Los tribunales enfrían la fiebre eólica en Galicia y mantienen en vilo al sector en toda España

En el entorno de la laguna de Alcaián, en los ayuntamientos coruñeses de Carballo, Coristanco y Santa Comba, la Xunta de Galicia autorizó en 2021 tres parques eólicos con 23 aerogeneradores. Los tres son promovidos por la misma empresa, Greenalia, una compañía gallega que, solo un año antes, había fichado como directiva a la exconsejera de Medio Ambiente Beatriz Mato. Ella, veterana dirigente del PP, conoce bien estos proyectos. Se sentaba en el Consejo de Gobierno de Alberto Núñez Feijóo cuando este decidió declararlos de interés especial para acelerar su puesta en marcha.

La tramitación de molinos en este paraje fue posible porque el departamento que dirigió Mato nunca lo incluyó en la Red Natura, pese a ser candidato a tal protección y a acoger una flor única en el mundo. El plan de Greenalia, sin embargo, se ha ido al traste. Tras las denuncias de organizaciones ecologistas, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado la autorización de dos de estos complejos y su dictamen sobre el tercero, que se prevé irá por el mismo camino, está al caer. El varapalo judicial, pendiente de sendos recursos ante el Tribunal Supremo, ha dejado temblando a todo el sector.

El alto tribunal gallego ha emitido en el último año siete resoluciones contrarias a otros tantos parques eólicos autorizados por la Xunta. Cuatro de ellos han sido paralizados cautelarmente y tres, anulados. Son los primeros sobre los que se pronuncia la justicia de los 78 de nueva construcción a los que el Gobierno gallego ha dado todas sus bendiciones. Las argumentaciones de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso del TSXG para invalidar los permisos señalan ilegalidades en la tramitación administrativa que el sector admite que se repiten en muchos proyectos. Y suponen un revés para uno de los asuntos en los que puso el foco Feijóo como presidente gallego: el diseño de un procedimiento exprés que agilice los proyectos industriales a base de recortar plazos y requisitos.

Los magistrados han tumbado, por ejemplo, la reducción a la mitad del tiempo de exposición pública de la evaluación ambiental (de 30 días a 15) por ser contraria a la normativa europea. También aprecian fragmentaciones artificiales de los proyectos (consideran que los tres parques eólicos de Greenalia son en realidad uno porque comparten infraestructuras) o indicios de daños irreversibles en el patrimonio natural o cultural que no fueron tenidos en cuenta por la Administración.

“Esta situación es inconcebible, hay una inseguridad jurídica terrible”, afirma Manuel Pazo, presidente de la Asociación Eólica de Galicia, que agrupa a las empresas promotoras. Pazo se queja de que la judicialización del sector en Galicia no tiene parangón en España y culpa al movimiento ecologista. “Son asociaciones antieólicas y negacionistas, no ecologistas. Alegan contra todos los parques, no les vale nada, y acabarán presentando contenciosos contra los 78″ nuevos que ha autorizado la Xunta, augura. Greenalia, la empresa de la que es directiva la exconsejera de Medio Ambiente, intentó recusar sin éxito a uno de los magistrados de la sala que resolvió los contenciosos. La promotora alegó que el juez Luis Villares, que fue líder del partido En Marea, había criticado durante su etapa política la legislación eólica, pero el alto tribunal replicó que no existe pérdida de imparcialidad porque él nunca se manifestó sobre esos proyectos en concreto.

El recurso contra los parques eólicos de Greenalia lo interpuso la asociación ecologista Adega, que prevé llevar a los tribunales antes de final de año más de 30 instalaciones a las que el Gobierno gallego ha dado el visto bueno. Los contenciosos se están financiando gracias a una exitosa campaña de crowdfunding. Belén Rodríguez, secretaria ejecutiva de la organización, explica que todos esos complejos comparten un defecto en su tramitación: la Xunta los sometió a exposición pública antes de contar con los informes sectoriales que redactan los técnicos de los organismos implicados. Eso impidió acceder a toda la información a los vecinos afectados y a las entidades conservacionistas o culturales que alegaron en su contra. El TSXG ha dictaminado que esta práctica vulnera la normativa europea.

Pazo, el portavoz de las empresas, opina que las resoluciones judiciales son “una interpretación alegre” de la legislación comunitaria y advierte de que lo que la Administración gallega ha hecho con estos parques eólicos es lo habitual “desde hace 25 años” en Galicia y en el resto de España. De hecho, el sector espera en vilo la sentencia del Supremo que confirmará o no la primera anulación que decretó el TSXG. El fallo resolvió el recurso de varios vecinos contra un complejo eólico de la eléctrica EDP Renovables en Corme (Ponteceso-A Coruña).

