Sánchez busca garantías de estabilidad para una legislatura ante la mayoría más difícil de la democracia

Todos los protagonistas han llegado ya tan lejos, que un fracaso a estas alturas sería una catástrofe. Todo es tan difícil, que solo puede salir bien. La negociación para la investidura de Pedro Sánchez vive un momento de incertidumbre, en el que los mensajes que se emiten desde el epicentro de las discusiones empiezan a ser de cierta alarma. “No es pesimismo, es realismo. Es muy difícil. Pero seguimos confiando en que saldrá”, resume un miembro del Gobierno. “Es una negociación muy compleja y exige su tiempo”, señala otro. “Las corrientes de fondo son las mismas, pero es muy complicado”, resume uno más, que recuerda así que la lógica política hace pensar que se resolverá el puzle, porque todos ganan mucho si se logra y pierden si no —la coalición se queda sin Gobierno y se arriesga a que sume la derecha, pero los independentistas pueden perder toda su capacidad de influencia y se quedarían sin amnistía—.

Sin embargo, el problema es encontrar un punto de encuentro que satisfaga a todos. Los mensajes que llegan de los independentistas no son muy diferentes. “Estamos lejos”, insisten. Nadie habla de ruptura, pero tampoco encuentran de momento la salida del túnel.

En este contexto, en el que la negociación parece atascada especialmente por una cuestión de desconfianza y de garantías —Junts insiste en el “mecanismo de verificación” que parece muy complejo de articular, mientras los socialistas reclaman que renuncien a la unilateralidad, algo que el propio Carles Puigdemont se encargó de descartar este sábado en las redes sociales, apelando de nuevo a lo que dijo el pasado 5 de septiembre—, Sánchez ha dejado claro a todos sus interlocutores en la ronda con portavoces de esta semana que no está buscando un pacto de investidura, como en 2020, sino de legislatura. El acuerdo, dicen los socialistas, debe incluir al menos los primeros Presupuestos.

El PSOE no está dispuesto a dar el triple salto mortal que supone aprobar una ley de amnistía y dar un giro radical para acabar con todos los procesos judiciales en marcha alrededor del procés sin una garantía de que dos meses después no vivirá un infierno parlamentario que acabe llevando a unas elecciones anticipadas después de un desgaste brutal que podría abrir paso definitivamente a la derecha. Sánchez está dispuesto a dar todos los pasos necesarios, también los simbólicos: esta semana llamó a Oriol Junqueras, líder de ERC, con el que no mantenía una conversación larga desde antes del procés, hace más de seis años, y se reunió con todos los grupos salvo Vox, incluido Junts y Bildu, dos fotos delicadas. Pero a cambio quiere estabilidad y garantías.

Con ERC las cosas avanzan más, especialmente tras la conversación entre los líderes, en la que quedaron claras las tres exigencias de los republicanos: amnistía, que dan por hecha, pacto económico, con transferencia de los trenes de cercanías, y un horizonte de solución para el conflicto político, con la revitalización de la mesa que se pactó en 2020. Pero con Junts todo parece más atascado, y los mensajes que trasladan Puigdemont y Míriam Nogueras, la portavoz parlamentaria y persona de su máxima confianza, indican que ellos no se mueven de la posición que marcó el líder el 5 de septiembre, hasta el punto de que ella le entregó a Sánchez una transcripción de ese discurso, por si había dudas.

Sánchez ha vivido una legislatura durísima, y la que viene puede ser aún peor, porque sus números en el Congreso son los más complicados desde la recuperación de la democracia con la aprobación de la Constitución en 1978. Por eso busca una cierta estabilidad parlamentaria. El líder del PSOE tuvo que gestionar la pandemia más grave en un siglo, que dejó miles de fallecidos y obligó al confinamiento varios meses de todo el país. La economía española se contrajo un 11%, el mayor desplome desde la Guerra Civil. Al final del túnel llegó otro zarpazo, el de la guerra de Ucrania, que disparó la inflación hasta el 10,8%, la más alta en cuatro décadas. Además, la rebaja de condenas y liberación de delincuentes sexuales beneficiados por los efectos indeseados de la ley del solo sí es sí amenazó con romper el Gobierno. Por eso, Sánchez persigue esta vez un pacto de legislatura que no tuvo en la pasada. Un escenario que el PNV, abierto a apoyar al menos esos primeros Presupuestos vinculados a la investidura, considera lógico. Y que Bildu también acepta. Pero ERC y Junts de momento se resisten a ese gran acuerdo.

