Puigdemont apuesta por el choque frontal con los jueces para acelerar la amnistía

Las trabas que los jueces están poniendo a la ley de amnistía han llevado a una parte del independentismo a explorar caminos para acelerar su aplicación, especialmente lenta y tediosa en el caso de los dirigentes políticos del procés. Carles Puigdemont, uno de los principales aspirantes a la medida de gracia, ha optado por el cuerpo a cuerpo. El expresident y su entorno tratan de desacreditar a los togados que se muestran renuentes a cumplir la ley. Su ofensiva incluye manifiestos públicos, denuncias ante el órgano de gobierno de los jueces e incluso querellas en los juzgados. Esquerra no renuncia tampoco a ese tipo de acciones de “confrontación”, según fuentes de la dirección del partido, pero matiza que lo más eficaz, al final, es plantear la batería de recursos que prevé la norma.

Puigdemont, candidato de Junts a las elecciones autonómicas del pasado 12 de mayo en Cataluña, aspiraba a estar presente en el pleno de investidura sin ataduras judiciales gracias a la amnistía. Pero a principios de julio supo que el juez instructor del procés, Pablo Llarena, no iba a aplicarla para el delito de malversación por el que está procesado. Llarena, además, mantuvo activa la orden de detención nacional contra el expresident, que de todos modos regresó a Cataluña: el 8 de agosto, en una jornada que ha quedado para la historia, apareció en el centro de Barcelona, dio un mitin ante miles de personas y se esfumó sin que el dispositivo de los Mossos fuera capaz de detenerle y sin haber cumplido su promesa de acceder al Parlament.

Tras su fuga, instalado de nuevo en su refugio de Waterloo, Puigdemont es un hombre libre, pero ha perdido tal vez la única oportunidad de acelerar un pronunciamiento sobre la amnistía: su previsible detención e ingreso en prisión provisional habría forzado en última instancia al Tribunal Constitucional, ahora de mayoría progresista, a pronunciarse con cierta celeridad sobre la medida de gracia. Desde Bélgica, el mandatario de Junts ha reactivado en cualquier caso el choque frontal con la justicia española, una línea de actuación que viene manteniendo desde el día después del referéndum del 1 de octubre de 2017.

Bestia negra del independentismo por su instrucción de la causa del procés, Llarena es el objetivo prioritario. Puigdemont y el exconsejero Toni Comín han presentado una denuncia contra él ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el “retraso injustificado en la tramitación” de los recursos de la defensa contra la decisión de no aplicar la amnistía. Le reprochan que haya dejado pendiente de resolver ese asunto pese a que ha suspendido sus vacaciones para pedir explicaciones al Ministerio del Interior y a la Generalitat sobre el fracaso del operativo. “Se le ha dado cuenta del retraso hasta dos veces, y ha seguido sin despacharlo”, sostiene el escrito presentado por Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, el más belicoso contra la judicatura. Un portavoz del CGPJ ha explicado a este diario que el escrito ha sido registrado, pero se está a la espera del nombramiento del instructor del expediente para que se le dé curso.

Boye, que subió al escenario con doble fondo sobre el que Puigdemont pronunció su discurso antes de subirse a un coche y esfumarse, trata de subrayar el descrédito de los jueces. Les acusa de torpedear la ley a sabiendas solo porque no les gusta. Y cree que la mejor defensa es un buen ataque, si bien algunas acciones puede que no tengan efectos prácticos sobre la aplicación de la amnistía. La más contundente hasta ahora ha sido la querella presentada contra el titular de instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga la llamada “trama rusa” del procés: las supuestas conexiones que mantuvo el independentismo con personalidades cercanas al Kremlin.

El juez atribuye un delito de traición a Puigdemont, pero también a Boye y a Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Waterloo, y rechaza concederles la medida de gracia porque, en su opinión, “se hizo un uso efectivo de la fuerza en Cataluña”. Los tres se querellaron contra Aguirre a principios de julio por prevaricación y malversación. Le acusan de desobedecer una resolución previa de la Audiencia de Barcelona que le ordenaba poner fin a la investigación para “satisfacer su caprichosa voluntad de salvar un procedimiento que estaba condenado” al archivo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) debe pronunciarse en breve sobre si admite a trámite la querella. Puigdemont no alberga muchas esperanzas al comparar a la justicia española con la mafia siciliana: “La Toga Nostra protegerá siempre a uno de los suyos. No dejaremos de perseguirlos hasta donde haga falta”.

Esa clase de denuncias públicas también forman parte de la estrategia. El expresident ha arremetido contra el instructor del caso Tsunami, que lo acusaba de un delito de terrorismo por su presunto liderazgo de Tsunami Democràtic, la plataforma que organizó algunas de las protestas multitudinarias (como la ocupación del aeropuerto de El Prat) tras la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del procés, en octubre de 2019. En enero, Puigdemont le acusó de una “vulneración persistente del Estado de derecho” y advertía (la ley no estaba en vigor aún) de que “sin amnistía integral, que no excluya a nadie, no hay amnistía”. La causa de Tsunami cayó al final por un error de forma: el magistrado prorrogó la investigación en julio de 2021 fuera de plazo, lo que llevó a la Audiencia Nacional a anular todo lo investigado desde entonces. García Castellón lo acabó archivando, por lo que no ha habido debate sobre la aplicación de la amnistía a este caso.

La larga espera de los recursos

El debate sí se está produciendo en las múltiples jurisdicciones que tratan asuntos penales y administrativos vinculados al procés, en Madrid lo mismo que en Barcelona, aunque con resultados dispares. El Supremo ha recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional, mientras que el Tribunal Cuentas ha presentado el recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Otros tribunales han seguido la vía de los recursos, especialmente al Constitucional, lo que significa que la aplicación efectiva de la medida de gracia a todos los perjudicados no será tan exprés como preveía el Gobierno. La ley da un plazo de dos meses a los jueces para aplicar la amnistía. Ese tiempo se ha cumplido ya y apenas un centenar de las 486 personas que, según los cálculos de la Fiscalía General del Estado, pueden ser beneficiarias de la norma, han sido amnistiadas. La mayoría son policías y activistas por la independencia, pero apenas hay políticos, pese a que la norma se pensó inicialmente para aliviar su situación judicial.

“Ya preveíamos que no iba a ser fácil, que la aplicación iba a ser lenta”, señalan fuentes de la dirección de Esquerra Republicana, que confían no obstante en que la presentación de recursos se acabe resolviendo favorablemente a los interesados. “Por mucho ruido que hagan algunos”, señalan esas fuentes en alusión a las denuncias y querellas de Puigdemont y su entorno, “al final se van a acabar presentando los mismos recursos”. Los republicanos no descartan medidas de más calado, incluidas denuncias o querellas, pero consideran que no es necesario “tanto ruido” y que se deben “quemar etapas” para alcanzar el objetivo final.

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