La gestión de la violencia callejera agrava la inestabilidad en Cataluña

Cataluña vivió este domingo la sexta noche de protestas a favor del rapero Pablo Hasél, que han ido acompañadas de destrozos de mobiliario urbano, enfrentamientos con la policía y saqueo de tiendas. El Govern ha modificado su discurso y ahora las califica de “puro vandalismo”, según el titular de Interior, Miquel Sàmper (Junts). La gestión de la deriva violenta llega en el interregno de un Ejecutivo en funciones y de las negociaciones para el nuevo, donde la CUP, que pide la dimisión de Sàmper, tiene la llave. El conseller confesó sentirse “muy solo” en la crisis. La patronal catalana ve a los políticos “abdicando” de sus deberes.

Foment del Treball celebró este domingo una reunión de urgencia en la que censuró duramente a la administración —sobre todo a la Generalitat— y respaldó el trabajo de los Mossos y otros cuerpos de seguridad. En su comunicado, el segundo en cuatro días, la patronal catalana critica a “los irresponsables que cierran los ojos como si entendieran que no es obligación del Govern en funciones velar por los bienes públicos y privados”.

El impacto que han generado las imágenes de decenas de personas que entraban en tiendas y huían hasta con los maniquís obligó al Govern a cambiar de discurso. “Al principio era evidente que era un acto de protesta por la libertad de expresión, pero se ha producido una evolución a actos de puro vandalismo”, argumentó este domingo Sàmper durante una entrevista en TV-3. Esa frase ponía fin a una política cercana a la simpatía con las manifestaciones que comenzaron el pasado martes, tras la detención de Pablo Hasél para cumplir una condena a nueve meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo. El independentismo ve en el rapero otro caso de la “represión” del Estado.

Las manifestaciones, que han dejado más de un centenar de detenidos, no han sido masivas si se comparan, por ejemplo, con las posteriores a la sentencia del juicio del procés. Pero sí dejan ver que el malestar es transversal y no se circunscribe únicamente al independentismo o a Cataluña. El socialista Salvador Illa, ganador del 14-F, aceptó este domingo que hay un “espacio de mejora” en la tipificación de los delitos relacionados con la libertad de expresión y recordó el compromiso para modificarlos.

La detención del músico, de 32 años, después de atrincherarse en la Universidad de Lleida, llegó en un momento de alta tensión política en Cataluña. A la incertidumbre de las negociaciones entre ERC y Junts para reeditar el actual Govern —con un largo historial de desencuentros y con la CUP con la llave para asegurar la mayoría— se une un ambiente marcado por las consecuencias sociales y económicas de la pandemia.

Ese mismo martes, una joven de 19 años que participaba en la manifestación de la capital catalana perdió el ojo por un proyectil de foam lanzado por los antidisturbios. La CUP no tardó en pedir la dimisión de Sàmper. La división interna en sus filas sobre si había que entrar en el futuro Govern quedó en un segundo plano después de que el rol de la policía se convirtiera en moneda de negociación. Gran parte de los partidos de izquierda en Cataluña, pero sobre todo los anticapitalistas, han hecho bandera de sus críticas al modelo de seguridad, que creen que arrincona la mediación para centrarse en el papel de los antidisturbios. “Las conversaciones está totalmente condicionadas a cambios claros en este terreno”, anunció la CUP.

Las prisas de ERC para cerrar un pacto terminaron chocando con una piedra que nadie imaginó. Junts calificó de “inaceptable” la respuesta policial y pidió no dejar “impunes” los supuestos excesos de algunos agentes. Laura Borràs ya había criticado a los Mossos en campaña por la manera de gestionar la seguridad durante los actos de Vox. Un fotoperiodista denunció que un agente había disparado una bala de salva contra él. El pasado jueves, el propio Sàmper abogó por “una reforma urgente e inaplazable” del modelo de seguridad ciudadana.

