública del último siglo en el territorio más azotado por el coronavirus
El 14 de marzo, con la aprobación del Estado de Alarma, la comunicación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sobre la covid-19 hizo apagón. El consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero desapareció y la Comunidad dejó de publicar datos sobre el avance de la epidemia. Volvió a hacerlo el 22 de abril. Mientras, otras regiones continuaron reportando cifras diarias y sus homólogos comparecían cada día, como en Cataluña o Murcia, o semanalmente, como ocurrió en Andalucía. En Madrid no se ha convocado una sola rueda de prensa desde el inicio de la crisis. Este jueves, más de cuatro meses después, se producirá la primera.
Hasta ahora, sus comparecencias han ocurrido en la Asamblea —ha intervenido en cuatro de las seis comisiones ordinarias que ha habido desde mediados de marzo y en los 12 plenos que se han sucedido desde que se retomó la actividad parlamentaria, en abril—; ha dado entrevistas a ciertos medios y en alguna ocasión ha acompañado a Díaz Ayuso en sus comparecencias; su área ha difundido alrededor de 180 notas de prensa desde finales de febrero sobre coronavirus.
Mientras, en Valencia, ha habido 81 comparecencias o ruedas de prensa de su consejera de Sanidad, Ana Barceló; en Andalucía, Jesús Aguirre, su homónimo, ha comparecido en 14 ocasiones en el parlamento andaluz y ha dado una rueda de prensa semanal, al menos, tras el consejo de Gobierno, con preguntas abiertas a los medios; Jesús Fernández, el consejero castellanomanchego, ha realizado 31 ruedas de prensa desde marzo y se han hecho 880 comunicaciones desde el Gobierno regional; desde la consejería de Murcia, Manuel Villegas compareció a diario ante los medios de comunicación durante el Estado de Alarma y tras él, sigue compareciendo cada jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y después de las reuniones semanales del comité de seguimiento; y en Cataluña, Alba Vergès compareció prácticamente a diario durante más de dos meses, sigue haciéndolo varias veces a la semana, y convocaba ruedas de prensa específicas sobre asuntos puntuales. [Con información de Jessica Mouzo, Virginia Vadillo, Ignacio Zafra y Nacho Sánchez]
Desde que comenzó la pandemia, Enrique Ruiz Escudero no ha comparecido públicamente. En Cataluña o Murcia, sus homólogos lo han hecho diariamente; en Andalucía, al menos una vez a la semana
Ninguno de estos territorios paró nunca de publicar sus cifras epidemiológicas. En Madrid, la situación fue, y es, distinta. A finales de febrero, la Consejería de Sanidad respondía a los mensajes y enviaba a diario una nota con la actualización de los casos y la actuación que mantenía el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) desde las distintas áreas: atención primaria, SUMMA 112, hospitales y Salud Pública; informaban de los cambios que se iban produciendo en el Sermas, como el seguimiento que las enfermeras de los centros de salud empezaron a hacer a quienes estaban en aislamiento por el virus o las medidas preventivas que recomendaban desde el Gobierno regional.
También por entonces ofrecía cifras sobre el aumento de personal que se iba incorporando a la plantilla, como los refuerzos que hicieron a principios de marzo (222), la renovación de los contratos del Plan de Invierno (707) o el aumento de operadores para el teléfono gratuito sobre covid.
El ascenso hacia el pico de la crisis
Con el decreto del Estado de Alarma, el flujo de información empezó a obstruirse y la situación fue haciéndose cada vez más opaca. El envío de información epidemiológica se canceló el día 14 de marzo y se se retomó el 22 de abril. Durante esos días, el Gobierno regional no publicó ninguna cifra ni respondía a las peticiones de las mismas.
Con el Ministerio de Sanidad a cargo del mando único, empezaron a emitirse solo aquellas notas de prensa con información organizativa —la reorganización de la primaria, de las urgencias pediátricas y el servicio de obstetricia, el comienzo de ensayos clínicos en hospitales o la puesta en marcha de los hoteles medicalizados—, sin embargo, no había respuesta sobre el número de profesionales contagiados, el material de protección que llegaba a los centros o información clara sobre las cifras de UCI.
En lo peor de la pandemia, Enrique Ruiz Escudero se parapetó durante un mes, hasta mediados de abril. Cuando volvió, tampoco hubo respuestas. No contestó a la forma de contabilizar los fallecimientos ni a cuestiones sobre la reorganización de la Primaria que provocó el montaje del hospital de campaña de Ifema ni a preguntas sobre cómo se iba a proceder con el pago a la sanidad privada —a disposición de la pública cuando llegó el Estado de Alarma—.
Tampoco dio respuesta a cuántos profesionales se estaban incorporando de refuerzo ni a cuántas mascarillas defectuosas y guantes inservibles se estaban retirando; durante mucho tiempo tampoco ofreció números sobre profesionales contagiados. Ni siquiera envió contestación a la carta que los jefes de todas las UCI de Madrid le enviaron el 22 de marzo, y que ellos mismos calificaron como “un grito de socorro”. Nunca accedió a una entrevista con este periódico.
La tragedia de las residencias
Tampoco habló cuando comenzó la crisis de las residencias, donde ya el 19 de marzo había muerto por causas vinculadas a la covid 138 personas; ni cuando Díaz Ayuso decidió entregarle la titularidad de estos centros sociosanitarios una semana después, y tras retirársela a Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales, por el choque político que había provocado el aviso del de Ciudadanos sobre lo que estaba ocurriendo dentro.
