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Puigdemont se prepara para dar el ‘sí’ a Sánchez con la incógnita de la consulta a las bases

Las formas de asegurar el cumplimiento de los acuerdos marcan el último tramo de un pacto que este fin de semana se someterá al juicio del Consejo Nacional de Junts y a una consulta de sus bases

El compromiso de Puigdemont con Sánchez y la incógnita sobre la consulta a las bases
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, participa por videoconferencia en el acto de conmemoración del aniversario del referéndum ilegal, el pasado 1 de octubre en BarcelonaMASSIMILIANO MINOCRI
Camilo S. Baquero

La apuesta de Carles Puigdemont de apoyar la investidura de Pedro Sánchez cruzó el rubicón el pasado lunes, pero aún hay trecho a recorrer. La reunión en Bruselas entre el fundador de Junts y el número tres del PSOE, Santos Cerdán, quedó inmortalizada en una fotografía que encierra varios significados. Además de ser la fumata blanca de un pacto que ambas partes dan casi por cerrado, implica la rehabilitación del expresident como interlocutor político válido, tras siete años de haber sido destituido como president y huir a Bélgica para no responder sobre su papel en el órdago del procés independentista. Ahora le llega a Puigdemont el momento de enfrentarse a comandar la digestión del giro desde la vía de la confrontación hasta la pactista, manteniendo intacto el objetivo de la secesión.

El capitán único de las negociaciones en Junts se enfrentará esta semana a la misma tarea que en los últimos días ha ocupado a Sánchez: que sus bases entiendan el porqué de unos movimientos, que en muchos casos deshacen el camino recorrido e implica muchas colisiones con la hemeroteca. “Puigdemont era un problema hace cinco años, hoy es una anécdota”, llegó a decir el jefe de Gobierno en una entrevista a eldiario.es el pasado 9 de junio. “Sánchez no será presidente con los votos de Junts”, aseguró por su parte el eurodiputado poco antes de las elecciones del 23-J.

La autoridad moral en el independentismo del expresident y su opción por “la vía del exilio” ha permitido que unas acciones en ocasiones controvertidas se sostengan básicamente gracias a la pátina personalista que brinda Puigdemont. Aquí estaría uno de los primeros retos: Junts ha basado su discurso en criticar lo que consideran el servilismo de ERC en sus negociaciones con el PSOE, quitando además importancia a acuerdos innegablemente relevantes como la reforma del Código Penal o los indultos a los condenados por el juicio al procés. Contra ese “dar los votos a cambio de nada”, en referencia a los apoyos de la pasada legislatura en el Congreso, Puigdemont acuñó la idea de que su formación es la realmente exigente porque cobra “por adelantado”.

De momento, Junts no ha logrado que esa máxima sea efectiva y uno de los ejemplos es la amnistía a los encausados al procés. La contrapartida estrella de la negociación chocó muy pronto con la realidad. En una conferencia en Bruselas, el propio Puigdemont planteó que la aprobación de esa ley era un requisito previo para negociar la investidura. La crisis de confianza entre ambas partes, añadida a la competencia entre independentistas en las negaciones, impedía que la mera promesa funcionara como garantía, además de lo ajustado del calendario. El acuerdo que permitirá que la propuesta de articulado se registre en el Congreso antes de este fin de semana es la salvaguarda con la que el expresident podrá intentar vender que sí hay más exigencia que la ejercida por los republicanos.

El hermetismo con que se han desarrollado las negociaciones y la alternancia de gestos de parte y parte desde que la misma noche electoral muestra que se ha construido una mínima base de confianza entre las partes, aunque muy endeble y volátil. Si no existiera, operaciones como la de la foto de Bruselas no habrían sido posibles. Pero otra cosa es que la fuerza de ese entendimiento permita a Junts dar el sía Sánchez sin ninguna salvaguarda de que el PSOE hará lo mismo en la votación definitiva de la amnistía en el Congreso. O que los socialistas se arriesgaran a ir a Bruselas a sabiendas del coste político y electoral que tendría si Puigdemont optara en último minuto por descolgarse y llevar a la repetición electoral. La necesidad de elementos de verificación de los acuerdos alcanzados vuelve a estar sobre la mesa en el último tramo de las negociaciones.

Desde el primer acercamiento entre Sánchez y el entonces president Quim Torra, posterior a la moción de censura a Mariano Rajoy en 2019, Junts siempre defendió la existencia de un mediador, preferiblemente de origen extranjero, en la mesa de diálogo que se pactó entre los Ejecutivos a cuenta del pacto ERC y PSOE. Esa figura, sin embargo, evocaba las negociaciones de conflictos internacionales de calado, algo imposible de asumir para el Gobierno. El rechazo llegó no solo desde la derecha, sino que fue patente en las mismas filas socialistas y terminó por enterrar no solo la existencia de ese mecanismo, sino también la legislatura, con los republicanos rechazando aprobar los Presupuestos Generales.

