Lecciones aprendidas de Sierra Boyera: “No queremos una bolsa llena de promesas”

El 15 de febrero de 2022, una carta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir advertía a la empresa que gestiona el abastecimiento de agua de la provincia de Córdoba, Emproacsa, dependiente de la Diputación, de que era “completamente necesario reforzar las garantías de abastecimiento que es muy insuficiente con la capacidad que tiene el embalse de Sierra Boyera”, que surte de agua a los 80.000 habitantes de los valles de Los Pedroches y El Guadiato. El 9 de abril de 2023, un año y dos meses después, se certificaba que la sequía había secado del todo ese pantano, el primero en agotar sus reservas de toda España. Ocho días después, la Junta de Andalucía prohibía a sus vecinos el agua de boca, bombeada de urgencia desde el embalse cercano de La Colada, por su alta contaminación. El lunes 22 de abril, tras 370 días, un escueto tuit del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, anunciaba que los 23 municipios y 17 aldeas afectadas podían volver a beber del grifo con normalidad.

Esta cronología evidencia la pasividad de las Administraciones para anticiparse a un problema anunciado y la incapacidad para encontrar soluciones rápidas a la crisis del agua. Si en la sierra norte de Córdoba se puede volver a beber después de más de un año acarreando garrafas desde los camiones cisterna que aparcaban en las plazas de los pueblos, no ha sido porque las obras de urgencia anunciadas por las instituciones hayan finalizado, sino por lo que sus vecinos llaman con ironía resignada “el milagro de la lluvia”. Las precipitaciones del mes de marzo han hecho que Sierra Boyera esté por encima del 70% de su capacidad y es su agua y no la que todavía sigue contaminada con carbono orgánico total (COT) de La Colada, la que surte a sus 80.000 vecinos.

“En la solución no tienen nada que ver ni las actuaciones de la Diputación para limpiar el agua de La Colada, que ya son inútiles, ni las de la Junta. Esto lo ha resuelto la lluvia, si no seguiríamos igual”, señala Miguel Aparicio, portavoz de la plataforma ciudadana Unidos por el Agua que se constituyó en agosto del año pasado para exigir soluciones al problema del abastecimiento que se vivía en las comarcas, ante la pasividad y la desunión de las administraciones competentes, pendientes de responsabilizarse entre sí.

Daría Romero, presidenta del Centro de Iniciativas Empresariales y Turísticas de Los Pedroches y una veterana activista de todos los movimientos ciudadanos de la comarca , achaca buena parte del fracaso de la acción política a la “polarización”. “El hecho de que los distintos municipios afectados, la Diputación, la Junta y el Gobierno central sean de distinto signo político ha afectado sobre todo en la rapidez de buscar soluciones, porque, evidentemente, que no se haya hecho nada antes es responsabilidad de las instituciones que gobernaban entonces”, opina. Una polarización que también se ha sentido a la hora de movilizar a los vecinos: “Antes, cuando había un problema que nos afectaba a todos, todos nos implicábamos, ahora la gente tiene miedo a señalarse”, advierte.

El alcalde de Pozoblanco (17.102 habitantes) y presidente de la mancomunidad de Los Pedroches, el popular Santiago Cabello, reconoce que “ha habido discrepancias políticas” entre los municipios de la zona, lo que ha impedido que todos pudieran hacer un frente común ante la crisis de la falta del agua. “Tenemos que aprender la lección, la falta de planificación de todas las administraciones”, reconoce, aunque señala al Gobierno central al que reprocha que no se haya realizado la unión entre Sierra Boyera y el pantano de Puente Nuevo, una obra que se eliminó del actual Plan Hidrográfico del Guadalquivir y que también reclama la Plataforma Unidos por el Agua para garantizar el abastecimiento en el futuro. Esa y la conexión con el embalse del Zújar, del que les corresponde el 5%. “Son obras que llevan su tiempo, que tienen que incluirse en un plan, pero hay que reclamarlas ya”, incide Romero.

“Nadie tomó en cuenta la advertencia de la Confederación”, puntualiza Romero, en referencia a la carta de febrero de 2022. El 20 de septiembre de ese año, el Gobierno central, a través de la Confederación del Guadiana, de quien depende el embalse de La Colada, ordenó realizar de urgencia la conexión entre ese pantano y el de Sierra Boyera. Esa unión, cuya competencia correspondía a la Junta, ya se encontraba ejecutada en más del 90%, pero en 2009 se decidió paralizar su finalización. La conexión provisional entró en funcionamiento el 24 de marzo de 2023, mientras que la Diputación de Córdoba asumió el bombeo con grupos electrógenos hasta la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) situada en Sierra Boyera.

