El PSOE intenta que Junts renuncie a otro ‘procés’ para negociar la amnistía

Según la versión oficial, aún no está pasando nada en las conversaciones entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez. “Es el momento de Alberto Núñez Feijóo”, repiten Sánchez y todos los ministros y portavoces socialistas. La realidad es distinta. Las piezas clave se están moviendo para llegar a octubre con todo encajado para la recta final de la negociación, la más difícil a la que se ha enfrentado un político como Pedro Sánchez, acostumbrado a operaciones siempre al límite de lo posible. Pero falta, al menos desde la visión socialista, que cambie un punto decisivo: que Junts renuncie a la unilateralidad —la amenaza de poner en marcha algún día otro procés— para poder negociar la amnistía.

El PSOE se está moviendo a toda velocidad: ha forzado la máquina para que las lenguas cooficiales puedan usarse este mismo martes en el pleno del Congreso, y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha trazado una estrategia para intentar que el catalán, el gallego y el euskera sean aceptadas también como lenguas oficiales de la UE, algo que se augura más complicado de lograr.

Este martes, según fuentes del Ejecutivo, en la reunión del Consejo de Asuntos Generales en Bruselas, Albares apostará fuerte por esa iniciativa, aunque aún no habrá votación porque hay muchos países con dudas. “Vamos a cumplir lo acordado”, señalan en el Gobierno. Eso es lo que se pactó con Junts en agosto: que España impulsaría la iniciativa. Más rápido podría alcanzarse el uso de las lenguas en el Parlamento Europeo, aunque también hay resistencias, sobre todo de los populares. El PSOE ve detrás de todos estos movimientos al PP de Feijóo y Esteban González Pons, que tiene mucha influencia sobre Manfred Weber, presidente del PPE, muy cercano a sus aliados españoles y muy crítico con Sánchez en recientes entrevistas.

Sumar también se ha movido sin parar, con el paso más fuerte: el viaje de Yolanda Díaz a Bruselas para reunirse con Carles Puigdemont el 4 de septiembre, con el que le daba una legitimidad política que el líder de Junts no había tenido en los últimos seis años, desde que huyó de España para esquivar a la justicia.

Ahora también lo ha hecho el PNV, en un gesto muy calculado, como casi siempre en este partido centenario que una vez más consigue estar en el centro del tablero. En 2017, la ruptura entre Puigdemont y Andoni Ortuzar fue muy dura. El PNV había mediado entre el entonces president y Mariano Rajoy para intentar evitar una declaración de independencia y la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Pero Puigdemont declaró la independencia, y esa herida entre los dos partidos nacionalistas quedó abierta mucho tiempo. Ahora se ha cerrado con el primer viaje de Ortuzar a Waterloo.

Fuentes del PNV señalan que no serán mediadores entre Puigdemont y el PSOE y que no habrá estrategia concertada PNV-Junts, como sí la hay entre ERC y Bildu. Pero existe sintonía: “Junts y PNV vemos que las urnas nos dan posibilidad a los dos de aportar estabilidad al Estado y avanzar en el tema territorial y el modelo de Estado”, señalan. En el Gobierno se ha recibido como una muy buena noticia ese encuentro: el PNV siempre ha apostado por el acuerdo, así que lo ven como una buena influencia para Junts.

También ERC se está moviendo, al asumir públicamente que la ley de amnistía no se puede aprobar antes de la investidura, como reclama Junts, y sobre todo que mantener la amenaza de la ruptura unilateral no tiene sentido en medio de esta negociación.

¿Y Junts? Dio un paso muy relevante al apoyar en el Congreso la presidencia de la socialista Francina Armengol el 17 de agosto. En el Gobierno también valoran que Puigdemont, en su intervención pública del pasado 5 de septiembre, no planteara el referéndum de autodeterminación como una condición básica de la negociación, algo que la habría hecho inviable.