La portavoz de Adega ve en la simplificación de trámites que cuestiona la justicia “un recorte de derechos en la participación pública”. “No podemos claudicar con una aceleración [de los parques eólicos] que pone en riesgo la biodiversidad y las condiciones de vida de la población en las zonas rurales”, esgrime Rodríguez. “La transición energética tiene que ser justa y ambientalmente sostenible. Las energías renovables tienen que contar con una planificación y con zonas de exclusión, y deben respetar los derechos fundamentales”.

El Gobierno de Alfonso Rueda intenta ahora evitar más varapalos judiciales a las promotoras eólicas acelerando cambios en la normativa a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos de 2024. El anteproyecto declara todos los parques de “interés público superior” y les da prioridad sobre el medio ambiente, salvo que existan “elementos probatorios suficientes que acrediten” que provocan “efectos adversos importantes” que no puedan compensarse. Además, obliga a “presumir que la evaluación ambiental realizada resulta válida” y, para esquivar las acusaciones de fragmentación artificial, incluye un análisis de los “efectos acumulativos” de las instalaciones de una misma zona que no impide que reciban permisos individuales aunque compartan promotora e infraestructuras. Fuentes de la Consellería de Economía sostienen que estas modificaciones “no suponen ningún tipo de menoscabo en las garantías ambientales que se exigen y ya se exigían”.

Para los ecologistas, este movimiento del Gobierno del PP “es la prueba del nueve de que es una administración alineada con la patronal eólica” y consideran “muy grave” que se aplique con carácter retroactivo. Adega explica que estos cambios los aboca a acudir a los tribunales, pero se muestra confiada en que no impedirán que sus denuncias prosperen porque han reunido “argumentos de prueba suficientes”. “Es una estrategia muy perversa”, subraya Belén Rodríguez, “la Administración da por bien hecho lo que hagan las promotoras y eso supone perder la imparcialidad y abandonar la función pública fiscalizadora de las evaluaciones ambientales”. Fuentes del Gobierno gallego responden que los cambios normativos incluyen “un programa específico de seguimiento” ambiental de los parques eólicos en construcción para “identificar con prontitud los posibles efectos adversos no previstos”.

Tanto la Xunta como las empresas defienden que la prioridad que se otorga a los molinos responde al mandato de la Unión Europea de acelerar las energías renovables y que tarde o temprano deberán hacer lo mismo todas las administraciones. “Es Europa quien dice que la energía está por encima de todo. [Hasta ahora] se estaba considerando el medio ambiente como interés público y la energía no, y eso es absurdo. Si no hay energía, no hay ni industria ni medio ambiente”, aduce su portavoz. Sin embargo, Pazo no tiene claro que las modificaciones legales impulsadas por el Gobierno gallego vayan a evitar la paralización de más proyectos en los tribunales: “Veo difícil que a corto plazo este problema se pueda solucionar. Se necesita una política estatal aparte de la autonómica”.

La avalancha de proyectos presentados por las empresas en los últimos años para explotar el viento gallego y la tramitación exprés impulsada por la Xunta han provocado manifestaciones, colectas vecinales para financiar pleitos y tensiones políticas. Hasta el Consello da Cultura Galega, organismo oficial encargado de defender la cultura y patrimonio de la comunidad, elaboró un informe muy crítico con las facilidades otorgadas a las eólicas. “La manera como se está desarrollando [la energía eólica] resulta negativa para ámbitos de nuestra sociedad como la cultura o incluso la economía, ya que afecta a los paisajes, el medio ambiente y el patrimonio”, concluye el equipo científico que elaboró el documento. La Consellería de Economía, por su parte, responde que las autorizaciones se otorgan tras un “exhaustivo análisis” y destaca que a 59 proyectos no se les dio el visto bueno ambiental.

Galicia cuenta con 183 parques eólicos y una potencia instalada de 3.907 megavatios, un 13% del total del Estado frente al 16% de hace una década. La Asociación Eólica de Galicia presume de que la comunidad tiene el mejor viento de España, con 2.400 horas de producción por molino frente a las 2.000 de la media estatal, pero cree que está perdiendo la carrera frente a territorios como Aragón, Castilla y León, Extremadura o Andalucía. A su juicio, la culpa la tienen los problemas en la tramitación de los parques y un “rechazo social poco racional”.