Una paralización cautelar dictada por la justicia golpea en Ourense a la única mina de coltán de Europa

Bajo la aldea gallega de Penouta, de apenas 70 habitantes, abundan los metales raros. Durante todo el siglo pasado, su subsuelo fue explotado para extraer wolframio y estaño y desde 2018, una compañía canadiense obtiene tantalio y niobio, los dos valiosos componentes del coltán. Este rincón del ayuntamiento de Viana do Bolo, en el extremo sureste de la provincia de Ourense, se ha convertido así en la única mina de Europa que produce el llamado oro negro, un material clave para fabricar tecnología. La Xunta autorizó en 2022 una importante ampliación a cielo abierto del yacimiento, pero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha paralizado cautelarmente su actividad tras una denuncia de Ecologistas en Acción que alerta de daños a la Red Natura. La decisión judicial ha puesto en pie de guerra no solo a la empresa afectada y a sus 129 trabajadores, sino también a alcaldes y concejales de PP, PSOE y BNG, y a los sindicatos CC OO y CIG. Unas 200 personas llegadas de esta comarca golpeada por la despoblación se han concentrado este jueves ante la sede del alto tribunal en A Coruña para reclamar a los magistrados que acepten los recursos presentados contra su auto y permitan retomar el trabajo. “Esta mina es la principal fuente de riqueza de la zona y da empleo a muchos jóvenes. Si nos cierran, tendremos que emigrar”, advierte Domingo Sousa, presidente del comité de empresa.

El yacimiento de Penouta empezó a explotarse hace un siglo y en los setenta y ochenta estuvo en manos del grupo Rumasa, la compañía de la familia Ruiz Mateos, que lo abandonó en 1985 sin realizar ningún tipo de restauración ambiental. La zona se hundió social y económicamente y su población se desplomó. Hace cinco años, la compañía Strategic Minerals Europe volvió a poner la mina en funcionamiento extrayendo tantalio y niobio de las 190 hectáreas de escombreras que dejó Rumasa. En marzo de 2022 se amplió plantilla hasta los 129 trabajadores y, con los permisos de la Xunta, se empezó a trabajar en la denominada sección C. Hace solo unos días, un auto del TSXG obligó a parar totalmente la actividad. Los magistrados apelan a los principios de cautela, prevención y precaución del derecho comunitario. “Ante la mera posibilidad de que se produzca un daño irreparable o de muy difícil o incierta reparación -aun adoptando medidas correctoras sobre las zonas protegidas-, debe prevalecer la suspensión de la ejecución de la actividad que puede producir ese riesgo”, esgrimen, “al ser prevalente el interés general en mantener indemnes esos espacios públicos, sobre el particular que tiene la promotora de la explotación minera en ejecutar de forma inmediata el proyecto autorizado, por muy legítimo que sea su derecho”.

Es Ecologistas en Acción quien ha llevado a los tribunales esta mina. Sostiene que su actividad está dañando el Lugar de Interés Comunitario Pena Trevinca, un paraje montañoso al que está pegada debido a que se abrió cuando estas áreas de alto valor ambiental no se protegían. La organización recuerda que en 2020 “la rotura de una balsa de residuos” de Penouta, un incidente que fuentes de la empresa reducen a “la rotura de una tubería”, provocó que los vecinos de Viana do Bolo estuvieran un día sin poder beber del grifo. “Si quieren cambiar empleos por veneno, vale, pero la Red Natura no se puede contaminar”, alega Cristóbal López, portavoz de la asociación denunciante sobre la movilización de vecinos, partidos y sindicatos en defensa de la explotación. López acusa a la empresa de “utilizar a la sociedad civil y a los políticos” en beneficio de su negocio y advierte de que esta comarca es una zona deprimida “por el desastre ambiental que dejó la anterior mina”. “No deberían volver a cometer el mismo error”, defiende el portavoz de Ecologistas en Acción. “El enemigo no somos nosotros. La que pone en riesgo los empleos es la forma de operar de la empresa”.

De esta mina viven 129 familias y compañías auxiliares de la comarca de Viana do Bolo. En la concentración de este jueves ante el Tribunal Superior, los participantes portan pancartas con lemas como “Ecolojetas, la mina no contamina. Mentirosos” o “La minería es vida”. La portavoz que lee el manifiesto defiende que Penouta es “un ejemplo de buenas prácticas mineras”. Juan Carlos López Corbacho, de CCOO, califica de “injusta” la decisión judicial y cree que se ha tomado “de espaldas a la realidad“. “De la noche a la mañana nos dicen que nos quedamos sin trabajo con un auto judicial que es dudoso. Si hubiera contaminación, los trabajadores seríamos los primeros en denunciarlo. No somos enemigos del ecologismo, muchos trabajadores tienen también ganadería y se dedican a la agricultura”, apunta Óscar Núñez, representante del sindicato CIG.

La compañía canadiense Strategic Minerals Europe incide en que la paralización cautelar, decretada “inexplicablemente” más de un año después de que la Xunta aprobase la concesión, “se basa en un riesgo de daño que no existe”, que no se detalla en el auto y que “no se ha probado en la demanda”. La empresa subraya que se trata de un “proyecto estratégico” para Europa, porque extrae metales “clave para las nuevas economías verdes y digitales” y es la única mina en producción de tantalio y niobio del viejo continente. “Su obtención contribuye a la autosuficiencia de España en recursos minerales, reduciendo así la dependencia de las importaciones de terceros países, incluidas las zonas de conflicto”, esgrime la minera.

“Si esto se demora en el tiempo, el daño definitivo es el cierre”, alertó hace unos días el alcalde de A Veiga, Juan Anta (PP), que considera que el impacto de la decisión judicial es “letal” e “irreparable” para la comarca. “Es jurídicamente inexplicable, es un corta y pega de otra mina a una situación absolutamente distinta. No se tiene en cuenta la idiosincrasia local y el daño terrible a la empresa”. El regidor se refiere a que el auto judicial que decretó la paralización cautelar del yacimiento autorizado por la Xunta reitera los argumentos esgrimidos por el TSXG para suspender la actividad en otra mina de Lugo pegada a la Red Natura. En este último caso, los vecinos se han unido a los ecologistas para llevar el yacimiento a los tribunales por su afectación a las explotaciones agroganaderas de las que viven.