Sin embargo, en el PSOE creen que que tiene que dar muchos más pasos y renunciar a sus posiciones de máximos, porque si no será imposible para los socialistas dar el enorme salto que supone una ley de amnistía que sí están dispuestos a explorar.

Puigdemont, según las fuentes consultadas, ya ha recibido el mensaje de que un elemento decisivo para poder negociar en serio con el PSOE es que él abandone la defensa de la unilateralidad, que deje de decir “lo volveremos a hacer”. A pesar de que ahora parece inviable otro procés —el independentismo es mucho más débil que en 2017, el PSC ha sacado más votos que ERC, Junts y la CUP juntos y la Diada de la semana pasada ha sido la menos concurrida desde 2012, quitando los años de pandemia—, para el PSOE es muy complicado negociar una amnistía con alguien que no renuncia a reincidir.

Este será uno de los elementos clave de la negociación y, aunque Puigdemont dijo el 5 de septiembre que nunca renunciará a la unilateralidad y su negociadora, Miriam Nogueras, insistió este mismo sábado en que no se moverá “ni un milímetro” de sus posiciones, en el PSOE y en Sumar ven posible buscar soluciones.

El gran problema político es la pugna de Junts y ERC. Puigdemont y los suyos sostienen que ERC cede demasiado y que ellos no lo harán. Pero entre muchos dirigentes se ha instalado la convicción de que Junts cederá en cosas importantes, al igual que los socialistas. De hecho, Sánchez y el PSOE están dispuestos a una amnistía que hasta las elecciones del 23-J rechazaban de plano.

Si no hay ninguna concesión y Puigdemont se mantiene inmóvil en sus posiciones de máximos, entonces la opción de una repetición electoral volvería a ganar enteros. Nadie la descarta, pero todos quieren ahuyentarla. “Una repetición electoral es un riesgo para todos. Junts, con el peor resultado de su historia [bajó de los 400.000 votos y fue quinto, por detrás del PP] tiene una posición muy relevante. Es difícil mejorarla con otras elecciones”, resume un dirigente.

El PSOE tampoco está interesado en la repetición, aunque algunos sondeos señalen que podría mejorar posiciones. El riesgo es enorme, y los socialistas vienen de un golpe durísimo en las autonómicas y municipales, donde perdieron buena parte de su poder. Esto también juega internamente a favor de Sánchez, y por eso su entorno insiste en que en el PSOE no habrá ninguna revuelta contra la ley de amnistía más allá de las críticas de algunos miembros muy destacados de la vieja guardia, encabezados por el hombre que más años dirigió a los socialistas: Felipe González.

“Para el PSOE es un enorme alivio ser capaz de gobernar después del fiasco de mayo. Se va a aferrar a eso. Y también el mundo progresista. La gente quiere un Ejecutivo progresista y evitar a toda costa que la coalición PP-Vox llegue a gobernar España”, remata otro dirigente del PSOE.

Pese a la enorme presión que se vive fuera, sobre todo con la movilización de la derecha, que prepara el terreno para un octubre muy caliente, internamente no hay grandes tensiones. Una prueba se vivió esta semana en la ejecutiva socialista. Cuando Santos Cerdán, secretario de Organización, anunció la expulsión de Nicolás Redondo Terreros por “reiterado menosprecio” hacia el partido, no hubo ni un comentario. Cerdán dijo: “¿Queda aprobado?”, y hubo silencio. Así quedó aprobado por unanimidad, según fuentes presentes en la reunión.

Sánchez y su cúpula no tienen pues un problema interno para negociar una ley de amnistía. Sí lo tienen fuera, con presión de la oposición pero también de personas cercanas al PSOE. El artículo del escritor Javier Cercas esta semana en EL PAÍS contra la amnistía ha causado impacto en los socialistas. El entorno de Sánchez insiste en que cuando llegue su turno explicarán su plan, y confían en convencer a los que tienen dudas, como Cercas. Pero antes necesitan que Puigdemont rebaje sus máximos para construir un marco de negociación razonable. Eso es justo lo que se está intentando, mientras se insiste en que no está pasando nada.