El juez Aguirre abre una nueva causa por la trama rusa del ‘procés’ para investigar a Puigdemont por traición, un delito que no cubre la amnistía

El juez de Barcelona Joaquín Aguirre no está dispuesto a tirar la toalla en la investigación sobre la llamada “trama rusa” del procés, la presunta injerencia de personalidades cercanas al Kremlin en el proceso independentista de Cataluña. Tres semanas después de que la Audiencia de Barcelona le ordenase poner fin a la instrucción del caso, el veterano magistrado cree haber encontrado una vía para mantenerla viva: ha abierto una nueva pieza separada que pone en la diana al expresident Carles Puigdemont y a otras 12 personas por traición, un delito que, en algunos supuestos, queda excluido de la ley de amnistía.

El juez ha ordenado que, una vez concluida “la parte esencial” de la instrucción, se eleve una exposición razonada para que el tribunal competente se encargue de las dos personas que tienen condición de aforadas: el expresident y candidato a la presidencia de la Generalitat Carles Puigdemont, huido de la justicia española por el 1-O, y el diputado de Junts per Catalunya Francesc de Dalmases. Otras 11 personas sí tienen ya la condición de investigadas, también por malversación y traición. Además del expresidente de la Generalitat Artur Mas, hay sobre todo gente del círculo de confianza de Puigdemont: su abogado, Gonzalo Boye; su asesor, Josep Lluís Alay; el exresponsable de relaciones internacionales de CDC, Víctor Terradellas; la exmiembro del Govern Elsa Artadi.

La lista la completan empresarios, activistas y hasta periodistas que supuestamente conocían o participaron en encuentros entre el Ejecutivo catalán y personas cercanas al Gobierno ruso, siempre según la tesis del juez. Entre estos últimos se cuenta el popular Carles Porta, responsable de Crims, programa estrella del true crime en Cataluña. El juez, además, ha dado un plazo (de solo dos días) a las partes para que se pronuncien sobre si los hechos son susceptibles de ser amnistiables.

El movimiento de Aguirre resulta inesperado porque, hace solo tres semanas, la Audiencia de Barcelona le ordenó que pusiera fin a la investigación que ya tenía abierta y decidiera, sin más dilación, si la archivaba o la enviaba a juicio. El juez empezó a investigar la trama rusa del procés en 2019, al abrir una pieza separada (llamada “pieza dos”) del caso Voloh, que indaga negocios presuntamente irregulares en torno al proceso independentista. La Guardia Civil le entregó unos archivos de audio hallados en el teléfono móvil de Víctor Terradellas, en los que conversaba con otras personas sobre los supuestos ofrecimientos de Rusia (incluido el envío de “10.000 soldados”) durante el otoño de 2017 para garantizar una eventual secesión de Cataluña.

Esa investigación se dilató en el tiempo y se prorrogó, una vez más, en agosto de 2023. Pero los magistrados, a instancias de las defensas y de la propia Fiscalía, dijeron basta. Recordaron que la causa languidecía desde hacía muchos meses, sin que hubiera habido avances significativos. Y declaró nula esa prórroga. Eso significó, entre otras cosas, que todo lo instruido desde ese momento es nulo. Incluido el auto que Aguirre dictó el pasado mes de enero, en plenas negociaciones por la ley de amnistía, en el que mencionó por primera vez la posibilidad de que los hechos investigados en la trama rusa supusieran un delito de traición.

La traición queda excluida de la ley de amnistía, pero solo en supuestos muy concretos: cuando haya significado “una amenaza efectiva y real” y haya conllevado el “uso efectivo de la fuerza” contra la integridad territorial de España. La lectura de la causa y las fuentes consultadas al respecto coinciden en que nada de eso ocurrió, ni siquiera dando por buena la hipótesis del juez de que existió una trama. No obstante, la decisión abría un nuevo frente (sumado al de la causa de Tsunami Democràtic por terrorismo) para evitar que Puigdemont regresara a España y se beneficiara de la medida de gracia.

Aguirre dedica parte de las 56 páginas del auto a justificar por qué se ve legitimado para abrir una pieza separada sobre un asunto (la injerencia rusa) que en realidad llevaba cinco años indagando. Sostiene que en enero de 2024 ordenó una serie de “diligencias de investigación” que no pudo practicar porque la Audiencia de Barcelona tardó demasiado tiempo en resolver sobre su recusación. La defensa de Josep Lluís Alay (asesor de Puigdemont) había pedido apartar al juez después de que éste hablara sobre el caso en una entrevista con un canal de la televisión pública alemana.

La “importancia histórica” para la UE

La decisión de la Audiencia de Barcelona que tumbó la prórroga y le ordenó no investigar más “abocaba a un sobreseimiento” por “la falta de instrucción suficiente”. Un final del camino que Aguirre no acepta, según se desprende de su auto, por un compromiso de más largo alcance. “Por razones de equidad y justicia, así como por las de importancia histórica para la Unión Europea, este magistrado se ha visto obligado a pensar una solución alternativa a las objeciones técnico-procesales planteadas” por los magistrados. El titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona se escuda, entre otras cosas, en una resolución del Parlamento Europeo que mencionaba la injerencia rusa en Cataluña y ponía como indicio de ello... la propia causa abierta por el magistrado.

En un auto atípico que a ratos parece un ensayo (con reflexiones sobre la llamada “guerra híbrida”, el papel de Rusia en el tablero mundial y abundantes citas bibliográficas), Aguirre concluye que Puigdemont y sus colaboradores “habrían facilitado la infiltración de personas de origen ruso en territorio español con el objetivo de influir en las estructuras financieras y la realización de actividades de desinformación, desestabilización y alteración de la paz social”. El juez cree “más allá de toda duda que Cataluña fue objeto de una campaña de confrontación informativa durante los años del procés” que puso en cuestión “el orden constitucional” con la colaboración indispensable de los políticos locales, un “elemento subversivo interno” de una operación que, de haber culminado con éxito, hubiese permitido a Rusia contar con “una puerta trasera” para desestabilizar a la Unión Europea.

El juez cita las reuniones que, en 2017 y 2018, personas del círculo de Puigdemont (Alay, Terradellas) y el propio expresident en algún momento, mantuvieron con “individuos cercanos a los servicios de inteligencia rusos y al Gobierno de la Federación de Rusia”. La resolución contiene análisis y opiniones que van más allá de lo estrictamente penal, como cuando afirma que “Artur Mas eligió la reivindicación identitaria catalana como medio para propulsar su permanencia en el poder”. O cuando critica que las conexiones ruso-catalanas hayan sido objeto de “inmerecido descrédito por parte de la izquierda española y los partidos nacionalistas”.

En un comunicado, Mas ha afirmado que “no da crédito” ante el “retorcimiento argumental” del auto y a “la febril imaginación” utilizados para a abrir esta nueva causa. “Parece que se fabrica ex novo para evitar los efectos de la ley de amnistía sin más base que la pura fabulación”, ha afirmado apuntado que decisiones de ese calibre desacreditan el sistema judicial y minan su “credibilidad” ya ahora “bajo mínimos”. Jordi Turull, secretario general de Junts, ha reaccionado a la decisión del juez Aguirre: “Solo quieren venganza, sin ningún tipo de escrúpulo ni vergüenza”. Turull ha tildado la causa de “inexistente” y de “fantasía inventada”. El abogado Gonzalo Boye ha sido todavía más crítico y ha dicho que la resolución del juez, en la que se le investiga, es un “delirio” fruto del consumo de “psicotrópicos” a ciertas “edades y horas”.

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