Ni contestó a este diario ni lo había hecho al propio Reyero, cuando el 22 de marzo le envió dos correos electrónicos, diciéndole que si no le ayudaba podría darse la circunstancia de que “muchos residentes fallecieran de forma indigna” y que si se negaba el auxilio a las personas con discapacidad de cualquier edad incurrirían “en una discriminación de graves consecuencias legales”.
La primera nota oficial de la Consejería de Sanidad sobre la cuestión de las residencias se envió el 1 de abril: “La Comunidad de Madrid actúa en 38 residencias desde la puesta en marcha del plan de choque con las intervenciones de la UME y el reparto de material”. Y no fue hasta el 10 de ese mes cuando se empezó a publicar en la web los datos sobre las actuaciones en los centros sociosanitarios, a pesar de que la orden emitida por el Ministerio de Sanidad era del 23 de marzo.
Ese primer reporte contabilizaba ya 781 fallecidos confirmados por covid-19 desde el 8 de marzo y 3.740 muertos con sintomatología compatible sin confirmación por PCR. El último, del 23 de junio, alcanzó los 1.253 fallecimientos confirmados y 4.734 con sintomatología compatible con el virus. No se ha hecho público ninguno más desde entonces.
La desescalada
Cuando llegó mayo y la desescalada, la situación empeoró. No solo se producía silencio sino información contradictoria. Mientras que Isabel Díaz Ayuso, Ignacio Aguado y Enrique Ruiz Escudero aseguraban que Madrid estaba preparada para subir el primer escalón avanzar a fase 1, los profesionales de atención primaria, hospitales y salud pública aseguraban que no. Mientras que el Gobierno regional aseguraba que había hecho los refuerzos necesarios para apuntalar atención primaria y salud pública, claves para el control de la pandemia, los hechos decían, y dicen, lo contrario.
La cuestión llegó a provocar la dimisión de la directora general de Salud Pública Yolanda Fuentes, que había emitido un informe al gobierno regional en el que aseguraba que Madrid no estaba preparada para pasar de fase y no recomendaba a la Comunidad solicitar ese pase al Ministerio.
A pesar del aviso de quien era la máxima autoridad técnica en este ámbito, Ruiz Escudero envió sin su aval el informe a Sanidad, que terminó por denegar aquel avance hasta en dos ocasiones. Estalló una tormenta política interna y toda la respuesta de la Consejería fue que aquellos informes no necesitaban la firma de nadie: “No lo tiene que firmar nadie. Es un documento con indicadores, con casillas para rellenar. Y lo entrega la Consejería”.
Tras la dimisión de Fuentes, la única comunicación de ese área fue un vídeo de Ruiz Escudero dando las gracias a la ya exdirectora y una nota de prensa con los nuevos cargos: “La Comunidad de Madrid aprueba la nueva estructura de Sanidad con Antonio Zapatero [director médico del hospital de Ifema] como viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19. Se ha aprobado también el nombramiento de Elena Andradas Aragonés como directora general de Salud Pública. El director general de Coordinación Socio-Sanitaria será Francisco Javier Martínez Peromingo”.
Durante toda la desescalada, la transparencia fue la misma: mínima. Continuaron atrincherados en el silencio. Ocurrió, entre otras cuestiones, con las mascarillas que el Gobierno de la Comunidad repartió gratuitamente a través de la red de farmacias a los ciudadanos, a las que se opusieron los profesionales por no ser las más óptimas para la población (y sí para los sanitarios) y que no cumplían con la normativa europea. Tardaron días en reconocerlo. Sucedió también con otros lotes de material de protección que tampoco tenían los requisitos para que los sanitarios trabajaran con ellos; mientras otras regiones como Andalucía, Castilla-La Mancha o Cataluña emitían comunicados inmediatamente y procedían a su retirada.
La nueva normalidad
En julio, casi un mes después de haber entrado a la nueva normalidad, el Gobierno de Díaz Ayuso no responde a cuál ha sido el gasto del hospital de campaña de Ifema; se desconoce cuál es el Plan Funcional que avala la construcción de un nuevo centro de emergencias en Valdebebas el próximo otoño.
Por otro lado, Ruiz Escudero ha afirmado en un vídeo enviado a la prensa que la Comunidad no tiene competencias para solucionar todos los problemas de los residentes de la Comunidad [en huelga indefinida de guardias y los lunes desde el pasado 13 de julio] y la propia Dirección General de Recursos Humanos del SERMAS insiste al Comité de Huelga MIR que el 90% de sus peticiones no están en manos del Gobierno regional. Sin embargo, la legislación dice lo contrario.
Y, sobre todo, persiste la opacidad en torno a los dos pilares sobre los que recae el peso de evitar una segunda ola de coronavirus: atención primaria y salud pública, donde se prometió un refuerzo que nunca llegó a producirse y sobre el que no informan con datos precisos. Madrid apenas notifica brotes: con 850 casos diagnosticados en los últimos 14 días, solo ha reportado siete, incluido el del Club de Fútbol Fuenlabrada. El virus sigue circulando, los rastreadores no dan abasto y los profesionales, en sus hospitales y en los centros de salud, cruzan los dedos porque no vuelva el tsunami.
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