La concordia según los Franco: la familia intenta de nuevo burlar la ley para blindar su patrimonio

Están a punto de cumplirse 17 años desde que en un pequeño municipio costero de Galicia se inició la lucha contra el expolio patrimonial que urdió la familia Franco durante la dictadura. En 2007, el gobierno local de Sada (A Coruña), del BNG, reclamó a la Xunta, entonces en manos de la izquierda, que se declarase Bien de Interés Cultural (BIC) el pazo de Meirás que disfrutaban los herederos del dictador y se abriese la finca a los vecinos. Aquel primer paso llegó con críticas del PP de Alberto Núñez Feijóo, entonces en la oposición, pero abrió un melón que desembocó 13 años después en la devolución del predio al erario público. El proceso continúa, aunque avanza lentamente. La siguiente propiedad en el punto de mira es la Casa Cornide de A Coruña. Ya es BIC, pero los Franco, como hicieron con Meirás, siguen empeñados en burlar la ley que les obliga a permitir visitas ciudadanas.

La Casa Cornide es una mansión del siglo XVIII que llegó a ser propiedad pública hasta los años sesenta. Pese a su incuestionable valor, no fue hasta 2021 que la Xunta inició los trámites para declararla BIC. Lo es oficialmente desde el pasado noviembre. La Ley de Patrimonio Cultural de Galicia obliga a que los bienes con esta catalogación se abran al público de forma gratuita al menos cuatro días al mes, algo que los Franco aún no han cumplido. Presentaron alegaciones ante la Administración autonómica esgrimiendo, según explica la Consellería de Cultura, que no tienen por qué hacerlo porque es “la vivienda habitual de uno de los propietarios”. La solicitud fue rechazada por los técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural porque, señalan las mismas fuentes, “el hecho de que la casa esté totalmente vacía no parece coincidir con que sea un domicilio”.

Ante la inconsistencia de la excusa, la Xunta les envió la semana pasada a los Franco un requerimiento por correo ordinario en el que les da un mes de plazo para enviar un programa que ponga en marcha ya las visitas. Esta resistencia del clan repite la estrategia dilatoria que desplegaron sus abogados con el pazo de Meirás. Entonces tardaron casi tres años en permitir la entrada. En el caso de la mansión coruñesa, sus actuales propietarios llegaron a ponerla en venta cuando el Ayuntamiento anunció sus intenciones. El portavoz de la Comisión Aberta en Defensa do Común, la plataforma ciudadana que ha encabezado las movilizaciones para recuperar la Casa Cornide, enmarca los “argumentos ridículos” de la familia del dictador en la “táctica de demorar todo todo lo posible” y reclama “contundencia” a la Xunta. “Tienen que dejar de tratar a los Franco con cariño y privilegios, es un trato de favor incomprensible”, critica Manuel Monge, que no descarta convocar otra protesta frente al palacete con el lema “¡Fuera okupas!”.

El requerimiento de la Xunta coincide con la reactivación del proceso para que la Casa Cornide vuelva a ser patrimonio público. El pleno municipal de A Coruña aprobó este jueves por unanimidad la revisión de oficio de los dos acuerdos plenarios de 1962 que permitieron privatizar el edificio para que acabara en manos de los Franco. La operación que ahora el Ayuntamiento de A Coruña considera fraudulenta se fraguó con la inestimable colaboración de políticos y empresarios locales de la dictadura cuya memoria sigue siendo venerada en democracia con calles y otros honores. Entre ellos, el fundador del Banco Pastor y Unión Fenosa, Pedro Barrié de la Maza, y los exalcaldes Alfonso Molina y Sergio Peñamaría de Llano.

“La Señora la eligió para una de sus residencias privadas”

La Casa Cornide iba a acoger el conservatorio de música de la ciudad. Con esa intención fue comprada por el Ministerio de Educación, pero el plan dio un giro repentino. Se alegó que el edificio no se adaptaba a tal fin y fue traspasado al Ayuntamiento. El gobierno local decidió sacarlo a subasta con dos condiciones: no se podía vender a terceros en una década ni ejecutar obras. El actual ejecutivo local que preside la socialista Inés Rey cree que estas limitaciones pretendían “disuadir a potenciales pujadores”. Finalmente, solo se presentó uno: Barrié de la Maza. El 2 de agosto del 1962 por la mañana se celebra la subasta y solo unas horas después se convoca un pleno que aprueba la adjudicación de la Casa Cornide al fundador del Banco Pastor y Fenosa y, al mismo tiempo, se le libera de la prohibición de vender y reformar.

El actual secretario general del Ayuntamiento coruñés considera que esa sesión fue nula porque no se respetó el plazo legal de dos días de antelación para la convocatoria y esa es una de las vías que utilizará el gobierno local para intentar anular el procedimiento. En el acta de aquel pleno se destapa sin tapujos la operación. Se recoge que Barrié ha anunciado que venderá el edificio a la esposa del dictador, Carmen Polo, y se destaca “el alto honor que significa para nuestra ciudad el hecho de que la Señora elija la misma como sede para una de sus residencias privadas”. Es por esta razón, arguye el acta, que se eliminan los requisitos que se habían fijado para la puja y se da luz verde a la venta. Solo tres días después, Barrié, que había pagado 305.000 pesetas por la mansión, se la traspasa a los Franco por 25.000.

El otro acto administrativo que el Ayuntamiento de A Coruña anulará es el acuerdo plenario del 3 de julio de 1962 que dio el visto bueno a la enajenación de la Casa Cornide. El gobierno de Rey sostiene que en la operación franquista para privatizar la Casa Cornide faltó también un “trámite esencial”. “No existieron actos de desafectación del bien de dominio público. Tenían que ser expresos, no por la vía tácita”, explicó el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, durante el pleno del pasado jueves. “El bien continúa por tanto en dominio público y es imprescriptible”.

Los primeros pasos para anular el procedimiento municipal que entregó la mansión a los Franco cuentan con el apoyo de la oposición local, tanto del PP como del BNG. Los nacionalistas, con todo, critican la lentitud de los socialistas “en armar” la estrategia para conseguir que la familia devuelva el edificio, ya que el informe jurídico que se encargó para buscar la fórmula está listo desde hace más de tres años. El Bloque opina además que estos trámites deben ir acompañados de la presentación de una demanda en los tribunales porque “la vía civil es la única que tendría efectos legales sobre la titularidad” de la propiedad. Sobre el retraso, el gobierno local se escuda en la necesidad de dar “solidez” jurídica a la reclamación: “Durante estos años no hubo inacción, sino un trabajo coordinado también con la Administración General del Estado”.