El apremio por abastecer a los vecinos pudo más que la constatación de que, ya en 2022, se había prohibido el baño en la Colada por el mal estado de sus aguas. Al haberse paralizado la conexión con Sierra Boyera, en los últimos 18 años este embalse se limitó a recibir las aguas residuales y con una depuración inexistente o deficitaria de los municipios vecinos, y los productos orgánicos de la ganadería de la comarca. Los altos niveles de COT analizadosobligaron el 17 de abril de 2023 a prohibir el agua de boca que ya habían estado bebiendo los vecinos durante una semana.

La Diputación, que pasó en junio de ese año del PSOE al PP, abandonó la idea de construir una potabilizadora de última generación y el 28 de septiembre, junto con la Junta, anunciaba un plan de choque de cuatro millones para limpiar La Colada consistente en aplicar ultrasonidos para eliminar los residuos orgánicos y las algas, tratar el agua con dióxido de carbono -una actuación que entró en funcionamiento el 1 de mayo, una semana y media después de que se autorizara el agua de boca- y realizar actuaciones en la ETAP como cubrir los recintos para evitar la proliferación de algas para aplicar luego un sistema de flotación para acabar con las que pudieran persistir. “Es dinero que se ha ido a la basura, porque mientras se sigan vertiendo residuos, los restos orgánicos continuarán”, indica Aparicio. En noviembre, siete meses después de ordenar la prohibición de beber agua del grifo, la Junta licitaba de urgencia por 11 millones de euros la conexión definitiva entre ambos embalses.

“Esto no hubiera pasado en la Costa del Sol”

Ninguna de estas obras ha finalizado todavía. Solo la lluvia ha permitido que se pueda beber, aunque los cordobeses aún se muestran reticentes a hacerlo. “Nos han mareado con esto del agua. Es vergonzoso lo que hemos tenido que pasar”, se queja Manuel Calero, un jubilado de Pozoblanco a quien el servicio de voluntarios del municipio le ha abastecido de garrafas todo este año. Está en el mercado y ha comprado unas magdalenas en el puesto de ultramarinos que regenta Antonio Jiménez. Uno de sus productos estrella son las garrafas de agua que siguen a la vista frente al mostrador. “Hemos vendido mucho más de lo normal estos meses y los clientes han seguido comprándolas esta semana. Seguimos reacios a consumir la que sale del grifo”, cuenta.

En el cercano Bar de Laura han hecho acopio de las garrafas que rellenaban en la cisterna para dos semanas más. “No nos fiamos de lo que dicen los políticos, por las cañerías ha pasado mucha mierda”, dice Luis detrás de la barra. La hostelería y el turismo rural han sufrido la falta de agua. “Las reservas se han resentido, porque cuando le cuentas a un turista que no puede beber o lavarse los dientes, se lo piensa”, señala Romero. Aparicio reconoce que la casa rural que regenta con su pareja lleva seis meses sin alquilarse.

El sentimiento generalizado de todos los vecinos es el de abandono por parte de las Administraciones. “Si esto hubiera sido la Costa del Sol no hubiera llegado a ocurrir nunca”, abunda Romero. . “Allí plantearon obras faraónicas, pero aquí se han buscado medidas alternativas más baratas, en lugar de invertir en una potabilizadora de última generación”, se lamenta Aparicio.

La potabilizadora es una de las obras hidráulicas pendientes que el alcalde de Pozoblanco insiste en que no se deben abandonar, como tampoco la construcción de las EDAR en los municipios de la mancomunidad. Hay 33 pendientes, entre ellas la de su localidad, que está previsto que termine en unos tres años y que garantizará la depuración de las aguas de sus 17.0000 vecinos (actualmente solo tiene capacidad para 5.000).

La normalidad se recupera en los municipios del norte cordobés y también en Sierra Boyera. El embalse casi rebosante sorprende a quien se ha acostumbrado a ver solo un fondo de barro horadado y seco. La Plataforma va a estar vigilante. “Esto va a volver a pasar y los políticos ya deberían estar reunidos buscando soluciones. Cuando vuelva otra sequía no queremos una bolsa llena de promesas”, abunda Aparicio.

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