Mecanismos de verificación

En La Moncloa respiraron tranquilos cuando, en su conferencia, Puigdemont evitó un planteamiento maximalista sobre ese punto y pidió un “mecanismo de mediación y verificación” para hacer seguimiento a los acuerdos alcanzados como contrapartida a la investidura. Fuentes cercanas al expresident explican que desde un principio se concibió que esa figura independiente sirviera de garantía de que no se daba un cheque en blanco a los socialistas y se hiciera evidente quién incumplía qué. La falta de la salvaguarda de tener ya la amnistía en vigor (que también implicaba las dudas en el PSOE sobre que Junts se desdijera sobre la investidura) reavivó la reflexión sobre cómo esa figura es la única manera real de mantener su relato de exigencia y seguir marcando a ERC.

En Junts hay voces que ven inevitable que dentro del pacto se incluya cómo asegurar la verificación de los avances en los acuerdos. Pero en el pasado, el PSOE ya ha rechazado no únicamente la existencia de “un mediador”, sino que además ostente esa posición una persona de relevancia internacional. La Moncloa, sin embargo, se ha esmerado en ir haciendo gestos que aumenten la confianza y tampoco se descarte que se pueda llegar a pactar una fórmula alternativa en estos días.

La necesidad de blindar la confianza se mantiene. Cerdán aseguró ayer tras la jura de la Constitución de la princesa Leonor que el pacto que se ultimaba era de “legislatura” no solo para elegir a Sánchez y una operación así implica una gran sintonía. Junts, también desde un principio, planteó que además del sí al candidato socialista, garantizara que habrá Presupuestos Generales en 2024 para así dar pista de arranque al Ejecutivo y tres paquetes de medidas (lengua, economía y bienestar y reconocimiento nacional), una especie de metas volantes y de cuyo grado de cumplimiento (que habría de certificar el llamado mediador) depende que se siga apoyando al Ejecutivo.

Aunque aún hay margen para modificaciones, el nivel de riesgo de la operación es muy alto y de ahí que se hayan extremado todas las cautelas. Puigdemont decidió que este martes no se celebrara la reunión en que se explicaría el minuto y resultado de las negociaciones a la Permanente del partido, un comité creado especialmente para agilizar la toma de decisiones. El ejercicio pedagógico del expresident comenzará después de que se registre la proposición de ley, jueves o viernes, y tendrá sus dos momentos álgidos en la reunión extraordinaria del Consejo Nacional de la formación (aún sin convocar, pero que posiblemente sea el sábado) y una consulta a la militancia que, pese a algunas dudas, tiene ahora más números para celebrarse que hace pocos días.

Si bien el expresident no tiene rival dentro del partido que fundó, el paso por los órganos internos y de consulta a las bases le lleva por primera vez a tener que defender ante los suyos unos planes que él mismo ha diseñado y decidido. Que el PSOE, Sumar y ERC hayan anunciado o estén realizando consultas dejaba a Junts en una mala posición si no hacía lo propio. Decisiones delicadas, como la de salir del Ejecutivo que compartían con ERC en la Generalitat, hace un año, llevaron al partido a abrirse en canal, pero una formación que presume desde el inicio de respetar la pluralidad interna tendría complicado ahora justificar otro escenario que no sea una consulta a las bases.

En esa votación sobre el Govern, el dedo providencial de Puigdemont decantó la balanza pese a tener en contra a gran parte de los consejeros y altos cargos del Ejecutivo. Hay pocas posibilidades de que tanto en el Consejo como en la consulta no salga victorioso, pero el expresident también tiene otro reto a corto plazo. El electorado independentista, con graves síntomas de apatía hacia los partidos tradicionales y que en los últimos comicios o bien se ha quedado en casa o prefirió votar en clave nacional, también dará un veredicto, por ejemplo, en las elecciones europeas del próximo año, sobre el coste de la factura del giro pactista a su otrora condición de “líder en el exilio”.

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Sobre la firma

Camilo S. Baquero
Reportero de la sección de Nacional, con la política catalana en el punto de mira. Antes de aterrizar en Barcelona había trabajado en diario El Tiempo (Bogotá). Estudió Comunicación Social - Periodismo en la Universidad de Antioquia y es exalumno de la Escuela UAM-EL PAÍS.

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