Desde las elecciones generales de 1977, nunca un Gobierno tuvo unos números tan ajustados. Adolfo Suárez y su UCD ganaron en 1977 y 1979 las elecciones generales con 165 y 168 escaños. Las dificultades del primer Gobierno de José María Aznar, con 156 escaños, se solventaron con el apoyo estable, con pacto de legislatura, de los nacionalistas del PNV y CiU. Ahora, los 152 escaños del PSOE y Sumar dejan a Sánchez a 24 votos de la mayoría absoluta, y con un bloque de oposición estable de 171 votos (PP, Vox y UPN).

A Sánchez no le sobraría ni un socio: ERC y sus siete escaños, los siete de Junts, los seis de EH Bildu, los cinco del PNV y el del BNG. En el mejor de los casos, podría aspirar a una mayoría de 179, incluyendo el voto de Coalición Canaria, reacio a una amnistía a los encausados del procés y que como mucho se abstendría en la investidura, pero que se ha ofrecido a colaborar durante la legislatura. Si le falla cualquiera de esos grupos, Sánchez puede perder muchas votaciones, algo que no le pasó prácticamente nunca en la pasada legislatura, que se auguraba muy inestable y acabó con tres Presupuestos y 200 leyes aprobadas.

“Sin duda es la negociación más difícil que ha tenido un Gobierno y la más difícil que ha tenido Pedro Sánchez. Hay que alinear a muchos actores y siendo respetuoso, porque entre algunos de ellos no hay buena relación. Es un equilibrio complicado”, resume un ministro. En este contexto, el papel de Sumar, que con sus 31 escaños resulta clave para cualquier mayoría —tiene más que todos los demás aliados juntos— es relevante. La vicepresidenta y líder de este grupo, Yolanda Díaz, está teniendo un gran protagonismo que sienta mal en algunos sectores del PSOE; pero que, según fuentes de Sumar, está coordinado con el presidente.

Además, en Sumar aseguran que Díaz y Jaume Asens, que tiene contacto directo con Junts, están empujando a favor del acuerdo con los pasos que van dando. Sánchez se ha desvinculado de alguno de ellos, como el informe presentado esta semana sobre la constitucionalidad de la amnistía, pero en ningún momento critica a Díaz, lo que refuerza esa idea de la discreta coordinación. En Sumar asumen que puede haber algún desgaste por dar pasos arriesgados, pero creen que lo importante es impulsar la negociación. “Es una cuestión de responsabilidad, de interés general, ahora no hay que mirar las encuestas”, resumen fuentes de esta formación.

Empieza así una semana en la que los más optimistas esperaban poder tener listo el acuerdo e incluso poder celebrar la investidura, y, sin embargo, no hay síntomas de que sea inminente. “Avanzamos con todos, pero con nadie está hecho”, resumen en La Moncloa. “Podemos estar aquí hasta el último día”, avisó Gabriel Rufián (ERC), en referencia al 27 de noviembre, la fecha límite antes de la repetición electoral.

A partir del lunes se intensificarán las negociaciones, pero la prueba más evidente de que hay atasco es que el presidente lleva semanas anunciando que, en cuanto pueda, hablará claro y explicará su posición, pero sigue sin hacerlo. Primero dijo que lo haría después de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo. Después, que sería cuando acabara la ronda con los grupos. Las dos cosas han pasado. Pero el viernes ni siquiera comparecieron portavoces del PSOE, se limitaron a mandar un comunicado. La gran explicación de Sánchez está pendiente. Tanto como el acuerdo más difícil de los últimos años. Queda poco más de un mes para llegar a la zona crítica, pero nadie parece querer apurarlo. Todos saben que alargar el proceso aumenta el riesgo de fracaso.