La izquierda sigue sin lograr el decisivo apoyo de Junts a 24 horas de la constitución de las Cortes

Con la presidencia del Congreso en el aire, a 24 horas de la constitución de las Cortes, el PSOE lanzó este martes su candidatura con un perfil claramente destinado a granjearse el apoyo independentista. Los socialistas presentan para dirigir la Cámara a Francina Armengol, de 52 años, hasta el pasado mayo presidenta de Baleares, donde gobernó en coalición con grupos nacionalistas. El movimiento de los socialistas se produce en una situación delicada para el Gobierno en funciones, cuyas negociaciones con Junts no avanzan, con la amenaza de que el partido de Carles Puigdemont no se sume al frente para impedir que la derecha se haga con la Mesa del Congreso en la sesión constitutiva de este jueves. Las demandas independentistas de una amnistía para los implicados en causas relacionadas con el procés siguen bloqueando las negociaciones.

Difícilmente podría encontrar el PSOE un nombre más del agrado del independentismo catalán que el de Armengol. Ocho años presidenta de Baleares, tuvo entre sus socios de gobierno a la coalición Més, en la que participa la sucursal isleña de ERC. Armengol mantuvo además cordiales relaciones con el Gobierno de Carles Puigdemont antes de la insurgencia independentista de 2017. Fuentes de la dirección de ERC mostraron su satisfacción con la candidata socialista, que, antes incluso de hacerse pública, había recibido también el respaldo público de Sumar. “Es una persona con la que se puede trabajar muy bien desde el punto de vista de la izquierda”, declaró su diputado Enrique Santiago, secretario general del PCE. “Ha dirigido dos gobiernos plurales en Baleares, con Podemos e IU, y siempre ha sabido dar dinámica de trabajo plural”.

Con Armengol en la ecuación, el independentismo se verá en la tesitura de votar a una candidata muy bien vista en esos círculos, que impulsó la lengua catalana en sus ocho años de gobierno en las islas, o mantener sus demandas máximas y abrir el camino a que el PP se haga con la presidencia del Congreso. Pero, de momento, ni ERC ni Junts consideran que el perfil de la mujer elegida por el PSOE es suficiente para desbloquear las negociaciones sobre la Mesa de la Cámara, un órgano decisivo a fin de controlar los tiempos parlamentarios y los asuntos a debate.

Ahora mismo, hay un empate teórico en la votación para elegir la presidencia del Congreso, tercera autoridad del Estado. El PSOE, Sumar y sus aliados de la última legislatura —contando ERC, EH Bildu, PNV y BNG— reúnen 171 votos, los mismos que PP, Vox y UPN. Si Junts no apoya a Armengol, la decisión la decantaría la única diputada de Coalición Canaria, que mantiene un hermetismo total y que en el archipiélago gobierna con los populares.

Junts ha arrastrado a los socialistas a donde no querían, a entrar en una negociación política que va más allá de las cuestiones de organización del Congreso y que Pedro Sánchez planeaba aplazar para el momento posterior en que se abordase su posible investidura. El partido de Puigdemont, según fuentes próximas a las negociaciones, exige garantías de que se va a poner en marcha un procedimiento legal para aliviar la situación de decenas de dirigentes y activistas del independentismo con causas judiciales pendientes en relación con el procés.

En el PSOE han surgido voces dispuestas a estudiar alguna fórmula equivalente a una amnistía, al amparo de las opiniones de algunos prestigiosos juristas que creen que una medida así no incumple la Constitución. Pero los socialistas no aceptan ahora los términos y los tiempos que exige Junts, según las fuentes consultadas. El hecho de que la última palabra la tenga el expresident huido en Bruselas dificulta más la búsqueda de una salida. El PSOE negocia con los dirigentes oficiales de Junts, mientras algunos de sus socios y aliados sondean discretamente al entorno de Puigdemont.

La postura de Junts ha endurecido a ERC, que en principio se conformaba con las ofertas del Ejecutivo en funciones de garantizarle un grupo parlamentario en el Congreso y la presidencia de alguna comisión. Ahora la formación de Oriol Junqueras ha presentado reivindicaciones más ambiciosas y de mayor calado político, aunque en su caso se siguen ciñendo a lo que son competencias estrictas de la Mesa de la Cámara. ERC pide una comisión de investigación sobre el supuesto espionaje a independentistas, que se introduzcan las lenguas cooficiales en el Congreso y que no se bloquee el debate sobre una ley de amnistía. En la pasada legislatura los independentistas presentaron una propuesta en ese sentido, pero la Mesa no la admitió a trámite atendiendo un informe de los letrados de la Cámara, que consideraron que el contenido de la iniciativa sobrepasaba los límites de la Constitución. Esa es la opinión de muchos juristas, pero también las hay contrarias, como la del hasta hace poco vicepresidente del Tribunal Constitucional, Juan Antonio Xiol.

El socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, también ha intensificado en los últimos días los gestos hacia los nacionalistas periféricos. Su líder, Yolanda Díaz, ya anunció días atrás que presentará una propuesta para introducir en el Congreso el uso de las lenguas cooficiales, hasta ahora restringidas al Senado. Este martes, dos destacados dirigentes, Enrique Santiago y Gerardo Pisarello, abogaron públicamente por el perdón a los independentistas con causas pendientes. Pisarello, secretario del Congreso la pasada legislatura y de nuevo candidato a la Mesa, publicó un artículo en eldiario.es con el título “Por un olvido penal que ayude a desbloquear el futuro”. Pisarello explica que no aspira a que “los viejos problemas se esfumen de la noche al día por arte de magia” pero sí a superar “agravios enquistados” para conseguir una “convivencia más libre y más justa”.