Los nebulosos límites de la amnistía

Junts per Catalunya y Esquerra Republicana han dejado meridianamente claro al PSOE que exigirán la amnistía para los encausados del procés como requisito indispensable para investir a Pedro Sánchez. Los republicanos subrayan que se trata de una “línea roja”, y el partido de Carles Puigdemont avisa de que nadie malinterprete su apoyo a la socialista Francina Armengol para presidir el Congreso porque la amnistía sigue siendo una condición ineludible. Al complejo y controvertido encaje constitucional de la medida se le añade otro problema: los partidos independentistas no aclaran a cuántas personas podría beneficiar y ofrecen lecturas muy dispares. Junts, de entrada, incluye en la relación de potenciales beneficiados por la ley de olvido y extinción de los delitos a Laura Borràs, presidenta del partido y condenada por corrupción.

Las dos formaciones y la CUP ya impulsaron en 2021 una proposición de ley de amnistía, que no llegó a pasar el corte en la Mesa al alegar los letrados de la Cámara que infringía el artículo 62 de la Constitución que prohíbe los indultos generales. El PSOE se alineó entonces con PP y Vox para frenar la tramitación del texto, mientras Unidas Podemos la apoyó. Junto al referéndum, el independentismo siempre ha reivindicado la amnistía para los cientos de encausados, al sostener que el llamado conflicto catalán es de naturaleza política y que debe salir del ámbito de la justicia.

Al complejo encaje constitucional de la medida, los partidos independentistas discrepan y ofrecen datos vagos sobre el alcance de la misma

El acuerdo firmado entre el PSOE y ERC, que permitió que los republicanos votaran el jueves a favor de la designación de Armengol apela, en su tercer punto, a que el Estado se compromete con “el fin de la represión” relacionada con el 1-O contra el independentismo por las “vías legales necesarias”. Patxi López, portavoz socialista, aclaró tras la sesión que el documento se refería a que sea la política la que debe resolver los problemas y que no se derive todo a los tribunales. Oriol Junqueras, presidente de ERC, puntualizó, tras intervenir en una conferencia en la Universitat Catalana d’Estiu, en Prada de Conflent, en Francia, que la mención de las vías legales necesarias se tiene que traducir por amnistía.

El debate jurídico está servido porque desde los letrados del Congreso a expertos jurídicos discrepan sobre si la amnistía es o no viable. Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la UB, la considera “discutible” porque anula la atribución del poder judicial de juzgar y ejecutar lo juzgado. No tiene dudas sobre ello el independentismo, que recuerda que la Constitución no la prohíbe. La diferencia entre indulto y amnistía se basa en que el primero es una medida de gracia del Gobierno a personas condenadas, mientras la segunda es de carácter general y supone pasar página y olvidar además los antecedentes penales.

La futura negociación entre el PSOE y Junts y ERC partirá de dos incógnitas: ese controvertido encaje legal y las dudas sobre a cuántas personas beneficiaría la medida entre condenados y procesados. Y también a quienes. ERC siempre ha negado que el caso de Laura Borràs tenga nada que ver con el procés y lo tacha de corrupción. Pero Miriam Nogueras, portavoz de Junts, afirmó ayer, en una entrevista en la agencia ACN, recogida por Nació Digital, que la ley debe amparar a “todas las personas” que durante el procés fueron afectadas “por la injusticia española”, incluida Borràs. La expresidenta del Parlament fue condenada a cuatro años y medio de cárcel por fraccionar contratos, aunque la misma sentencia planteó un indulto parcial para evitar que entrara en prisión.

El recuento de Òmnium arroja que unas 600 personas podrían beneficiarse

La cifra de afectados, en cualquier caso, es variable. La propia Borràs avisó de que no habrá investidura si no hay amnistía para los “4.200″ encausados. Pero ese dato no cuadra con el que maneja Òmnium, la entidad independentista que hace un año comenzó a elaborar un detallado mapa digital que busca evaluar la situación de las diferentes personas que han tenido problemas judiciales, policiales o administrativos a raíz del procés. La entidad sí alude a 4.230 personas “represaliadas” desde 2017, repartidas así: 1.432 por causas judiciales; 1.689 víctimas de la “violencia policial” y 1.200 del “ahogo económico” por el Tribunal de Cuentas o destituidos tras la intervención de la autonomía catalana en aplicación del artículo 155 de la Constitución en 2017. El capítulo de las causas judiciales incluye a los líderes del procés indultados parcialmente, que continúan inhabilitados y cuyo caso está en los tribunales europeos.

Según los datos de Òmnium, de los más de 1.400 casos, 700 han sido archivados por falta de pruebas o indicios y 200 ya han sido juzgados con un balance parejo entre condenas y absoluciones. Quedarían ahora unas 500 personas más con causas abiertas pendientes de juicio o de ser procesadas. Por lo tanto, según este recuento de la entidad privada, los eventuales beneficiarios de una amnistía podrían llegar a ascender a unas 600 personas, la inmensa mayoría anónimas. Otro detalle no menor a tener en cuenta es que los independentistas en ningún momento aluden a personas encausadas de fuera de sus filas, como los policías juzgados por las cargas policiales del 1-O. El debate sobre una amnistía también situaría bajo los focos a estos funcionarios.

“Cuando hablamos de una ley de amnistía pensamos absolutamente en todos los represaliados en la causa general contra el independentismo”, dice Teresa Jordà (ERC)

Esquerra no da cifras, pero en apenas 24 horas ofreció tres lecturas diferentes sobre a quiénes se debería aplicar la amnistía. Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, la ciñó a aquellos encausados que organizaron el 1-O. La Fiscalía reclama entre seis y siete años de cárcel, respectivamente, para Josep Maria Jové, presidente del grupo de ERC en el Parlament, y Lluís Salvadó, presidente del Puerto de Barcelona, ambos de la máxima confianza de Oriol Junqueras. En sus declaraciones en Francia, el líder de ERC abrió el foco y sostuvo que debe beneficiar a todos los casos que comporten prisión. Varios acusados han sido condenados con años de prisión por atentado a la autoridad, desórdenes públicos y lesiones. La Fiscalía ha solicitado muchas veces penas de cárcel por los altercados en las movilizaciones para celebrar los sucesivos aniversarios del 1-O y contra la sentencia del procés, de octubre de 2019.

Teresa Jordà, diputada de ERC, asegura que ya ha hablado con el PSOE de la amnistía y que confía en que salga adelante, al tiempo que alerta de que es una “temeridad” dar por sentado que apoyarán la investidura de Sánchez. Y sube más el listón. “Cuando hablamos de una ley de amnistía”, subraya, “pensamos absolutamente en todos los represaliados en la causa general contra el independentismo. Nunca tendría que haber pasado. Lo único que hicimos fue defender la democracia”.

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