El juez de Barcelona que investiga a Puigdemont por la trama rusa del ‘procés’ le deniega la amnistía y eleva el caso al Supremo

Joaquín Aguirre, el juez de Barcelona que investiga la supuesta trama rusa vinculada al procés independentista catalán, descarta que los encausados puedan beneficiarse de la ley de amnistía porque sobre ellos pesa un presunto delito de alta traición. En este caso está siendo investigado Carles Puigdemont y el también diputado de Junts per Catalunya Francesc de Dalmases y, atendiendo a su condición de aforados, el juez ha elevado el caso al Tribunal Supremo, según ha adelantado este martes el diario Abc. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha denunciado que se trata de una “persecución” y que “la cúpula judicial tiene secuestrada la democracia”. En declaraciones a Rac1, Turull ha subrayado, en todo caso, que nada altera el plan de Puigdemont, que ha asumido el compromiso de regresar a Cataluña cuando haya un debate de investidura en el Parlament, con independencia de que sea él o no el candidato.

Laura Borràs, presidenta de Junts, ha reaccionado públicamente a las consideraciones del juez Aguirre sobre la ley de amnistía. “Hay jueces que son justicieros”, ha manifestado Borràs, que en marzo del año pasado fue condenada a 4 años y medio de cárcel por trocear contratos públicos para beneficiar a un conocido suyo. Borràs ha reprochado el asedio judicial, “fijación perenne”, según ella, sobre Puigdemont y el diputado Dalmases, “a quien ahora Aguirre envia al Tribunal Supremo”, ha dicho en un mensaje en la red X.

La Audiencia de Barcelona ordenó el mes pasado al juez Joaquín Aguirre concluir ya la instrucción de la llamada trama rusa del procés, un caso en el que se investigan las supuestas maniobras del entorno del expresident Carles Puigdemont para lograr el apoyo de Rusia a la independencia de Cataluña. La Audiencia consideró que la última prórroga dictada por el instructor no se ajustaba a Derecho y que, por tanto, la investigación debía concluirse con los elementos recabados hasta entonces, sin seguir buscando más. Pero el magistrado abrió entonces una nueva pieza separada por un presunta traición, un delito que, en algunos supuestos, queda excluido de la ley de amnistía.

Con esa base, el juez deniega a los investigados la aplicación de la amnistía. Esgrime que los delitos que puede englobar el caso —alta traición, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal— escapan a la previsión de la ley. Ahora deberá ser el Tribunal Supremo quien decida cómo evoluciona la causa.

Hace tres semanas, cuando abrió la pieza separada, Aguirre ordenó elevar una exposición razonada para que el tribunal competente dictaminase sobre las dos personas que tienen condición de aforadas: Carles Puigdemont, huido de la justicia desde 2017, y el diputado de Junts Francesc de Dalmases. Otras 11 personas tienen ya la condición de investigadas, también por malversación y traición. Además del expresidente de la Generalitat Artur Mas, hay sobre todo personas del círculo de confianza de Puigdemont: su abogado, Gonzalo Boye; su asesor Josep Lluís Alay; el ex responsable de relaciones internacionales de CDC, Víctor Terradellas; o la exmiembro del Govern Elsa Artadi.

La lista la completan empresarios, activistas y periodistas que supuestamente conocían o participaron en encuentros entre el Ejecutivo catalán y personas cercanas al Gobierno ruso, siempre según la tesis del juez. Entre estos últimos se cuenta Carles Porta, responsable de Crims, programa estrella en Cataluña.