La crisis del coronavirus

Los 12 días de la “operación bicho”: el fiasco del plan de la Comunidad de Madrid para salvar las residencias

El Gobierno de Ayuso encerró a los residentes mayores y encomendó su salud a la hija del 'privatizador de la sanidad madrileña', que dirigió un esfuerzo médico insuficiente y caótico

Dos sanitarios, este domingo en unas instalaciones de Transamed. Esta era la empresa de ambulancias a la que recurrió Encarnación Burgueño en su plan de medicalización de residencias. Trabajaron 12 días sin que la Comunidad les reconociera su esfuerzo.
Dos sanitarios, este domingo en unas instalaciones de Transamed. Esta era la empresa de ambulancias a la que recurrió Encarnación Burgueño en su plan de medicalización de residencias. Trabajaron 12 días sin que la Comunidad les reconociera su esfuerzo.David Expósito

Horas después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciara un plan de choque para las residencias de mayores, se puso en marcha la que denominaron “operación bicho”, el código que usaba la persona sin experiencia a quien se encomendó la salud de casi 50.000 ancianos. Ese 26 de marzo, con 1.130 mayores de geriátricos fallecidos por la covid-19, Encarnación Burgueño, que se autodenominaba directora general de Cardio Líder, una marca comercial sin entidad societaria, se ponía al frente de la respuesta de la Consejería de Sanidad que consistía en sustituir los traslados de mayores a hospitales por una asistencia médica en las propias residencias.

Burgueño no disponía de médicos ni ambulancias ni conocimientos de gestión sanitaria, pero gracias a los contactos de su padre tenía cerca su oportunidad soñada, una empresa en el lucrativo sector de la salud. Encarnación Burgueño es hija del ex director general de hospitales de la Comunidad, Antonio Burgueño, a quien la presidenta Díaz Ayuso había encargado la coordinación del sector sanitario ante la pandemia.

EL PAÍS ha tenido acceso a decenas de documentos y grabaciones con los detalles de los 12 días que duró aquel plan médico caótico y a todas luces insuficiente que fue el pilar básico de la “medicalización” de las residencias madrileñas.

El esquema acabó abruptamente el 6 de abril, cuando este periódico reveló que la hija del ideólogo de la privatización de la sanidad madrileña estaba gestionando la crisis en los geriátricos. Cuando echó el freno en seco habían muerto en las residencias más de 4.200 mayores.

Encarnación Burgueño, de 50 años, dirigió toda la “operación bicho” confinada en su vivienda sin poner un pie en una residencia. Persuadió al gerente de una empresa de ambulancias privadas, Transamed, para que se sumara al plan y con ese fin le envió por e-mail un contrato remunerado “para la gestión integral de la crisis del Covid-19 en los centros sociosanitarios de la Comunidad de Madrid”.

Más de 3.000 mayores murieron en residencias de Madrid mientras duró la fallida “medicalización” dirigida por Encarnación Burgueño

Iba firmado digitalmente por un alto cargo de la Consejería de Sanidad, el director de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur de Víu. Cuatro vehículos médicos de esta empresa harían en casi dos semanas cerca de 200 visitas a residencias de Madrid, donde hay 475 geriátricos. Seguían las instrucciones de Burgueño, quien a su vez recibía indicaciones de Mur de Víu.

No era un “apoyo puntual”, como dijo la consejería cuando este diario destapó el papel de Burgueño. Durante 12 días, hasta el 6 de abril, los sanitarios de Transamed fueron la primera y única asistencia médica exterior que recibieron miles de ancianos durante aquellos días, según decenas de partes con los detalles de las visitas, firmados y sellados por Transamed y por los representantes de las residencias, generalmente sus directores. El gerente de la empresa de ambulancias, Eduardo Esteban Aragonés, ha mostrado a este periódico las pruebas que revelan en qué consistió realmente la “medicalización” de residencias, tan cacareada por el Gobierno de Ayuso.

“En ningún caso estuvo antes de nosotros un médico externo del Summa (emergencias de la Comunidad) o de atención primaria”, afirma Aragonés. “Las residencias nos decían que llamaban pidiendo ayuda pero no aparecía nadie”.

