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Sumar plantea amnistiar a los políticos del ‘procés’ desde 2013 y a los policías imputados por el 1-O

El dictamen de los juristas encargado por el partido de Yolanda Díaz no recoge supuestos que cobijen el caso de la expresidenta del Parlament Laura Borràs. Sánchez admite conocer la propuesta aunque advierte: “No es la posición del PSOE”

Yolanda Díaz y Carles Puigdemont
Desde la izquierda, Jaume Asens, Yolanda Díaz, Carles Puigdemont y Toni Comín, el 4 de septiembre en el Parlamento Europeo, en Bruselas.Delmi Álvarez

El debate sobre una posible amnistía a los encausados por el procés ha escalado intensidad este viernes, con todas las partes asumiendo posiciones. Sumar ha puesto sobre la mesa un articulado que prevé que se puedan beneficiar todos los políticos que, desde la celebración de la consulta del 9-N, han estado relacionados con el órdago secesionista. El PSOE, por boca del propio presidente en funciones Pedro Sánchez, se ha desmarcado de esa propuesta aunque por primera vez ha usado la palabra “amnistía” para referirse a la medida con la que espera amarrar el voto necesario de Junts y ERC en su debate de investidura. El texto de Sumar, que la vicepresidenta segunda en funciones Yolanda Díaz presentará oficialmente el martes, también plantea que los agentes de la policía que participaron en las cargas del 1-O puedan beneficiarse, salvo los imputados por delito de integridad moral porque se entiende que actuaron con ensañamiento. Ese último punto seguramente será el punto más polémico dentro del secesionismo que de momento también ha reaccionado de manera desigual: Junts ha celebrado la propuesta mientras que en ERC insisten en que la amnistía “ya está hecha”.

Hasta ahora el debate que centra el futuro de la legislatura estaba en lo meramente retórico y aunque ya las partes aceptaban que había intercambio de papeles, no se había hecho público ningún borrador de articulado. Sumar anunció este viernes que, tras semanas de trabajo, Díaz presentaría el próximo martes en la capital catalana “un dictamen” sobre la amnistí, resultado del trabajo de un grupo de juristas. Sin embargo, Junts hablaba de un “proyecto de ley” en la nota de prensa en la que informó de que ya tenía en su poder el documento. Díaz, que estaba en una reunión en Barcelona con empresarios evitó entrar en detalles sobre qué pasaría con los agentes de los cuerpos de seguridad - sólo remarcó remarcó que “no caben amnistías que vulneren los derechos humanos ni crímenes de lesa humanidad”- ni sobre el tipo de delitos contemplados.

La respuesta llegó cuando El Periódico de Catalunya y El Nacional adelantaron el contenido de los dos artículos de los que consta el borrador de proyecto de ley. A falta de conocer todo el texto del dictamen y las posibles puntualizaciones que puede hacer, el documento no detalla el número de personas que podrían acogerse a la amnistía y, según fuentes de la Generalitat, no responde al vacío sobre como blindar su aplicación una vez se apruebe. La propuesta de Sumar apuesta porque la norma se aplique desde el 23 de enero de 2013, cuando el Parlament aprobó la declaración de soberanía y, por tanto, quedarían incluidos el expresident Artur Mas y los tres exconsejeros condenados por la consulta soberanista de noviembre de 2014 (9-N). No tendría cabida el caso de Laura Borràs, que Junts considera una “represaliada” y que fue condenada a cuatro años y medio de cárcel por falsedad en documento oficial y prevaricación administrativa.

El PSOE no ha tardado en desmarcarse del contenido de la propuesta de sus socios. Lo hizo primero el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, al responder desde Barcelona que los socialistas no se ven reflejados en un documento que, según él, “es respetable”. Y después, Sánchez, que desde la cumbre de líderes de la UE en Granada ha pronunciado por primera vez la palabra “amnistía” y admitía “conocer” el documento. El líder del Ejecutivo en funciones, sin embargo, ha restado importancia al dictamen de su socio al ponerlo al mismo nivel que la iniciativa de otros grupos políticos. “Conocemos la propuesta de Sumar, como conocemos la de otros partidos en relación con la amnistía. No deja de ser una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales. Conocemos todas esas propuestas, pero quiero decir que no es la posición del PSOE”, ha puntualizado.