El cuerpo se tomó esa declaración como una desautorización, algo que nunca había ocurrido en la Generalitat. “La soledad del consejero de Interior es enorme”, ha confesado este domingo Sàmper en una entrevista en RAC-1 en la que afeó la falta de contundencia de “todas las fuerzas políticas y sociales” en la condena de la violencia. Interior y los sindicatos limaron asperezas en una reunión de dos horas donde los agentes criticaron el “abandono de parte del sector político”.

El silencio de Aragonès

Pere Aragonès guarda silencio desde el pasado viernes, cuando aprovechó un acto de partido y otro de la Generalitat para hacer un equilibrio entre su condición de president en funciones (sin capacidad, por ejemplo, de cesar consejeros) y líder de una mayoría independentista urgido de cerrar un pacto. “Una eventual mala actuación individual no puede manchar la tarea de un cuerpo cuyos 17.000 agentes trabajan para proteger la seguridad y los derechos y libertades de toda la ciudadanía”, dijo respecto a casos de posible mala praxis. En su equipo aseguran que sigue toda la situación de cerca. El sábado, en un comunicado, ERC abogó de nuevo por un cambio en el modelo policial, algo que hizo cuando el exconsejero Miquel Buch y el expresident Quim Torra chocaron por la respuesta policial a manifestaciones secesionistas.

Sàmper negó este domingo que haya un cambio de posición en el Govern y recordó que desde hace tiempo los Mossos trabajan de manera interna en una revisión de su modelo. El consejero mostró sus reticencias a que ese debate se realice en la mesa de negociaciones del futuro Govern y se lleve a cabo en el Parlament.

Torra y el diputado electo por Junts Joan Canadell criticaron la manera como se dispersó a unos manifestantes en el barrio de Gràcia, en la noche del sábado. “El país que ambiciono no tiene una BRIMO [Brigada Móvil, antidisturbios] como la que tenemos ahora”, tuiteó el expresidente de la Cámara de Comercio. Sàmper dijo no tener todos los detalles pero vio proporcional la intervención. “El orden público nunca agrada, en ningún caso”, sostuvo.

Illa apoya “sin titubeos” la labor de los Mossos

PSC, Ciudadanos y PP manifestaron este domingo su rechazo a los saqueos y daños del mobiliario urbano durante las manifestaciones de estos días y mostraron su apoyo a los Mossos d’Esquadra. En una comparecencia ante los medios, este domingo en Barcelona, el socialista Salvador Illa defendió la actuación de la policía catalana “ante el silencio y el titubeo de los que deberían haber hablado mucho antes”.

“Quien no defienda a los Mossos d’Esquadra, es decir, la seguridad, la convivencia y el orden público en Cataluña queda inhabilitado, desde mi punto de vista, para gobernar este país”, añadió el ganador de las elecciones del 14-F, en una referencia velada al líder de ERC, Pere Aragonès.

Los líderes nacionales del PP y Ciudadanos, Pablo Casado e Inés Arrimadas, respectivamente, también lanzaron mensajes de apoyo a los uniformados. El popular pidió al Gobierno que cese “a los ministros que justifican la kale borroka”. Arrimadas aprovechó para acusar al presidente, Pedro Sánchez, de mirar hacia otro lado.

El ataque a la fachada del Palau de la Música el pasado sábado generó gran indignación. La entidad cultural había firmado un manifiesto junto a otras instituciones como el Liceu precisamente a favor de la libertad de expresión a raíz de la detención de Pablo Hasél. El líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, mencionó el incidente para criticar los destrozos. “¿Alguna diferencia con los talibanes que destruyen estatuas y obras de arte?”, tuiteó.

Nacho Martín Blanco, de Cs, criticó al rapero, un “delincuente”, señaló, con condenas por amenazas a periodistas y coacciones a testigos judiciales. El diputado electo fue increpado por algunos transeúntes cuando atendía a la prensa.