Díaz e Illa, “embajadores” en favor del Gobierno de coalición y del pacto por la amnistía

A poco más de un mes de que expire el plazo para una eventual investidura de Pedro Sánchez ―termina el 27 de noviembre―, el PSOE, Junts y Esquerra continúan negociando, con altibajos, un acuerdo. Pero mientras ese pacto no llega, otros actores allanan el terreno en Cataluña en favor de la amnistía y de la reedición del Gobierno de coalición. La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, ha multiplicado en las últimas semanas sus apariciones públicas en Barcelona para ir ganando el debate social sobre una futura ley sobre la medida de gracia para los encausados del procés. Mientras tanto, Salvador Illa, primer secretario del PSC, despliega una estrategia mucho más discreta, pero también en la línea de profundizar en la misma política desarrollada en Cataluña en el anterior mandato, en coherencia con los indultos y la reforma penal (de los delitos de sedición y malversación), como faro en favor del diálogo y la convivencia.

Díaz estuvo dos veces en la campaña electoral del 23-J en Cataluña y ahora, en dos semanas y media, ya ha viajado hasta en cuatro ocasiones a Barcelona. Sus visitas han sido variopintas: desde reuniones con los sindicatos CC OO y UGT, pasando por la patronal de pequeñas y medianas empresas Pimec, hasta una cita este jueves con el comisario europeo de Empleo, el socialista luxemburgués Nicolas Schmit. No solo eso: acudió a dictar una conferencia en un foro de La Vanguardia y tampoco se perdió la gala del Premio Planeta. Los viajes han aumentado desde que acudió a Bruselas el 4 de septiembre para reunirse con el expresident Carles Puigdemont, huido de la justicia española desde la fallida declaración unilateral de independencia de octubre de 2017.

La fotografía, muy criticada por la oposición y algunos dirigentes socialistas, ha dado pie para cuestionar la influencia real de la líder de Sumar en las conversaciones. Díaz ha transmitido en esos encuentros su certeza de que habrá investidura con el acuerdo de la amnistía y defiende esa cita con Puigdemont en el Parlamento Europeo con el argumento de que en toda negociación es esencial reconocer a las partes y de que al expresident hay que tratarlo sin intermediarios. Fuentes de Sumar, además, argumentan que toda su estrategia tiene por objetivo también hacer de avanzadilla, “desbrozar el camino” para acercar posturas entre las partes.

De la mano del abogado Jaume Asens, persona de su máxima confianza y negociador principal de Sumar con Junts, la vicepresidenta acudió el día 10 al acto en el Ateneu de Barcelona en el que juristas próximos a su organización presentaron un dictamen en favor de la amnistía como una palanca, dijo el exdiputado, para aprovechar una oportunidad histórica y mirar al futuro.

El informe fue acogido con frialdad por Junts y ERC (el president Pere Aragonès apuntó que la opinión determinante será la del PSOE), que no enviaron a ningún representante al acto. Esa misma noche, Díaz, acompañada de Asens —ha estado en casi todos los encuentros— cenó en el Círculo de Economía. Fuentes de esa entidad ponen de relieve que la vicepresidenta marcó el paso del encuentro cuando se desgranaban temas económicos, pero que le cedió el turno al exdiputado cuando la amnistía sobrevoló la mesa. Pese a la puesta en escena, Díaz sí deslizó que considera necesario sumar esfuerzos para cerrar un acuerdo “para que haya paz”.

Amparada en su cargo como ministra de Trabajo, Díaz ha logrado ocupar un terreno que los comunes, que apenas han tenido relaciones con la patronal Foment en los últimos cuatro años, habían dejado libre. Este miércoles se reunió con Josep Sánchez Llibre, presidente de esa patronal. Fuentes de esa entidad aseguran que solo abordaron temas económicos y de fiscalidad. En el entorno de Díaz inscriben todos esos encuentros, de los que apenas han trascendido detalles, en la necesidad de dialogar y ver las diferentes perspectivas de la sociedad civil en Cataluña y en el conjunto de España, para llegar a un acuerdo que proporcione “estabilidad” y abra paso a una etapa de “progreso social y acuerdo territorial”, afirman.

Con una metodología opuesta a la de Díaz, Illa ha optado por la absoluta discreción y el hermetismo para evitar, dicen en el partido, que las conversaciones descarrilen. El PSC, que no está en la mesa de negociaciones, tiene un papel en segunda fila y en la sombra, pero apoya de forma incondicional al PSOE, con quien comparte el cerrojazo informativo. “El PSC hará más que dirá. Actuará más que hablará para mirar adelante, trabajar por la convivencia desde el respeto a la decisión de los votantes”, avisó Illa en La Seu d’Urgell (Lleida) el 22 de agosto, en el primer acto en el que reanudó el curso político y poco después de la constitución de la Mesa del Congreso.

Y no se ha movido de ahí. Fuentes socialistas apuntan que el partido ha detectado que los interlocutores y los agentes sociales interpretan de forma muy clara los resultados del 23-J y, por tanto, de forma muy favorable a la reedición del Gobierno. El PSC arrasó en esas elecciones, seguido de los comunes y los partidos independentistas. El PP y Vox solo lograron ocho de los 48 escaños que corresponden a las cuatro provincias catalanas en el Congreso.

Illa, que también se ha visto con la patronal y sindicatos, aunque el objetivo fue chequear la ejecución presupuestaria, defiende desde hace semanas que su sensación es que Cataluña quiere pasar página y mirar hacia el futuro. Pese a que, a diferencia de Pedro Sánchez, aún no ha verbalizado el término amnistía, apuesta por actuar con coherencia con las políticas del anterior mandato, siempre dentro del marco de la Constitución. “Cualquier observador objetivo de la realidad catalana sabe que los indultos ayudaron a restaurar la concordia”, afirma lanzando mensajes en contra de la tesis de la derecha, de que España no se rompió con las decisiones del último mandato ni se romperá ahora.

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