A Coruña se manifiesta para recuperar Casa Cornide, otro caso del expolio de los Franco en Galicia

En una carta rubricada en 1962, un estrecho colaborador de la familia Franco confiesa la estrategia que han urdido para que un palacete público de A Coruña pase a manos del dictador de forma discreta. Así le describe la operación diseñada en torno a la Casa Cornide a un alto cargo del Ministerio de Hacienda. Se refiere al jefe de Estado como “Su Excelencia” y a su esposa, como “la Señora”:

“Hoy por fin ha terminado el plazo para la subasta de la célebre casa que tanto deseaba Su Excelencia. Hoy también se reúne el pleno [del Ayuntamiento] para adjudicarla a un particular y este venderla a la Señora. Así se lo hemos explicado a Su Excelencia por ser la mejor fórmula, ya que de esta forma no se hace una adjudicación de bienes que fueron del Estado al propio Caudillo. Los señores están encantados porque han logrado el deseo de poder tener una casa en La Coruña, para que cuando tenga que desplazarse la Señora no haya necesidad de abrir el Pazo de Meirás que tantas molestias origina, por lo grande que es esta residencia y el número de criados y servidores que se necesita”.

Todo ocurrió tal y como se describe en esta misiva recogida en el informe elaborado por el historiador Emilio Grandío por encargo del Ayuntamiento de A Coruña. Ese “particular” que ejerció de pantalla en la subasta es el empresario Pedro Barrié de la Maza, fundador del Banco Pastor (hoy absorbido por el Banco Santander) y de la eléctrica Unión Fenosa (adquirida por Naturgy). En la puja pagó 305.000 pesetas por la Casa Cornide, un edificio del Ministerio de Educación que había sido traspasado al Ayuntamiento. Tres días después, se lo vendió a Carmen Polo por solo 25.000 pesetas.

La familia Franco ha disfrutado durante más de seis décadas de este histórico caserón levantado en el siglo XIX en la Ciudad Vieja de A Coruña. En septiembre de 2019, dos meses después de que el Estado llevase a los tribunales la recuperación del pazo de Meirás, la corporación municipal coruñesa aprobó presentar una demanda en los juzgados para revertir la mansión al patrimonio público. La propuesta del BNG fue apoyada por unanimidad por el PSOE, PP, Marea Atlántica y Ciudadanos.

El primer paso que dio el gobierno de la socialista Inés Rey fue encargar un informe histórico y otro jurídico, y solicitar a la Xunta su protección como Bien de Interés Cultural (BIC). Esta última medida fue aprobada el pasado abril y, al haber expirado el plazo para que los Franco recurrieran, es firme desde hace unos días. La reclamación judicial, sin embargo, sigue sin ser presentada. El gobierno municipal asegura que la interpondrá antes de que termine este año y justifica la espera en la necesidad de “reforzarla” con la declaración de la mansión como BIC.

Ahora que el edificio ha recibido esta protección, la familia Franco está obligada por ley a abrir la Casa Cornide al público cuatro días al mes. Su abogado, Luis Felipe Utrera-Molina, hijo de un exministro de la dictadura, no ha contestado a las preguntas de este periódico sobre cuándo cumplirán con esta exigencia legal. Cuando el pazo de Meirás fue declarado BIC en 2008 por una Xunta dirigida por el PSOE y el BNG, los herederos del dictador tardaron casi tres años en permitir las visitas. Tras desbancar a la izquierda en 2009, el Gobierno del actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, accedió a negociar con los entonces propietarios de Meirás y llegó a financiar con fondos públicos la apertura de la finca que perteneció a Emilia Pardo Bazán. En 2017, la Administración gallega tuvo que expedientar a la familia por obstaculizar el derecho de la ciudadanía a recorrer el pazo. El actual Ejecutivo autonómico informa de que ya le ha comunicado a los Franco que deben permitir las visitas a su mansión coruñesa, pero no aclara qué tiempo les dará para que cumplan este requisito teniendo en cuenta los antecedentes y que la norma no fija ningún plazo.

Los atrancos para que la Casa Cornide vuelva a ser de todos los coruñeses han provocado varias protestas en los últimos años. La próxima se celebra este sábado. Está convocada por medio centenar de entidades, entre ellas asociaciones de memoria histórica, sindicatos, colectivos vecinales, todos los partidos políticos menos PSOE y PP (sí la apoyan las Xuventudes Socialistas) y organizaciones culturales. La marcha saldrá de la plaza de María Pita a las 12 horas y, como en otras ocasiones, contará con dos invitados de excepción: Francisco Franco y Carmen Polo, revividos por los actores Fernando Morán e Isabel Risco. Los promotores de la movilización reclaman a la Xunta que obligue a los herederos del dictador a abrir la Casa Cornide a las visitas antes de que acabe este año y al Ayuntamiento, que presente la demanda judicial este mismo mes de noviembre y que retire todas las distinciones a los tres coruñeses que fueron cómplices en la operación.

Y es que las implicaciones del asunto en A Coruña van más allá de la recuperación del edificio. Son tres los prohombres de la dictadura que colaboraron con los Franco en lo que el Ayuntamiento considera una “trama” para la “adquisición fraudulenta” de la Casa Cornide y que aún conservan todos los honores que se les brindaron entonces, desde calles a títulos municipales: el empresario Pedro Barrié de la Maza, que también fue fundamental en la usurpación del pazo de Meirás, y los alcaldes franquistas Alfonso Molina y Sergio Peñamaría de Llano. Todo ello pese a lo establecido en la ley de memoria histórica y en una ciudad que ha sido gobernada por partidos de izquierda en 38 de los 44 años de corporaciones democráticas (32 de ellos con el consistorio presidido por el PSOE). Un informe encargado por el actual ejecutivo socialista avala con fundamentos históricos desde 2020 la retirada de distinciones a estas tres personalidades, pero nunca se ha aplicado. El gobierno local ha eludido explicar por qué.

Manuel Monge, presidente de la asociación Defensa do Común que lidera la movilización, considera fundamental la presión ciudadana para que las administraciones aprieten a los herederos del dictador. “Los Franco siempre lo retrasan todo porque tienen un gran equipo de abogados y mucho dinero”, advierte este activista de la memoria histórica, que ha catalogado en A Coruña 216 elementos símbolos franquistas que sobreviven a la actual legislación, “un auténtico récord y una vergüenza”. Cree que el gobierno local socialista aún no ha presentado la demanda por sus “efectos colaterales”: “Suponen que retirar los honores a Barrié, Molina y Peñamaría de Llano va a tener un coste político muy grande porque va a ser utilizado por el PP. Por eso no se atreven”.

El Ayuntamiento dispone desde 2020 de un informe jurídico, elaborado por la Cátedra de Memoria Histórica de la Universidad de A Coruña, que señala varios agujeros legales en la operación que entregó la Casa Cornide a los Franco. El estudio considera nula la subasta por diversos defectos en su tramitación administrativa y también la compraventa entre el consistorio y Barrié primero, y entre el empresario y Carmen Polo después, por “simulación absoluta”. La familia del dictador puso en venta la mansión en un portal inmobiliario en el verano de 2020 y ahí sigue. Los promotores de la manifestación de este sábado denunciaron poco después que estaban llevándose enseres de su interior. “A lo mejor cuando la recuperemos, quedan allí cuatro sillas”, alerta Monge.