Otra empresa de ambulancias privada, la sevillana SAMU, visitó residencias madrileñas durante esos días, pero no para medicalizarlas. Su función era dividir los centros en función de los síntomas de los pacientes y dar pautas al personal sobre desinfección y prevención de contagios.

Ayuso, que se expone a una querella en el Tribunal Supremo por negar el derecho a la salud de los mayores, desplegó hace dos semanas en la Asamblea regional un largo rollo de folios con las supuestas intervenciones médicas en las residencias. Pero las pruebas que tiene Transamed podrían fortalecer la acusación de más de 400 familias de fallecidos contra la presidenta y otros líderes de la Comunidad de Madrid.

Encarnación Burgueño ha declinado hacer declaraciones para esta información. Mur de Víu ha admitido que los ancianos de residencias estuvieron mal atendidos durante semanas, una admisión que pone en cuestión la defensa de la Comunidad de Madrid de su gestión de la crisis en residencias, donde han muerto casi 6.000 personas por la covid-19.

Apagar un fuego sin agua

Aragonés dice que supo de Encarnación Burgueño el 16 de febrero por mediación de Israel Jara, un conocido suyo del mundo sanitario. Jara y Burgueño son autónomos y colaboran en Cardio Líder, un proyecto para alquilar desfibriladores a centros comerciales y otros negocios. Los dos socios pensaban en crecer gracias a las conexiones del padre de Burgueño, pero no tenían recursos médicos, según le dieron a entender a Aragonés. Jara le propuso a Aragonés que colaborara con sus vehículos y sanitarios en un proyecto para asistir a residencias en Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid.

Aragonés, que tiene la sede de su empresa en Navas del Marqués (Ávila), no tuvo más noticias hasta el martes 10 de marzo, cuando Jara le dijo que debían reunirse ese viernes. Aquella fue una semana frenética en la que el virus ganaba terreno y los hospitales se llenaban de enfermos a ritmo de vértigo. Los políticos de la Comunidad tomaron varias decisiones clave para la gestión de los geriátricos durante la pandemia. El jueves 12, el consejero Escudero anunció un plan para medicalizar las residencias por el que los mayores contagiados iban a ser atendidos allí mismo. Ese mismo día trasciende a la prensa el polémico fichaje de Antonio Burgueño como asesor de la Comunidad frente al coronavirus. El viernes, Mur de Víu creó el grupo de geriatras que diseñó la política para excluir de los hospitales a residentes mayores con dependencias.

Los ancianos empezaban a ser rechazados en los hospitales, pero la segunda parte del plan, la medicalización, tardó en arrancar hasta el 26 de marzo porque la aprobación de la consejería no llegaba. La idea era “hacer realidad la hospitalización domiciliaria” en las residencias, evitando el traslado del paciente, según la propuesta de nueve folios que elaboraron Cardio Líder y Transamed, y que lleva en cada pie de página sus logos y el de la sanidad pública madrileña, SaludMadrid. Por fin, Burgueño dio la buena noticia. Sonaba enérgica en un audio de WhatsApp que envió a Jara y a Aragonés: “Al habla, operación bicho”, decía. Tenían luz verde.

Ayuso revelaba a la prensa que el consejero Escudero se ponía al frente de la gestión sanitaria de las residencias. La nota de prensa de aquel “plan de choque” informa de la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias, Protección Civil o los Bomberos de la Comunidad. Eran organismos que se encargaron de desinfectar residencias y trasladar cadáveres. En cuanto a las actuaciones sanitarias la nota era escueta y genérica. Decía: “La Consejería de Sanidad se situará como mando único para llevar a cabo las actuaciones sanitarias en estos centros” y ocultaba la participación de Cardio Líder y Transamed.

Durante 12 días, los sanitarios de Transamed fueron la única asistencia. 25 centros pedían recursos tan básicos como la morfina

Los audios de las primeras horas muestran las conversaciones de un pequeño equipo infradotado, con una tarea monumental por delante. También revelan la incapacidad de la persona responsable: “Se necesita apoyo moral. Necesitan aliento, que vayáis aunque sea sin equipo”, se escucha a Burgueño en un mensaje, sugiriendo que los sanitarios entraran sin EPI en las residencias. El equipo de Aragonés constaba de cuatro vehículos sanitarios con cuatro médicos, dos enfermeros, siete técnicos de ambulancia y dos coordinadores.

