Sumar presiona para incluir la reducción de la jornada laboral en el acuerdo de gobierno con el PSOE
Yolanda Díaz reclama también que se prorrogue el impuesto extraordinario a la banca
Sumar ya tiene proyecto estrella para el nuevo pacto de coalición. Si en la anterior legislatura las medidas fundamentales reivindicadas por Unidas Podemos fueron la subida del salario mínimo —hasta un 47% ha crecido desde 2018— y sobre todo la reforma laboral abanderada por Yolanda Díaz, esta vez la gran apuesta de Sumar en la negociación con el PSOE será la reducción de la jornada laboral en una hora al día: de ocho a siete a lo largo de la legislatura, arrancando con una reducción en 2024 de 40 horas semanales a 37,5. El acuerdo aún no está cerrado, aunque, según fuentes de la negociación, podría llegar en cualquier momento. Las conversaciones se han intensificado y ambos partidos se habían comprometido a tenerlo listo en octubre.
La jornada laboral de ocho horas al día se mantiene en España desde hace más de 100 años, cuando se logró tras la famosa huelga de La Canadiense en 1919. Pero entonces se trabajaba seis días a la semana. La jornada de 40 horas semanales, ocho horas al día, cinco días a la semana, con dos de descanso, llegó en 1983, y está incorporada al Estatuto de los Trabajadores. Desde entonces no se ha reducido la jornada semanal máxima en el Estatuto, al contrario que en otros países europeos, y solo se ha pactado en algunos sectores o empresas y en la administración pública. Ahora Sumar quiere incluir la reducción para todos los trabajadores de forma progresiva, primero a 37,5 y después bajando hasta 35 tras una negociación con patronal y sindicatos, como la reforma laboral.
Sumar presiona en privado, pero también públicamente para reducir ese máximo legal en una hora diaria a lo largo de la legislatura y que eso se convierta en un elemento central del acuerdo de Gobierno. Al tratarse del hermano pequeño de la coalición, que no aspira a tener los ministerios llamados de Estado (Exteriores, Interior, Defensa, Justicia) ni tampoco algunos clave de la política económica (Economía, Hacienda, Energía), el acuerdo de Gobierno es el lugar en el que Sumar puede arrancar compromisos de política económica y social que en algunos casos desarrollarán sus ministros —sobre todo si mantiene Trabajo y Derechos Sociales, lo más probable— pero en otros lo harán los socialistas.
El acuerdo de Gobierno, en el que llevan trabajando el PSOE y Sumar desde el verano, es pues, una especie de contrato de la coalición y el gran escaparate en el que grupo de Díaz puede mostrar a sus electores la utilidad de estar en el Ejecutivo para lograr que se cumplan los hitos de política progresista que se fijen ahí.
El de la reducción de la jornada laboral —para mejorar la conciliación, pero también la productividad—, es una de las grandes promesas de campaña de Sumar. Según fuentes del PSOE, nada está cerrado, pero es posible que este compromiso que entre de alguna manera en el acuerdo de Gobierno, aunque siempre en los matices estará la clave. Ernest Urtasun, portavoz de Sumar, insistió este jueves en La Sexta en que es fundamental incluir este asunto en el acuerdo de Gobierno. “Ha llegado el momento de reducir la jornada laboral en España. No es de recibo que llevemos 40 años con la misma jornada laboral. Los países que concilian mejor son más productivos. Los países que reducen su jornada laboral, como Francia, tienen menor tasa de paro. Vamos a insistir mucho para que esté en el acuerdo de Gobierno”, avisó Urtasun.
El impuesto a la banca
Otro asunto que también quiere incluir Sumar en ese acuerdo es el de la prórroga del impuesto a la banca. En un día en que se conocieron los beneficios de nuevo récord de la banca, incluso después de pagar el impuesto extraordinario, Yolanda Díaz dijo que Sumar “está insistiendo” en las negociaciones con el PSOE para que el impuesto a la banca, que se aprobó de forma extraordinaria para aplicarlo dos años —2022 y 2023—, se prorrogue.
“La pregunta que nos tenemos qué hacer es quién gana y quién pierde. El PP rescató a la banca. Nosotros apostamos por mantener este impuesto”, dijo Díaz tras recordar que los enormes beneficios de las entidades financieras llegan en un momento de gran dificultad para las familias por la subida de tipos de interés, que está provocando ya un ligero aumento de la morosidad. “Se está produciendo una gran transferencia de rentas de las familias a las entidades financieras”, aseguró la vicepresidenta segunda.
El impuesto a la banca, que junto a la tasa a las grandes energéticas y el impuesto a las grandes fortunas, fue la gran medida que marcó en el verano de 2022 el giro progresista del Gobierno de Pedro Sánchez —unas semanas después del varapalo del PSOE en las elecciones andaluzas—, se planteó como algo excepcional para los ejercicios de 2022 y 2023. La banca lo rechazó de plano, y también el PP, aunque luego matizó. El sector financiero lo llevó a los tribunales y aún está pendiente de resolución. Se esperaba recaudar 1.500 millones anuales y, según datos del Gobierno, se va a conseguir. El impuesto ha reducido los potenciales beneficios, pero, aun así, los que están declarando las entidades siguen siendo récord, sobre todo gracias al aumento de los tipos de interés y a la recuperación de la economía.
Los socialistas no se han pronunciado sobre la posibilidad de prorrogar este impuesto, pero distintas fuentes consultadas señalan que no es lo más probable porque siempre se dejó claro que era algo temporal y extraordinario. Prorrogarlo rompería esa promesa y podría suponer también problemas legales, según teme el sector socialista, porque el impuesto se ha justificado jurídicamente como algo excepcional.
