El independentismo amplía sus demandas más allá de la amnistía para desatascar la investidura de Sánchez

La amnistía es el corazón de la negociación para la investidura de Pedro Sánchez, pero los independentistas catalanes están dejando claro que no les basta con eso. Además del perdón generalizado, que ya está muy avanzado en la negociación, según varias fuentes, Junts exige un mediador internacional para garantizar los acuerdos, algo que el PSOE rechaza, por lo que se están buscando fórmulas alternativas. Pero, además, se ha introducido un elemento nuevo. Tanto Carles Puigdemont, líder de Junts, a través de las redes sociales, como Andoni Ortuzar, líder del PNV, en Radio Euskadi, han recuperado el debate sobre el reconocimiento de Cataluña y el País Vasco como naciones, y no “nacionalidades”, como recoge la Constitución, como un elemento de la negociación, aunque sin concreciones.

Puigdemont dejó un mensaje críptico en las redes sociales recuperando una frase de su conferencia del 5 de septiembre: “Cataluña es una nación, una vieja nación europea, que ha visto atacada su condición nacional por los regímenes españoles desde 1714, hecho por el cual ve en su independencia política la única manera de continuar existiendo como nación”. El mensaje llegaba después de que La Vanguardia publicara que se está negociando un reconocimiento de Cataluña como “minoría nacional”, algo muy difícil de asumir para el PSOE y que no tendría una clara fórmula jurídica, porque los independentistas hasta ahora rechazaban pactar una reforma del Estatut, que sería el lugar para sustanciar un paso así.

Mientras, Ortuzar, entrevistado en Radio Euskadi, dijo que el PNV quiere a toda costa evitar la repetición electoral y no pretende “tensionar la política española”, pero cree que “ha llegado el momento de hablar de la cuestión nacional vasca”. “Creemos que ha llegado el momento da llamar a las cosas por su nombre. Nosotros creemos que Euskadi es una nación, tiene todos los atributos para constituirse y reconocerse como nación, y es el momento de empezar a hablar. Al final vamos a ser vascos y catalanes quienes vamos a aupar a Sánchez en otro mandato en La Moncloa. Es lógico que, en ese mandato, las cuestiones de quienes te han llevado a La Moncloa estén en el debate político. Nosotros nos sentimos como una nación y nuestro nuevo estatus político tiene que reconocer que somos una nación”, remató Ortuzar.

En cualquier caso, ni Puigdemont ni Ortuzar plantearon en sus mensajes que este reconocimiento como nación de Cataluña y Euskadi, un asunto muy complejo y que ya provocó mucha tensión en la reforma del Estatut de 2006, sea una condición imprescindible para la investidura.

Mientras, ERC ha subido el volumen de las demandas sobre inversiones, financiación y traspaso de competencias. El esfuerzo se pone en pedir para la Generalitat la plena gestión de los trenes de cercanías y en sellar un acuerdo que posibilite reducir los 22.000 millones que la consejería de Economía cifra como déficit fiscal, la diferencia entre los impuestos pagados en Cataluña y los recursos que el Estado invierte o transfiere cada año.

El Gobierno defiende haber hecho concesiones con reclamaciones de largo recorrido, como el uso del catalán en el Congreso y los intentos para hacerlo oficial en la UE, y se desliza, entre bastidores, que las bases para la amnistía están puestas. Además, el Ministerio del Interior remitió una carta a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) para que elimine las “alusiones” que vinculan al secesionismo con el terrorismo.

PSOE y Sumar, desde su posición de mando en la Mesa del Congreso, posibilitaron que ERC y Junts tengan grupo propio en la Cámara baja, a pesar de que inicialmente no cumplían los requisitos que fija el Reglamento, pues no obtuvieron el 15% del voto en todas las circunscripciones en las que se presentaron. Los dos partidos independentistas insisten en que quedan temas pendientes y que hay que acelerar para poder cerrar acuerdos dentro del plazo.

El tono de la intervención de Pere Aragonès en el Senado, el jueves, y la ausencia de réplicas de los socialistas, refrendó que, más allá de la gestualidad, hay interés por establecer una buena sintonía entre el Govern y el Gobierno en funciones. Aragonès, y el jefe de los republicanos, Oriol Junqueras, dan por hecha la amnistía, y coinciden en que tratar de meter el referéndum en la negociación con el PSOE empina el camino de la investidura. La táctica pasa por buscar avances en lo que ERC define como “asuntos que mejoran la vida de los ciudadanos”.

La transferencia de todas las competencias de la red de Rodalies, los trenes de cercanías catalanes, es un objetivo clave para Esquerra en la negociación. Rodalies tiene más de 300.000 usuarios diarios y presta un servicio muy deficiente, con incidencias reiteradas y retrasos constantes. La mejora de la financiación para Cataluña es otro asunto marcado en rojo. “Si les importara Cataluña nos convocarían para resolver el déficit fiscal de 22.000 millones de euros anuales”, manifestó Aragonès el jueves en el Senado.

Desde Cataluña, el PSC da signos de que estas son dos materias abiertas a la negociación. ERC sigue hablando de referéndum, pero ahora lo acompaña siempre del adjetivo “pactado”. La Generalitat ha dejado claro que, de momento, no toca agitar la carpeta de la autodeterminación: “Una vez superado el debate que se llevará a cabo en las próximas semanas sobre la investidura, voy a convocar una mesa de partidos del ámbito del Parlament de Cataluña”, dijo Aragonès la semana pasada.

La negociación avanza, según todas las fuentes consultadas, pero está en un momento decisivo, en el que hay que encarrilarla definitivamente con concreciones. Además, esta semana se sabrá si Puigdemont, como todo indica, tiene manos libres de sus bases para seguir adelante en la negociación. Este lunes se cierra el plazo, de una semana, concedido a los afiliados al Consell de la República para que voten telemáticamente si la entidad debe favorecer el bloqueo de la reelección de Pedro Sánchez. Esta consulta no ha frenado las negociaciones, pero un resultado positivo para Puigdemont podría acelerarlas.

La siguiente semana es la jura de la Constitución de la princesa Leonor, el 31, y a partir de ahí todas las fechas son buenas para cerrar el acuerdo y convocar la investidura. Los distintos actores insisten en que nadie quiere apurar hasta el final, marcado por el 27 de noviembre, pero Ortuzar, gran conocedor de la política española, no descartó que se llegue hasta ese último suspiro. Todo dependerá de las soluciones imaginativas que encuentren los negociadores en los próximos días para las cuestiones más difíciles.

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