La posverdad de amnistiar a 3.000 “represaliados”

El independentismo ha crecido con multitud de eslóganes que han calado en el imaginario colectivo en Cataluña. Son conceptos como “derecho a decidir”, un eufemismo de la autodeterminación, o “Estado autoritario”, una de las coletillas habituales del nacionalismo catalán para indicar que España, en su opinión, no es una democracia. Los números mágicos también han sido recurrentes en su propaganda. La última cifra fetiche son los “3.000 represaliados” que la Generalitat pide que el Gobierno amnistíe.

Los números del independentismo suelen ser redondos e impactantes: dos millones de personas se manifestaron en las diadas de Cataluña de 2012 y 2015, según los organizadores, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural; la independencia se conseguiría en 18 meses, prometían Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la desaparecida Convergència en las elecciones autonómicas de 2015; 1.000 heridos, afirma la Generalitat, provocaron los policías antidisturbios que el 1 de octubre de 2017 intentaron requisar urnas del referéndum ilegal de autodeterminación. El nuevo número que aparece periódicamente en boca de los políticos independentistas serían los “3.000 represaliados” por el Estado en más de un centenar de causas judiciales. Pero esa cifra no se corresponde con la realidad.

ERC, Junts y la CUP presentaron el pasado marzo una propuesta de ley de amnistía. El texto, rechazado por la mesa del Congreso, aseguraba: “En noviembre de 2020 había más de 2.800 personas que han estado o continúan encausadas por algún delito que se deriva de la participación en actos relacionados con el 9-N [la primera consulta ilegal sobre la independencia, de 2014], el referéndum de 2017 o las movilizaciones y protestas ciudadanas de respuesta a la represión”. En la presentación de la propuesta de ley, la diputada de ERC Montse Bassa (hermana de la exconsejera condenada en el juicio del procés Dolors Bassa) elevó a 3.000 los potenciales beneficiarios de la medida de gracia: “La respuesta del Estado español a un ejercicio de desobediencia civil y pacífica de más de dos millones de personas ha sido muy grave. Nueve personas en prisión, más en el exilio y 3.000 personas perseguidas judicialmente”, dijo. El vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, comentó el pasado junio en TV3 que “la amnistía sería la solución negociada para el conjunto de los represaliados”. “Quiero recordar que tenemos a más de 3.000 personas perseguidas en Cataluña”, afirmó Puigneró. Se trata además de la propuesta que la Generalitat llevará a la mesa de diálogo entre ambos Gobiernos, que se celebrará en septiembre, según ha dicho en numerosas ocasiones el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

Sin causa judicial abierta

Pese a estas palabras, el perdón general que reclaman los independentistas es imposible porque —según el recuento que aporta Òmnium— la mayoría serían ciudadanos sobre los que no recae ninguna condena o causa judicial abierta. Entre los 3.300 “represaliados” a amnistiar están incluidos: 1.080 personas que según la Generalitat sufrieron lesiones durante el 1-0 por la acción policial (una cifra que está en sí misma en discusión); unos 425 heridos en 2019, también según la Generalitat, por cargas policiales durante las semanas de altercados posteriores a la sentencia del Tribunal Supremo que condenó en octubre de 2019 a los dirigentes del procés; y la entidad suma igualmente a la lista a más de 700 alcaldes denunciados por su colaboración en los preparativos del referéndum ilegal, denuncias que no prosperaron.

El número de personas condenadas en procesos vinculados a la carrera independentista son 44, según Òmnium. Además, indica la entidad, hay seis personas huidas al extranjero para evitar a la justicia española. La entidad secesionista —que preside uno de los condenados y posteriormente indultados, Jordi Cuixart— contabiliza también a más de 56 investigados por el Tribunal de Cuentas, a 31 altos cargos del Ejecutivo catalán vinculados a la organización del 1-O y, sobre todo, sostiene que hay más de mil denunciados a raíz de las manifestaciones de protesta posteriores a la sentencia del Supremo de 2019 que terminaron en actos de vandalismo en la capital catalana y otras poblaciones.

