El relato del ‘procés’, obstáculo final para una negociación muy avanzada sobre la amnistía

Detrás de las complejas negociaciones de esta investidura de Pedro Sánchez hay mucho más que un simple intercambio de concesiones políticas. En el trasfondo, y en los papeles que llevan semanas intercambiándose el PSOE y los independentistas, según fuentes de la negociación, hay una discusión política decisiva sobre el procés, la mayor crisis política que ha vivido España en su historia reciente. Y por tanto, un debate que marcará el futuro político del país, y no solo quién gobierna los próximos años, porque supondrá un acuerdo, si se logra, sobre la respuesta a una pregunta compleja que marca la política española desde el gran trauma de 2017: ¿qué fue el procés?

El articulado de la ley de amnistía, el corazón de la negociación, está bastante avanzado, según fuentes de la misma. A quién afectaría, el espacio temporal, los límites, la fórmula jurídica... Pero lo más difícil de pactar es la exposición de motivos. Ahí es donde se tiene que justificar la amnistía, y para ello hay que definir muy claramente qué significó el procés y por qué hay que dejar sin pena los delitos que, según los jueces, se cometieron alrededor de este intento de lograr la independencia de Cataluña, mientras otros similares pero cometidos en contextos diferentes quedan penados.

En esta discusión, que está siendo muy intensa, hay dos líneas muy diferenciadas. Por un lado, la jurídica. El PSOE trata de convencer a los independentistas de que la exposición de motivos debe ser rotunda y también incluir alguna garantía de que no habrá una nueva apuesta por la unilateralidad —esto es, que los líderes del procés no tienen pensado hacer otro después de ser amnistiados— para pasar dos filtros jurídicos decisivos.

Primero, el del Tribunal Supremo y otros, como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con procesos pendientes contra cargos intermedios de Junts y ERC. Esas instancias son las que deberían aplicar la amnistía sobre sus procesados o condenados. Y después, el del Tribunal Constitucional, que deberá decidir sobre el encaje de la amnistía en la Ley Fundamental, un asunto que está generando profundas discusiones en el mundo jurídico.

El Supremo y los otros tribunales son el primer filtro. Los indultos sacaron de la cárcel a los principales dirigentes independentistas, como Oriol Junqueras (ERC) o Jordi Turull (Junts), precisamente dos de los negociadores de esta amnistía, pero les mantuvieron la inhabilitación porque fueron perdones parciales. Siguen sin poder presentarse a las elecciones. Si la amnistía elimina esas inhabilitaciones, sería el Supremo quien debería aplicarlo.

Hay un riesgo, no menor, de que el Supremo haga algo similar a lo que hizo con las polémica reformas de la sedición y la malversación: decir que, en su interpretación, no se aplica la medida a sus condenados y, por tanto, convertirla casi en papel mojado. Con la amnistía sería más difícil, pero el PSOE insiste mucho en las negociaciones en que la argumentación debe ser impecable para garantizar que no haya problemas en ninguno de los tribunales.

Los socialistas nunca han discutido la sentencia del Supremo contra los líderes del procés, que los independentistas rechazan de plano. Para el PSOE, la amnistía no es una enmienda al trabajo de los jueces, sino una decisión política de poner punto final a los procesos judiciales, empezar de nuevo y dejar atrás el procés. Y esa filosofía, que los independentistas no acaban de asumir, tendría que estar de alguna manera en la exposición de motivos para garantizar su recorrido jurídico.

Los socialistas llevan directamente la negociación, pero tienen detrás el apoyo de Sumar, la otra pata de la coalición, que respalda de lleno la amnistía hasta el punto de que Yolanda Díaz ya tiene un informe de juristas que la avalan. Ese estudio plantea un posible articulado que incluya todos los procesos judiciales contra dirigentes y activistas independentistas que presuntamente cometieron delitos —y también contra los policías que reprimieron las protestas en Cataluña— desde 2013, el año en el que comenzaron las resoluciones soberanistas del Parlament.

