Laura Borràs y la retórica del trumpismo

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, se ha convertido en una piedra en el zapato del independentismo. Lo es para Esquerra Republicana (ERC) y la CUP –por su negativa a dimitir por presunta corrupción en contra del reglamento aprobado por la Cámara catalana– y también es un contratiempo para su propio partido –Junts per Catalunya– que intenta fraguar una imagen distanciada de actitudes trumpistas tan gratas a un sector de la formación, entre ellas el expresident Quim Torra y la mismísima Borràs. Ambos, a la sombra de un gran almez del jardín del expresident, alumbraron la idea de organizar el primer acto público –el pasado 9 de julio en el Ateneu Barcelonès– en apoyo de la presidenta del Parlament. De esta manera, pretendían que un caso en el que fiscal acusa a Borràs de prevaricación y falsedad documental pasara a ser un ejemplo más de cómo actúa la “represión española”.

El acto público fue un termómetro de los apoyos con que cuenta la presidenta del Parlament. Nadie de ERC o de la CUP, pero tampoco ningún consejero del Govern de Junts acudió al patio de butacas. Borràs explicó que la organización se había improvisado en apenas una semana y que no había querido entorpecer agendas. Lo cierto es que el vicepresidente Jordi Puigneró envió un tuit de apoyo con un lacónico “todo el apoyo para Laura Borràs” desde el refugio pirenaico Ventosa i Calvell, el hombre de la derecha catalana que consiguió un crédito de 60 millones de dólares de la Banca Morgan para apuntalar la causa franquista durante la Guerra Civil. Tres exjefes del Govern apoyaban la causa de la presidenta del Parlament, pero solo uno en directo, Quim Torra. También Carles Puigdemont envió un mensaje grabado desde Bélgica y Artur Mas se limitó a dar su firma entre la de 8.000 independentistas más. El auditorio estaba compuesto mayoritariamente por incondicionales de una forma de hacer política basada en los gestos y la mejor retórica unilateralista del procés. Gestos como los de Quim Torra, que fue inhabilitado por negarse a retirar una pancarta en favor de la libertad de los líderes independentistas presos para hacerlo un par de días después. O el selfi de Borràs, en febrero de este año, en uno de los cortes diarios protagonizados por independentistas en la Meridiana de Barcelona –una de las grandes vías de acceso a la ciudad–, desafiando el cambio de ubicación propuesto por la Generalitat. Posteriormente, la presidenta del Parlament dijo que se opondría a la inhabilitación del diputado de la CUP Pau Juvillà, pero acabó cediendo a la decisión judicial.

Gestos gestual-retóricos que nutren a ese sector del secesionismo empeñado en convertir en causa general contra el independentismo el troceamiento de 330.000 euros –mientras dirigió la Institució de la Lletres Catalanes– en 18 contratos de 18.000 euros cada uno –para no salir a concurso– a un amigo suyo. “Hace puro trumpismo”, afirman desde ERC, para “intentar que un caso de corrupción pase a ser represión política”. Incluso el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se ha mostrado crítico con Borràs y su no dimisión. Carme Forcadell, que estuvo en prisión y precedió a Borràs en el cargo, aseguró hace unos días que si fuera de Esquerra ya no estaría en la presidencia del Parlament. Recientemente, el diputado republicano Gabriel Rufián subrayaba en una entrevista radiofónica: “Estamos hablando de un fraccionamiento de una serie de contratos para un amigo, que es narcotraficante; eso no tienen nada que ver con el independentismo”.

Las últimas revelaciones sobre la “policía patriótica” en su guerra sucia contra el secesionismo dan contexto a Borràs para inscribir su caso –para el que la fiscalía pide 6 años de prisión y 21 de inhabilitación– en la categoría de persecución.

Sin embargo, no todos sus compañeros de viaje independentistas lo ven así. Desde la CUP, que fue impulsora de esa modificación del reglamento que obliga a dimitir a un cargo electo cuando se le abre juicio oral, comparten en buena medida las tesis esgrimidas por Esquerra. De hecho, la modificación del artículo 25.4 del reglamento se pactó entre los anticapitalistas y Junts pel Sí –entonces alianza de CDC, Esquerra e independientes– como un cortafuegos de los secesionistas ante los casos de corrupción que consumían al partido fundado por Pujol. Ahora, Laura Borràs asegura que ese artículo vulnera la presunción de inocencia. Nuevas lecturas para nuevos tiempos. Sin embargo, si Borràs se viera forzada a dimitir, el intento de Jordi Turull –secretario general de Junts– de articular un partido podría verse comprometido. Aunque en el último congreso de la formación Turull fuera el más votado, Borràs sigue teniendo predicamento en un sector del electorado. En Junts, por otra parte, no entusiasma una eventual salida del Gobierno de coalición. Nadie quiere cargar con el sambenito de haber roto la ficticia unidad del independentismo, que es más una suma de intereses. Está por ver hasta dónde va a llegar la presión de ERC y CUP. Junts sabe que fuera del poder hace frío. Hay quienes asumen como mal menor que hay que mantener la frágil y agrietada mayoría que apoya al Govern. Esquerra, por su parte, ha aprendido a convertir en virtud la geometría variable, aunque con los ojos puestos en que la mesa de diálogo dé algún fruto en los próximos seis meses.

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