Los fugados hacen campaña a distancia

Cada día, desde el inicio de la campaña catalana el pasado 28 de enero, Carles Puigdemont se adentra en una estancia de su residencia de 550 metros cuadrados en Waterloo (Bélgica), se coloca delante de un escenario de tonos turquesas con el emblema del partido que preside, Junts per Catalunya, y, flanqueado por dos banderas, una catalana y otra europea, se dirige por videoconferencia al público que está a más de 1.000 kilómetros de allí: “Buenas noches, Badalona”, “buenas noches Tortosa”, “buenas noches Mataró”… Cada jornada, un mitin. Cada mitin, promesas de independencia. Pero nada novedoso en el fondo: el expresidente de la Generalitat, instalado en Bélgica desde hace tres años y tres meses, y reclamado por la justicia española por capitanear el gobierno catalán que organizó el referéndum ilegal en 2017, puede ser considerado un precursor de las elecciones telemáticas.

Él y el resto de políticos catalanes que escaparon a Bélgica llevan, desde que cruzaron los Pirineos, organizando actos electorales, campañas y alumbrando partidos por videoconferencia. Como dice un eurodiputado con el que coincide Puigdemont en los pasillos del Parlamento Europeo: “Ellos ya vivían en la pandemia antes de la pandemia, políticamente hablando”.

Esta campaña covid de Cataluña, lastrada por la escasa presencialidad y los mítines descafeinados, se juega en Youtube, en Twitter, en Instagram, con emisiones en directo y triangulaciones tecnológicamente complejas entre varios lugares. “Estimado president, buenas noches”, saludaba el pasado martes a Puigdemont la candidata de Junts a la presidencia de la Generalitat, Laura Borràs. Ella estaba conectada desde Madrid al mitin de Terrassa, desde donde a su vez conectaban con Waterloo, mientras el público seguía la conversación en la pantalla partida, como una partida de pimpón. “En estos momentos estamos divididos…”, lamentaba Borràs, con pausa dramática. “Pero juntos. Juntos por Cataluña”.

El día a día de Puigdemont

Puigdemont, que recogió el acta de eurodiputado en enero de 2020 y se dio su último gran baño de masas con unas 100.000 personas en Perpiñán (Francia) el 29 de febrero de 2020 durante la puesta de largo del llamado Consell per la República, al borde ya de la pandemia, lidera la lista de Junts por Barcelona. Su presencia, sin embargo, resulta simbólica: ha renunciado a una posible investidura y asegura que ni siquiera tiene intención de formar parte del parlamento catalán. Participa a diario en las reuniones del gabinete de campaña, donde comparte liderazgo con otras figuras como Borràs y Elsa Artadi, pero elude la presencia en los medios. En los ocho primeros días de campaña solo ha concedido una entrevista. La estrategia es cederle el protagonismo a la candidata. Él interviene el penúltimo en las citas electorales, para poder presentar, tras su discurso telemático, “a la próxima presidenta de Cataluña”.

El expresident, que tiene el DNI caducado y que sería inmediatamente detenido si pusiera un pie en España, optará el 14-F por un voto simbólico: una portavoz de su despacho explicó que un ciudadano que no pensaba participar cederá su voto a Puigdemont, una fórmula que ya utilizó en otras elecciones, informa Camilo S. Baquero.

El coronavirus ha detenido también el frenesí viajero del político catalán, su ansia por llevar el discurso independentista a las capitales europeas (hasta 2020 visitó Berlín, Londres, Ginebra, Dublín, Helsinki…), los centenares de visitas a la llamada Casa de la República de Waterloo (“el camarote de los hermanos Marx”, la denomina un exconsejero catalán, según recoge el libro biográfico de Puigdemont La lucha en el exilio). Y de algún modo ha hecho que su paso por el Parlamento Europeo no surta los efectos deseados: casi todo debate ha sido arrollado y sepultado por la pandemia.

El ‘cuartel general’ de Waterloo

Bélgica, en cualquier caso, sigue siendo un punto neurálgico de los comicios y la residencia de Waterloo una especie de cuartel general. Pero en este país no solo se paren estrategias y programas. Aquí quedan, aparte de Puigdemont, otros cuatro políticos catalanes destituidos por el artículo 155 de la Constitución y huidos desde 2017 de la justicia española. Dos de ellos, Meritxell Serret, exconsejera de Agricultura, y Lluís Puig, exconsejero de Cultura, se presentan como candidatos a diputados del parlamento catalán, con opciones de salir elegidos. La primera por Esquerra, el segundo por Junts; ambos, rostros telemáticos y asiduos a los mítines y debates de estos días.

“He dado un paso adelante”, justifica Serret, que va de número dos por Lleida, “para evidenciar que la represión, la judicialización de la política y la privación de derechos no sirve para nada, no beneficia a nadie y sobre todo no impide que continuemos defendiendo un proyecto político que es legítimo”. Serret es, desde 2018, responsable de la delegación del Gobierno de Cataluña en Bruselas, y contra ella no existe en estos momentos ninguna euroorden que reclame su presencia ante los tribunales españoles.