En algunos sectores del PSOE sienta mal que Díaz vaya por libre y se adelante, primero con una visita en Bruselas a Carles Puigdemont —el PSOE prepara un encuentro de un miembro de su cúpula con el expresident, probablemente Santos Cerdán, el número tres, pero para cuando el pacto esté maduro—, y ahora con su propuesta de ley de amnistía. Sánchez dejó claro el viernes en Granada que no es la propuesta del PSOE. Pero como hace siempre, evitó cualquier crítica a Díaz, con la que ha mostrado una clara sintonía que hace pensar en movimientos más pactados de lo que podría parecer.

Pero además del punto jurídico, hay una discusión de fondo que es aún más compleja de acordar. ¿Qué fue políticamente el procés? Es un pacto muy difícil, porque las visiones son muy distintas y se trata de una cuestión troncal para los independentistas y para el PSOE, dispuesto a conceder una amnistía pero no a avalar un procés que ha rechazado siempre de plano, hasta el punto de que Sánchez respaldó la aplicación del artículo 155 de la Constitución promovida en 2017 por el entonces presidente, Mariano Rajoy, para suspender parcialmente la autonomía de Cataluña.

Para el PSOE, como explica Sánchez en cada discurso, el procés fue un gran fracaso colectivo, una herida que hay que curar para recuperar la convivencia. Con ese argumento político, el ahora presidente en funciones avaló los indultos y está dispuesto a respaldar una amnistía que el PSOE siempre rechazó y que él mismo descartaba antes de que el 23-J hiciera imprescindibles los votos de Junts. Esa idea, la del fracaso colectivo, la de la fractura que hay que coser, es la que los socialistas plantean para la exposición de motivos, sin reprochar nada a los jueces.

Para los independentistas, el procés fue un gran pulso democrático que el Estado machacó. La semana pasada, en Madrid, Junqueras insistía en que “no hubo ningún delito porque votar no es ningún delito”. Y Puigdemont reiteraba que los suyos nunca renunciarán a la autodeterminación porque es “su destino”.

Entre estas dos posiciones aparentemente irreconciliables se mueve la negociación para la exposición de motivos, uno de los elementos más difíciles a fin de rematar el pacto. A pesar de todo, las fuentes consultadas en los dos sectores insisten en darlo casi por seguro porque todo el mundo quiere lograrlo y genera beneficios políticos para todos los implicados.

Todo se mueve

Todo se mueve a mucha más velocidad de la que parece. Sánchez ya habla abiertamente de amnistía —pronunció la palabra en Granada con los máximos dirigentes de la UE a su lado, Ursula von der Leyen y Charles Michel, algo muy simbólico—, sus negociadores multiplican sus movimientos —Cerdán viajó a París de forma discreta y Félix Bolaños estuvo en Cataluña con dirigentes de ERC y Junts—, y ha quedado atrás la tensión por la resolución del Parlament que hablaba del referéndum de autodeterminación, descartado por el PSOE. ERC ofrece una salida: retomar el acuerdo para la investidura de 2020.

Todo se va encajando, y Sánchez, además, recibió el sábado el respaldo claro del PSOE andaluz a la negociación de la amnistía. Fue en un mitin en Granada con el líder regional, Juan Espadas y la simbólica presencia de Carmen Calvo, que rechazaba de plano esta ley por inconstitucional cuando era vicepresidenta. Ahora, apoya a Sánchez, como casi todo el partido, para que “haga lo que tenga que hacer” con el objetivo de lograr un Gobierno progresista.

Solo queda el remate de la negociación. Pero siempre se puede atragantar. Sánchez, eufórico ante el éxito de la cumbre de Granada, que llegó además acompañada de la concesión del Mundial de fútbol de 2030, lo dejó claro el viernes: “Nada está acordado hasta que todo está acordado”.