En sus declaraciones a periodistas, Díaz había dado a entender que los socialistas estaban al tanto del informe, al señalar que trabaja “coordinada” con el presidente. En los últimos dos días, la líder de la formación izquierdista, muy activa desde la noche del 23-J tratando de acercar posturas con Junts, ha desembarcado en Barcelona para iniciar una ronda de contactos que tienen entre sus objetivos prioritarios el tratar de escenificar un consenso social en torno a la amnistía. Es decir, un pacto que vaya más allá del mero acuerdo entre partidos políticos y que, contra el relato desplegado por las derechas, obtenga una legitimidad mayor entre la ciudadanía. Si el jueves se reunía con los sindicatos UGT y CC OO —que mostraban su respaldo a los planes de la vicepresidenta—, este viernes lo ha hecho con la patronal Pimec.

En el independentismo, la respuesta también ha sido desigual. ELleurodiputado de Junts per Catalunya Toni Comín —interlocutor con Sumar en las conversaciones para la investidura— ha trasladado esta propuesta de ley a la dirección de la formación independentista. Junts ha publicado un comunicado donde agradece a Sumar su “implicación e interés en la voluntad de llegar a un acuerdo” y se compromete a hacer un análisis detallado y dar una respuesta “de la manera más inmediata posible”. La reacción de ERC ha sido más fría.
“Tenemos asumido que la amnistía es un hecho, y lo que se necesita es seguir trabajando para soluciones, para el entendimiento y para queclos catalanes puedan decidir su futuro”, ha dicho el president Pere Aragonès, intentando así trasladar de nuevo el foco al referéndum.

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Para sostener la amnistía, la propuesta de Sumar aplica el criterio del derecho internacional que excluye los delitos de lesa humanidad como la tortura o los delitos contra la integridad moral. Ese era el guion que ha defendido desde el principio Jaume Asens, exdiputado y el negociador designado por Sumar. El plan excluiría, por ejemplo, al policía acusado de haber disparado una bala de goma que provocó la pérdida de un ojo a Roger Espanyol, un joven que participó en la defensa de las urnas el 1-O. Dentro del independentismo el debate está abierto en este punto y la publicación de la propuesta seguramente obligará a tomar posiciones.

Reunión entre el PSOE y ERC

Pero no es solo Díaz la que aumenta su agenda catalana estos días. Bolaños también ha aprovechado su visita para reunirse con Josep Maria Jové, el jefe de filas de los republicanos en el Parlament y uno de los miembros de la mesa de diálogo entre Ejecutivos. El encuentro, que no estaba previsto en la agenda de ninguno de los dos representantes políticos, ha sido adelantado por El Nacional. Fuentes de ambas partes lo confirman aunque oficialmente ni socialistas ni republicanos descartan pronunciarse al respecto.

El ministro y Jové, uno de los posibles beneficiarios de la amnistía al estar siendo investigado por la organización del 1-O, comparten en sus respectivos partidos con el papel de ponerse al frente de negociaciones complicadas. El encuentro coincide con el anuncio de Sumar pero llega una semana después de que ERC tensionara las negociaciones al vincular el voto afirmativo a que Sánchez aceptara comprometerse a avanzar en las condiciones para celebrar un referéndum y lograra, con Junts, que el Parlament aprobara una resolución instando a esa condición.

El catedrático de Derecho Penal Nicolás García Rivas, uno de los autores del documento, se encargará de presentar el informe jurídico, según fuentes de Sumar. También intervendrán el exdiputado de Catalunya en Comú Podem Jaume Asens, pieza clave en las negociaciones sobre la amnistía, y la propia Díaz, que clausurará el encuentro. Al acto, previsto para las siete de la tarde en el Ateneo barcelonés, acudirán juristas como el profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urías, el catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo, o la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona Mercedes García Arán, según detallan en Sumar.

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