Ya salió elegida diputada en las elecciones de diciembre de 2017, tras la decapitación del Gobierno de Puigdemont, pero abandonó el escaño del que tomó posesión desde Bélgica para permitir una mayoría presencial suficiente en el Parlament. Ahora, con la pandemia, parece que las reglas sobre el voto físico de los diputados serán otras. No descarta, incluso, poder volver a territorio español, donde el Tribunal Supremo la podría reclamar por un delito de desobediencia, que no ha implicado cárcel para los ya condenados del procés. “No se renuncia a ningún escenario. Vamos a ver qué pasa después de las elecciones”, asegura ella en una entrevista a través de la aplicación Teams, instantes antes de que dé comienzo un mitin en Lleida en el que tomará la palabra. “Va a participar Oriol Junqueras”, dice emocionada. “La última vez que compartimos un escenario, me acuerdo, fue en 2017, en Vilafranca del Penedès, cuando estábamos con toda la campaña del 1 de octubre”, suspira. “Ha llovido mucho”.

El exconsejero Lluís Puig, número nueve por Barcelona, responde al teléfono a última hora de la noche tras un debate electoral telemático organizado por el Casal Catalán de Bruselas. Dice que la tecnología ahora da algo parecido al don de la ubicuidad: “En un momento estoy en Berga y luego me conecto en Tortosa”, lo cual provoca “cierto estrés mental”, concede, aunque en realidad “agradece encontrar caras conocidas” al otro lado. En el mitin de Terrassa, en el que Borràs y Puigdemont triangulaban desde Madrid y Waterloo, él también se enchufó desde la autodenominada Casa de la República. Puig explica que mientras hablan, la pantalla les muestra lo que hay al otro lado. Le impactó ver su tierra. “El mitin era a 200 metros de la casa donde nací”, dice. Le traía recuerdos de sus padres fallecidos estos años, mientras él estaba en Bélgica.

Puig, que ascendió a consejero de Cultura en los últimos coletazos del procés, nunca había participado en campañas electorales. Desde que abandonó Cataluña, en cambio, ya ha formado parte de “cuatro o cinco”. Todas ellas virtuales. “Siempre me río”, confiesa, “porque en 2017 la oposición nos decía que estábamos en Matrix, que estábamos locos. Pues mira, la pandemia –tristemente, porque nadie se alegra de ello– ha traído también un empoderamiento en la digitalización de la sociedad”. En Waterloo, dice, comenzaron en 2017 “como los grupos de rock and roll” con un equipo para conectarse por videoconferencia desde el garaje.

Igual que Serret, Puig fue elegido diputado en las autonómicas de diciembre de 2017 y acabó renunciando al escaño para que otro pudiera ejercer el voto presencial. También cree que esta vez será distinto: “Podré participar de las decisiones”. Puig ostenta también un cargo en la delegación de la Generalitat en Bruselas como responsable del programa de internacionalización de la cultura catalana, ha formado parte del núcleo fundador de la marca Junts, creada en torno a Puigdemont, y opina que, en parte, la distancia que impone Bélgica diluye las batallas que se ven entre Esquerra y su partido en Cataluña. Aquí, dice, “no hay una lucha fuerte” y les une “un mismo hecho vivencial”. (En palabras de Serret: “Las diferencias son las mismas, pero la buena relación personal existe más allá de las desavenencias”).

Hace poco, Puig protagonizó la primera gran derrota judicial de España contra los huidos del procés: los tribunales belgas rechazaron a principios de enero la euroorden dictada contra él, en una decisión que podría marcar el futuro judicial de Puigdemont, de momento protegido por la inmunidad de la que goza como eurodiputado.

De entre los políticos asentados en Bélgica, el rol más desdibujado en la campaña corresponde a los otros dos compañeros de Puigdemont en el Parlamento Europeo, los exconsejeros catalanes también huidos Antoni Comín y Clara Ponsatí. Ninguno va como candidato en las listas de Junts, aunque Comín ha participado en algún debate de la campaña por videoconferencia. Su papel podría quedar reservado para el futuro, si es que la lista de Borràs y el independentismo logran suficientes apoyos: Comín es vicepresidente del llamado Consell per la República, un ente ideado en Waterloo entre cuyos miembros se encuentran Puigdemont (presidente), Ponsatí y también Puig.

Llegado el caso, este organismo conformará tras los comicios una especie de gobierno paralelo diferenciado “de las instituciones autonómicas”, según el programa electoral de Junts. Será reconocido inmediatamente como “autoridad nacional” (sin pasar por las urnas), tendrá poder “para liderar el movimiento independentista como depositario del mandato del 1-O” y asumirá la creación de “estructuras políticas que, cuando sea necesario, hagan el trabajo que no pueden llevar a cabo las instituciones estatutarias”.