El Consello da Cultura Galega contabiliza 275 proyectos eólicos en trámite y pide a la Xunta que los pare

No ha sido fácil conseguir los datos ni siquiera para una institución con prestigio en la comunidad como el Consello da Cultura Galega (CCG), que actúa en numerosas ocasiones como órgano consultivo y asesor de la propia Xunta de Galicia. Después de nueve meses de trabajo, el organismo cultural habla de la existencia de 275 parques eólicos en trámite, que si se aprueban sumarán 7.200 megavatios a los 3.867 actuales, correspondientes a las 176 instalaciones que ya funcionan. Toda esta cantidad de aerogeneradores (hoy un 45% más altos y con un 70% más de radio en el área de barrido de sus aspas) alcanzaría 189 municipios, más del 60% del territorio autonómico.

Se trata, advierte el CCG, de “una explosión sin precedentes” que también está recibiendo una contestación social rotunda, como no tuvieron los molinos que se instalaron en el anterior periodo de fuerte crecimiento, entre 1995 y 2009. El mapa que ha preparado el geógrafo que forma parte de la comisión de siete expertos que ha estudiado el fenómeno muestra una Galicia sembrada de aerogeneradores en ciernes: “Estemos donde estemos, veremos un molino”, resume el panorama futuro una trabajadora de la institución. El Consello es tajante y urge al Gobierno de Alberto Núñez Feijóo a frenar todos estos proyectos que están sobre la mesa. Porque la Xunta anunció una moratoria de año y medio, hasta verano de 2023, pero solo para la recepción de nuevas solicitudes.

Si no se echa el freno, explica el informe Energía eólica y paisajes culturales en Galicia —presentado este martes por la presidenta del CCG, Rosario Álvarez, y la coordinadora de la comisión de expertos, Rebeca Blanco-Rotea—, los daños pueden ser “graves o irreversibles”. Para el organismo cultural es necesario adaptar a la nueva situación un plan sectorial que data de 1997, está “obsoleto” y tiene grandes defectos, porque además, en los últimos años, la Xunta aprobó normativas para reactivar la industria que, en la práctica, sirven de coladero a las empresas eólicas. Las modificaciones legislativas comenzaron en febrero de 2017 y supusieron, recuerda el Consello, “la llegada a Galicia de la liberalización de la promoción de energía eólica: Con la eliminación de las convocatorias anuales como mecanismo de asignación de potencia y con la flexibilización de las condiciones para adquirir la declaración de utilidad pública”.

En 2018, un cambio legal redujo a la mitad los plazos de exposición pública para las iniciativas empresariales “prioritarias”; y en 2021, en pleno remonte de la pandemia, se acordó otra simplificación administrativa “de apoyo a la reactivación”. Esta última medida permite en la práctica la implantación de parques fuera de las áreas incluidas en el plan sectorial: “Desde este momento, todas las tierras rústicas sobre las que no exista figura de protección ambiental podrán albergar parques”, dice el informe del CCG. Esa es, precisamente, la Galicia de los castros, los petroglifos y los monumentos megalíticos sin catalogar.

“Un bum sin parangón”

Esto ha propiciado, según el jurista del equipo, Carlos Amoedo, que lo que está sucediendo en Galicia no tenga “parangón” en otras comunidades españolas. El “bum eólico” gallego es “realmente notable” y en estos meses de estudio el CCG solo detectó una situación parecida “en Asturias y Castilla y León”. Estas son, explica el experto, las tres autonomías “a la cabeza de España”. Y mientras tanto, critica el informe, las cifras oficiales bailan en cuestión de meses y es “imposible acceder a una información” completa “en las páginas de la Xunta”. Amoedo asegura que el Ministerio para la Transición Ecológica, encargado de tramitar los parques de más de 50 megavatios (35 en trámite desde 2017 hasta 2021), es “más transparente” que la Administración autonómica. En la actualidad, recoge además el documento, “no existe ningún parque autorizado por el Gobierno de España. Todos los que están en funcionamiento, lo fueron por el Gobierno gallego”.

Para la institución cultural, que en esta ocasión no ha investigado a petición de la Xunta, sino por propia iniciativa —después de recibir “una lluvia” solicitudes de Ayuntamientos, colectivos sociales e incluso empresas de productos ecológicos—, antes de conceder ninguna nueva autorización urge revisar el plan sectorial eólico y someterlo a evaluación ambiental estratégica. Porque no está adaptado a los objetivos establecidos en las directrices del paisaje aprobadas por la Xunta, que entraron en vigor en febrero de este año, ni a la Ley 5/2016, de patrimonio cultural de Galicia.

Desde 2011, además, se encuentra paralizada la ampliación de la Red Natura, con numerosos territorios susceptibles de protección que ahora están desamparados ante el aluvión de solicitudes eólicas. Solo el 12% de Galicia cuenta con esta figura de protección, frente al 27% de la media estatal, y a pesar de esto, según el Consello, en Galicia “es algo muy extendido que los parques eólicos y sus infraestructuras ocupen ecosistemas protegidos por la Red Natura 2000″. En concreto, el informe señala que “las áreas de desarrollo eólico ocupan 107.000 de las casi 320.000 hectáreas” supuestamente blindadas en la comunidad, con una potencia total de 1.200 megavatios.

Despiece de parques para sortear trámites

El equipo que también integra el economista Xavier Simón “valora positivamente la implantación de energía renovable”, pero avisa de que “la manera en que se está desarrollando es negativa” incluso “para la economía” porque “afecta a los paisajes, al medio ambiente y al patrimonio”. “La instalación de parques eólicos supera la capacidad de carga del sistema natural, rompe con la imagen del paisaje tradicional y con la memoria colectiva de sus habitantes”, alerta Blanco-Rotea. Con esto, “va en contra de la normativa autonómica, española y europea” y hasta se “elimina el informe preceptivo de la Dirección General de Patrimonio Cultural” de la Xunta.

El equipo habla de “pecados capitales” de la normativa y destapa los trucos de las empresas para sortear los obstáculos de la declaración de impacto y el resto de trámites. La estrategia industrial consiste, sobre todo, en “fragmentar” los parques. Con esta “práctica irregular”, comenta Amoedo, se consigue que sean de menos de 50 megavatios y la tramitación caiga en manos de la Xunta en lugar de en el Ministerio de Transición Ecológica. Además de “dividir en dos, tres o más un parque enorme”, la arquitecta Teresa Nieto explica que otro tipo de “fraccionamiento” frecuente consiste en someter los distintos elementos que conforman un mismo parque (aerogeneradores, línea de evacuación de energía y accesos) a distintas evaluaciones de impacto. De esta manera, aunque “todos forman parte de la misma infraestructura, no se tiene en cuenta el impacto real en su conjunto”.