El Gobierno se lanza a negociar la amnistía a los independentistas encausados desde 2013

Una vez que Pedro Sánchez ha pronunciado por primera vez la palabra “amnistía” tras evitarlo durante semanas, queda poco margen para ocultar que el Gobierno se ha lanzado abiertamente a una negociación con Junts y ERC centrada en ese perdón que hasta ahora se ha desarrollado de manera soterrada. El presidente en funciones y líder del PSOE que ha recibido el encargo del Rey de formar Gobierno dejó patente este viernes en Granada, tras pronunciar la palabra proscrita, que existen varias propuestas sobre la ley de amnistía y que la conocida este viernes de Sumar, por la que se plantea amnistiar a los políticos del procés desde 2013, no es la única. Y tampoco es la del PSOE. Esa fecha de 2013 para arrancar la amnistía estaba en la iniciativa que ya propusieron ERC y Junts en 2021 y fue rechazada por el Congreso. Los socialistas no quieren aclarar a qué fechas estaría limitada su propuesta de amnistía.

En todo caso la amnistía es el eje de la negociación, algo que quedó claro en las palabras de Sánchez, pronunciadas de forma solemne con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a su lado, y ya señalaban en privado las fuentes consultadas. Mientras el PSOE guarda su propuesta con celo en la negociación con Junts, el partido de Carles Puigdemont, Sumar ha puesto sobre la mesa un articulado que prevé que se puedan beneficiar todos los políticos que, desde la celebración de la consulta del 9-N, han estado relacionados con el órdago secesionista. La plataforma liderada por la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, hizo llegar este viernes su iniciativa a la formación de Puigdemont, antes de la presentación oficial de la misma el próximo martes en Barcelona. El texto de Sumar también plantea que los agentes de la policía que participaron en las cargas del 1-O puedan beneficiarse, salvo los imputados por delito de integridad moral porque se entiende que actuaron con ensañamiento. Ese último punto seguramente será el más polémico dentro del secesionismo que de momento también ha reaccionado de manera desigual: Junts ha celebrado la propuesta mientras que en ERC insisten en que la amnistía “ya está hecha”.

Sánchez sigue cuidando las palabras sobre la oferta de los socialistas, ante el riesgo de que la negociación salga mal y tenga muy difícil una marcha atrás ante la prensa en una posible campaña obligada por una eventual repetición electoral. Pero este viernes dejó patente que el PSOE ya está claramente abierto a la amnistía y que son los socialistas los que llevan directamente los debates con los independentistas. De este modo, no se sienten concernidos por los movimientos que pueda hacer Díaz, ya sea visitar a Carles Puigdemont o plantear a Junts una propuesta de redacción de ley de amnistía. Sánchez evitó de nuevo criticar abiertamente a su aliada de coalición, dejando caer que conoce de antemano todos sus movimientos, por lo que hay más coordinación entre ellos de la que podría parecer.

Díaz avanzó este viernes por la mañana en una entrevista con Ràdio 4 que el próximo martes hará pública su propuesta en Barcelona. Después, la líder de Sumar, tras una reunión en Barcelona con empresarios, evitó entrar en detalles del informe de su equipo de juristas —solo remarcó que “no caben amnistías que vulneren los derechos humanos ni crímenes de lesa humanidad”— ni sobre el tipo de delitos contemplados. La respuesta llegó cuando El Periódico de Catalunya y El Nacional adelantaron el contenido de los dos artículos de los que consta el borrador de proyecto de ley. A falta de conocer todo el texto del dictamen y las posibles enmiendas, el documento no detalla el número de personas que podrían acogerse a la amnistía y, según fuentes de la Generalitat, no responde al vacío sobre como blindar su aplicación una vez se apruebe. La propuesta de Sumar apuesta por que la norma se aplique desde el 23 de enero de 2013, cuando el Parlament aprobó la declaración de soberanía y, por tanto, quedarían incluidos el expresident Artur Mas y los tres exconsejeros condenados por la consulta soberanista de noviembre de 2014 (9-N). No tendría cabida el caso de Laura Borràs, que Junts considera una “represaliada” y que fue condenada a cuatro años y medio de cárcel por falsedad en documento oficial y prevaricación administrativa.

Sánchez respondió a preguntas de los periodistas sobre la propuesta de Sumar tras la cumbre de Granada clausurada este viernes, al lado de Michel y Von der Leyen. El presidente en funciones ofreció por primera vez una explicación de lo que supondría la amnistía: un punto final a las consecuencias judiciales del procés. Y lo dijo en tono positivo, amparándola, aunque evitando mojarse del todo. “Conocemos la propuesta de Sumar como la de otros partidos en relación con la amnistía, que no deja de ser una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales de la situación que vivió España con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia en 2017″, dijo Sánchez. “No es la propuesta del PSOE, no es la posición del PSOE”, remató para dejar claro que los socialistas no se sienten condicionados por esta iniciativa. Pero a partir de ahí, defendió abiertamente que está haciendo lo que tiene que hacer: buscar una mayoría. “Los españoles han hablado, nuestro deber es tratar de lograr cuanto antes un Gobierno. Entiendo que me pregunten cuál va a ser el acuerdo. Estamos en plena negociación. No habrá acuerdo hasta que todo esté acordado. Esto se aplica en todos los ordenes de la vida en la política”.

Sánchez insistió en su empeño de buscar una mayoría que le permita formar Gobierno. Cuando le preguntaron si enviará a alguien de la dirección del PSOE a reunirse con Carles Puigdemont, como ha publicado este viernes EL PAÍS, Sánchez no contestó, pero tampoco cerró esa puerta. “Estamos en el proceso de negociación, los españoles ya han hablado. Este es el reparto de fuerzas que hay, ahora tengamos un gobierno estable. ¿La noticia es que estoy negociando para mi investidura? Es lo lógico para cumplir con el mandato de los españoles”, se justificó. “Lo que voy a hacer son políticas de progreso y avances sociales. La situación en Cataluña está infinitamente mejor que en 2017. Cuando tengamos acuerdos, los daremos a conocer. Y serán públicos, sancionados por la mayoría del Congreso, y si la oposición quiere recurrirlos al Tribunal Constitucional, también se tendrá que pronunciar. Esto es, plena normalidad democrática”.

Con información de Paula Chouza y Camilo S. Baquero