El Tribunal de Cuentas mantiene la convocatoria sobre el juicio del ‘procés’ en plena negociación de la investidura

El Tribunal de Cuentas mantiene en pie la previsión de celebrar el próximo 17 de noviembre el juicio por malversación de fondos públicos en el curso del procés. En esa fecha faltarán 10 días para que se consume el plazo para la investidura del presidente del Gobierno que, de no lograrse, conducirá directamente a repetir las elecciones generales. Ante la falta de información sobre el estado de las conversaciones y sobre la posibilidad de que la supuesta responsabilidad contable de los expedientados en este asunto vaya a incluirse en una hipotética ley de amnistía, el máximo órgano fiscalizador de las cuentas públicas carece de datos objetivos para suspender la vista, medida que, por otra parte, no ha pedido el fiscal ni ninguna de las defensas.

En ausencia de posibles medidas contempladas en una amnistía, la celebración de la vista resulta forzosa no solo por el expediente de responsabilidad contable instruido por el propio Tribunal de Cuentas, sino también a resultas de la sentencia que el Supremo dictó en octubre de 2019, condenando a los principales líderes del procés por los delitos de sedición —entonces aún vigente y actualmente derogado― y malversación. La fijación de la cuantía del dinero malversado quedó pendiente de la decisión del órgano de fiscalización, así como su restitución a las arcas públicas. En este caso serían las de la Generalitat catalana, como administración perjudicada por la desviación de fondos para fines ilícitos, singularmente la promoción exterior de los proyectos independentistas.

Están encausados por este motivo 35 ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat, entre ellos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, así como el exvicepresidente Oriol Junqueras y varios exconsejeros, entre ellos Raül Romeva y Jordi Turull. Al comienzo de la investigación, la posible responsabilidad contable de los expedientados se cifró en varias decenas de millones de euros (llegó a hablarse de 70 millones), pero el avance de la instrucción y, en paralelo, las medidas adoptadas para facilitar el restablecimiento de un clima menos tenso en las relaciones entre el Gobierno y las fuerzas independentistas, entre ellas los indultos, propiciaron sustanciales rebajas sucesivas.

El fiscal fijó finalmente la suma reclamada en 3,4 millones de euros, en especial por los gastos de Diplocat para promover el procés en el extranjero. Esta cantidad, además, pudo ser avalada por el Institut Català de Finances, lo que hizo innecesario que los investigados vieran embargados sus bienes, al contar con una garantía que les protege hasta que exista una sentencia firme sobre el caso, lo que puede tardar varios años, a menos que una ley de amnistía determine el archivo del procedimiento.

También interviene en este expediente Societat Civil Catalana, cuya demanda cifró la deuda de los imputados en 5,3 millones de euros. El Tribunal de Cuentas tendría que moverse en estos márgenes en caso de dictar una sentencia condenatoria, puesto que no puede imponer una sanción superior a la solicitada por las acusaciones.

A petición de una de las defensas, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont está citado para que preste declaración en la vista. Fuentes del propio tribunal han explicado que esta citación se aprobó a instancia de parte y con escasas, por no decir nulas expectativas, de que Puigdemont acuda al llamamiento, dado que la orden de detención dictada por el instructor de la causa del procés en el Supremo, Pablo Llarena, sigue vigente para todos los cuerpos policiales en el interior de España. Puigdemont también hubiera podido solicitar que la práctica de su declaración se realizara por videoconferencia. Fuentes del propio tribunal consideran que si la pidiera ahora, ya en puertas del juicio, difícilmente se podría acceder a la solicitud, por falta de tiempo para organizar técnicamente la prueba con las debidas garantías.