Burgueño, recibiendo indicaciones de Mur de Víu, ordenaba los movimientos de los sanitarios sobre el terreno. Le dijo a Aragonés que había 10 residencias que estaban “fatal” y otras 30 que estaban mal. Mur de Víu quería que fueran primero a cuatro en situación crítica: San Celedonio, Amavir en Colmenar Viejo, las Hermanitas de los Pobres y Fundación Reina Sofía.

El panorama que se encontraban los trabajadores de Aragonés era dantesco. Mayores agonizando sin morfina, cadáveres sin recoger después de cinco días y muchas caras de pavor. Los sanitarios entraban en las habitaciones vestidos con un mono de buzo y los mayores a veces rompían en llanto por el susto. “¿Por qué no está aquí Antonio, mi amigo del dominó?”, le preguntó un anciano a Aragonés. “Me voy a morir, ¿verdad?”, le dijo otro.

Muchas residencias estaban al borde del precipicio, peor incluso que la información que sus responsables habían dado por teléfono a los inspectores de la Consejería de Políticas Sociales en un excel que había llegado a las manos de Burgueño. Las empresas trataban de cuidar su reputación y el drama de los centros solo iba filtrándose a la prensa por boca de familiares y trabajadores.

Burgueño quería verificar si la información del excel era cierta, para sorpresa de Aragonés, quien no entendía por qué tenían que dedicar su tiempo a labores de auditoría en lugar de ponerse a curar. Solo cuando un paciente precisaba ayuda inmediata hacían una intervención de urgencia en la residencia. Nadie le mostró los protocolos de exclusión del traslado a hospitales, que solo fue conociendo de oídas durante las visitas.

Según le explicó la líder de la operación, debían “mapear” la situación para después elegir centros que transformarían en hospitales geriátricos. Su idea era centralizar la atención en esas residencias cuando llegaran los respiradores, unas máquinas por las que medio mundo peleaba. Pero parecía una quimera pensar en esos recursos de UCI cuando los centros que visitaba Aragonés carecían de lo más básico: bombonas y concentradores de oxígeno, medicinas contra el dolor o sedantes. Aragonés tampoco podía comprar sin receta medicamentos usados contra el virus en los hospitales como los antivirales. El oxígeno que llevaban en sus vehículos se agotó a la semana y no había manera de conseguir más.

“Era como mandar a un incendio forestal, una sola bomba de bomberos. ¿Qué haces cuando se acaba el agua?”, se pregunta hoy Aragonés, reflexionando sobre aquella odisea.

Aragonés salía de casa al amanecer y se iba a dormir alrededor de las tres de la mañana, después de pasar al ordenador los partes con la información de cada geriátrico. Burgueño, sin embargo, no siempre estaba disponible a pesar de que dependían de ella para organizar rutas o para mover hilos cuando las residencias negaban la entrada a los sanitarios de Aragonés, porque no se fiaban de ellos. “Algunos directores temían que fuéramos de la prensa”, dice Aragonés. Burgueño se quedaba a veces dormida y por las tardes se echaba la siesta: “Me he quedado sobá, perdóname”.

En los noticieros de aquellos días se ve a Aragonés y a miembros de su equipo pasando por delante de las cámaras de televisión con sus uniformes de Ambulancias GTM, el otro nombre comercial que usa su empresa. Pidieron a Burgueño repetidamente uniformes con el logo de la Comunidad, pero nunca los proporcionaron.

Tras mucho demandarlo, la líder del operativo les pasó el 30 de marzo el excel para que organizaran mejor las rutas. La tabla muestra el cuadro general aterrador de aquel día, incluyendo el número de fallecidos por centro o sus necesidades. Las carencias eran muchas y tan básicas como la morfina, una reclamación que habían hecho 25 centros.

