La coalición ultima su acuerdo de Gobierno antes de rematar con Junts

No tan rápido como pensaban los más optimistas, pero la investidura de Pedro Sánchez sigue avanzando, y tanto el líder como su entorno han transmitido esta semana a sus interlocutores una confianza casi absoluta en que se encontrará un acuerdo y habrá Gobierno. Nadie quiere apostar por una fecha, pero a partir del 31, cuando la princesa Leonor jure la Constitución, todas son buenas. Lo más difícil, como se esperaba, será cerrar con Junts ya no tanto la amnistía ―que está prácticamente pactada―, y ni siquiera la exposición de motivos ―que será muy genérica, porque no hay forma de llegar a un acuerdo sobre el relato del procés―, sino los alrededores, en especial los “mecanismos de verificación”; esto es, un relator, que Puigdemont quiere que sea internacional y que al PSOE genera muchos problemas porque supondría elevar el conflicto catalán fuera de las fronteras españolas. Los negociadores llevan varios días buscando soluciones intermedias, y aunque no es fácil, las fuentes consultadas insisten en que no ven riesgo de que la negociación descarrile porque todas las partes quieren un acuerdo.

En 2019, fue precisamente el relator lo que rompió la negociación de los Presupuestos y llevó al adelanto electoral de abril de ese año. Pero ahora es diferente, coinciden varias fuentes, porque la negociación es mucho más amplia —hay muchos otros factores con los que jugar, especialmente la amnistía, que es un salto muy relevante— y es tan grande lo que se quiere pactar —un reencuentro con unos independentistas que rompieron con todo hace seis años— que nadie cree que pueda quebrarse por la fórmula del relator, que, en cualquier caso, sería para un acuerdo entre partidos, no entre gobiernos. “No hay riesgo de que descarrile. Es una negociación compleja, con múltiples actores, y exige su tiempo, pero lentamente avanza”, resumen fuentes de la negociación.

El cierre con Junts y ERC, con la que se ha avanzado más en sus tres grandes condiciones —amnistía, revitalización de la mesa para buscar una salida al conflicto político y transferencia de cercanías—, se retrasa; y con él también el del PNV, Bildu o BNG, que depende del anterior, pero antes de que llegue, la coalición está ultimando el acuerdo de Gobierno PSOE-Sumar para presentarlo, si es posible, esta misma semana y mostrar así que, pese al silencio total de los socialistas en los últimos días, todo va cuadrando para que haya investidura en noviembre y se evite la repetición electoral.

Los negociadores del PSOE y Sumar, encabezados los primeros por María Jesús Montero, número dos del PSOE, y los segundos por Nacho Álvarez, la persona elegida por Yolanda Díaz para esta delicada tarea que es decisiva para su grupo, están muy avanzadas alrededor de algunos hitos. Para Sumar, uno de los más importantes es la reducción de la jornada laboral y aunque en este tema hay diferencias, las partes ven margen para el acuerdo. Nada está cerrado, y seguramente, como suele suceder en la coalición, algunas cuestiones se desbloquearán directamente entre Díaz y Pedro Sánchez, pero el paquete va tomando forma para presentar ante los ciudadanos, y especialmente a los votantes progresistas, un proyecto político que sin duda no tendrá el ritmo de la anterior legislatura —tres Presupuestos y 200 leyes—, pero sí implica algunos puntos importantes para los que la coalición espera tener votos en un Congreso aún más complejo que el de los últimos cuatro años.

El texto, en el que ambas partes llevan trabajando ya casi tres meses —el primer papel se intercambió el 28 de julio— es amplio porque es una especie de contrato de la coalición y en la negociación se habla de todo, desde la reforma de la financiación autonómica —algo que no solo reclaman en Sumar, sino que también quiere hace años el PSOE y también el PP, que este sábado volvía a exigirla, aunque después el acuerdo político no se alcanza— hasta la mejora de la regulación del despido, una ley que regule las listas de espera en la sanidad o permisos retribuidos.

La reducción de la jornada laboral es en este momento uno de los nudos gordianos de la negociación entre los socios. Para Sumar, se trata de una medida prioritaria que pretende convertir en referente de la legislatura, del mismo modo que en la anterior lo fue la reforma laboral. Después de más de un siglo con ocho horas al día —conseguida tras la huelga de La Canadiense en 1919, cuando se logró un máximo legal de 48 horas semanales en seis días— y 40 años con 40 horas semanales —se aprobaron en 1983, ocho horas en cinco días— la formación de Díaz negocia con el PSOE pasar a 37,5 horas en 2024 con una reforma del Estatuto de los Trabajadores y, a partir de ahí, iniciar un diálogo con patronal y sindicatos para bajar una hora al día a lo largo de la legislatura, hasta las 35 semanales. Díaz y los suyos están presionando fuerte públicamente en este asunto, que aún no está cerrado, pero fuentes socialistas señalan que ven espacio para llegar a algún acuerdo en esta cuestión, aunque no quieren aclarar hasta donde se puede llegar.

Sumar también ha hecho hincapié en las últimas semanas en la necesidad de incluir en el acuerdo una nueva legislación sobre el despido, vinculada a la causalidad y la carta social europea, según fuentes conocedoras de las negociaciones. Este asunto quedó fuera del acuerdo en la anterior legislatura y Sumar pretende recuperarlo ahora.

Los de Díaz también reclaman con especial énfasis la aprobación de una ley que regule los tiempos máximos en las listas de espera de la sanidad pública (una cuestión en la que también hay algunos avances) y la aprobación de permisos retribuidos que ayuden a la conciliación.

Sumar busca un programa ambicioso. Los socialistas han insistido en las negociaciones en que los números son diferentes —necesita el sí de PNV, Bildu, ERC y Junts para todo—, en que la legislatura no tendrá 200 leyes, y en que hay que ser cautos con las promesas que se hagan. Pero después de mucha negociación, todo indica que será un plan más amplio del que se pensaba al principio.

“Ha llegado la hora de avanzar”, clamó Díaz este sábado durante un acto en Valencia junto a diputados de Compromís e Izquierda Unida. Algunas voces creen que esto haría ver también, a ojos de la opinión pública, que el acuerdo para la amnistía ha valido la pena.

Sumar también ha empujado para que el documento con el PSOE especifique un compromiso para avanzar en la prohibición de aquellos vuelos peninsulares que cuenten con una alternativa ferroviaria de menos de tres horas, como podrían ser los que unen Madrid con Barcelona, Valencia y algunas capitales andaluzas. Un asunto en el que los socialistas han disminuido sus reticencias.

El lunes pasado, la plataforma de Díaz reclamó públicamente al PSOE incluir en el acuerdo el reconocimiento del Estado de Palestina. La propuesta ya había sido trasladada en agosto y pese a la negativa inicial del socio mayoritario del Gobierno, ambos partidos han comenzado a negociar ya la redacción de este punto, aunque los socialistas insisten en que apuestan por la solución de dos estados, que reitera Sánchez, pero ahora no ven dar un paso unilateral, sino todo en línea con lo que se decida dentro de la Unión Europea. Sumar también reclama prorrogar el impuesto a la banca, pero no parece sencillo pactarlo.

El acuerdo parece inminente, pero estos últimos detalles son decisivos. La semana dejará, pues un primer paso que dará una idea del nuevo Gobierno que viene si finalmente, como confían los negociadores, se cierra el pacto con los independentistas para tener una investidura en noviembre.