Al margen de la veracidad de estas cifras, ¿se puede hablar de “represaliados”? Los partidos independentistas no tienen ninguna duda: los 3.300 han visto vulnerados sus derechos fundamentales, incluso aquellos que tienen denuncias por quemar mobiliario urbano, los que ocuparon el aeropuerto de El Prat, la autopista AP-7 o la frontera francesa en La Jonquera. Salvador Illa, presidente del grupo parlamentario del Partit dels Socialistes de Catalunya, manifestó el pasado junio que no está de acuerdo: “No me gusta que se hable de represaliados. Somos gente adulta, ya sabían qué se hacían si se saltaban la ley”, afirmó. Amnistía Internacional (AI) no quiere valorar si el uso del término “represaliados” es correcto en este caso y si la cifra es precisa. Eduard Martínez, responsable de relaciones institucionales de AI en Cataluña, afirma que ellos se han centrado “únicamente en los casos vinculados al ejercicio pacífico de los derechos humanos”. “Entre otros”, dice Martínez, “el procesamiento y condena de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart por delitos de sedición, y las víctimas de uso excesivo de la fuerza en el referéndum 1-O y en las manifestaciones postsentencia de octubre de 2019”.

Miguel Capuz, antiguo vicepresidente de la Sección Penal del Colegio de Abogados de Barcelona, niega que se trate de víctimas de un sistema represivo: “En España contamos con muchísimos derechos, pero si cortas una carretera, si tiras piedras a la policía o impides su acción, no puedes esperar que no tenga consecuencias”, dice. El abogado penalista Marc Molins tampoco está de acuerdo con este uso: “El concepto represaliado implica una carga de valor que no comparto. Como represalia se entiende un castigo sin fundamento. Aquí hay procedimientos judiciales con derechos y en el que impera la presunción de inocencia”.

La cifra de los heridos

Molins considera que la lista de los 3.300 “es demasiado heterogénea como para que el derecho la pueda valorar de forma unívoca”. Capuz es escéptico sobre la cifra, y sobre todo duda de la veracidad de que más de mil personas resultaran heridas en la jornada del 1-O. “Por ley, un parte médico por agresión tiene que ser enviado a un juzgado de guardia. Y si aquel día los juzgados de guardia hubieran recibido tantos partes, se sabría”, señala. El departamento de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña precisa que solo los diagnósticos con lesiones graves deben transmitirse al juzgado de guardia, y que no pueden realizarse recuentos precisos.

La campaña de Òmnium a favor de la amnistía está acompañada por un manifiesto firmado por 180 personalidades. Carles Campuzano, exlíder en el Congreso de la desaparecida Convergència i Unió (CiU) y uno de los firmantes del texto, baraja la posibilidad de que los que plantean que la amnistía recaiga en personas sin condenas ni causas judiciales abiertas busquen en realidad algún tipo de reparación, moral o material. “Lo importante”, defiende Campuzano, “es que es necesaria una ley de amnistía porque lo sucedido no es un problema de orden público sino resultado de un conflicto político que el Estado quiso judicializar”.

Otra de las firmantes, Gemma Ubasart, exlíder de Podemos en Cataluña y profesora de Ciencia Política en la Universidad de Girona, opina que el perdón general es necesario, aunque se trate de personas acusadas de vandalismo o de agredir a la policía: “Una amnistía es una decisión política, no judicial, para solucionar un conflicto político. En un contexto de desescalada del conflicto, también hay que contemplar los delitos de orden público que pueden ser inevitables como reacción a una extralimitación judicial y policial”, sostiene.

La viabilidad de una ley de amnistía en el marco constitucional actual genera un intenso debate, incluso en el propio Gobierno: mientras que el PSOE está en contra y considera que requeriría reformar la Ley Fundamental, Podemos defiende que sí es posible. Ubasart cree que una ley de amnistía puede ser una opción, pero no la única, porque el Gobierno, dice, podría encontrar mecanismos de exculpación para una lista pormenorizada de posibles beneficiados.