Todo iba bien para Burgueño el sábado 4 de abril, cuando felicitó en un audio a Aragonés: “Llevamos en torno a 8.700 abueletes vistos. ¿Sabéis lo que es eso? ¿el curro que habéis hecho? En una semana... Flipo colorines. Como sigamos así nos vamos a hacer los reyes y los amos de la gestión sociosanitaria de Madrid comunidad autónoma. ¿Vale? flipo. Sois geniales. Vais a hacer que mi sueño se consiga, que es trabajar en el mundo sociosanitario. Tener mi propia empresa”.

Pero el lunes 6 de abril se desvanecieron los anhelos de la hija del poderoso asesor de Ayuso. A las 15:01, EL PAÍS publicó la noticia sobre Burgueño. Una hora después ésta ordenó parar las máquinas. “Escuchar [sic]. Que no vayan a ningún sitio esta tarde, Eduardo. Ahora te llamo”, le dijo en un audio a Aragonés. Él se quedó colgado esperando en la base de la empresa en Coslada. Esa mañana habían seguido con visitas a residencias que veían por primera vez a un sanitario externo.

Burgueño dejó de responder a los mensajes y llamadas de Aragonés, que le reclamaba el pago. El contrato que Burgueño le había mandado el 25 de marzo, firmado por Mur de Víu, estipulaba que la contraprestación por los servicios prestados y las compras de material se efectuaría en una cuenta bancaria que él había proporcionado. Aragonés le pasó a Burgueño una factura por 16.450 euros que solo incluía las horas de trabajo de sus empleados.

Él siguió trabajando en la crisis porque tenía vehículos y personal de su flota que habían sido contratados por otros clientes, como el grupo de residencias Vitalia, que repartió a sus mayores entre sus cinco residencias de Madrid en función de los síntomas.

Burgueño reapareció el 14 de abril para decirle que Mur de Víu les quería pagar, pero estaba esperando un momento y forma oportunos. “El fuego ha quemado pero no ha quemado tanto. Mur se está defendiendo”, le explica. “Él después de esta crisis se va a ir pero antes nos quiere pagar esto. Mi padre habla con él”, añade. Le dice que Mur de Víu está buscando a un proveedor de confianza para hacer el pago. “Él no puede firmar ningún pago hasta que el consejero hable en la Asamblea”, agregó. “Yo ahora mismo no puedo mandarle mensajes ni hablar con él. Estoy pendiente de que mi padre hable con él”.

Las excusas siguieron. Aragonés se dio cuenta de que no le iban a pagar, sobre todo cuando el 13 de mayo fue destituido Mur de Víu. La presidenta publicó un tuit que elogiaba la tarea de Mur: “Carlos Mur ha hecho un gran trabajo en las residencias de mayores, y es una de las personas que más ha contribuido para frenar la crisis en ellas. Este cambio nada tiene que ver con su trabajo; estamos renovando la Consejería y cuento con él”.

Burgueño quería dar carpetazo. “En teoría estábamos voluntariamente”, le dijo a Aragonés. El gestor de las ambulancias ha denunciado a Burgueño. Por culpa del impago ha entrado en concurso de acreedores, dejando en la estacada a los sanitarios que ha empleado desde hace años. Están necesitados porque viven de contratos para cubrir eventos deportivos o de ocio, actividades aún paralizadas. También dice seguir dispuesto a colaborar en esta crisis sanitaria con Administraciones públicas, pero siempre que sean honestas.

“No lo hago por dinero”, explica Aragonés, sobre su revelación para este periódico. Le mueve buscar justicia para las familias de los fallecidos y para sus trabajadores. “Todo el trabajo que hemos hecho es como si no hubiera existido. Nos hemos dejado la piel, 12 horas diarias pegándonos cara a cara con el covid para que nadie lo valore y solo se prejuzgue lo mal que se ha actuado en las residencias. Pero nadie ha visto esto”. Es cierto. Nadie había visto lo que realmente sucedió en las residencias de Madrid pero poco a poco está saliendo a la luz.

¿Conoces casos de discriminación o irregularidades en una residencia de la Comunidad de Madrid? Contacta con los reporteros de la sección de Madrid fpeinado@elpais.es o jdquesada@elpais.es o mándales un mensaje por Twitter a @FernandoPeinado o @jdquesada

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