La llegada de Borràs a la Institució de les Lletres Catalanes disparó el fraccionamiento de contratos

La llegada de Laura Borràs a la dirección de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) en 2013 trajo un cambio notable en las prácticas de contratación del organismo público, dependiente de la Generalitat. El fraccionamiento de contratos menores pasó en un año del 8% al 51%, según un informe de la Intervención del Departamento de Cultura, que advirtió por escrito a Borràs en la primavera de 2014 de que los contratos “no se pueden fraccionar para disminuir su cuantía y evitar así los requisitos de publicidad”. Unos días después, la interventora, Blanca De Gispert, trasladó esas conclusiones en persona a la actual presidenta del Parlament, que las desatendió.

EL PAÍS ha accedido a tres auditorías ―correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015― elaboradas por la Intervención sobre las cuentas del organismo del Govern que promueve la creación literaria en catalán. Los documentos han sido aportados esta semana por el funcionario Roger E., investigado en la causa judicial que ha dejado a la presidenta del Parlament a un paso del banquillo. La dirigente de Junts está procesada por delitos de corrupción ―malversación, prevaricación, fraude y falsedad― por fraccionar 18 contratos, por valor de más de 300.000 euros, para beneficiar a un amigo suyo, el informático Isaías H. Las adjudicaciones presuntamente fraudulentas se extendieron hasta 2017, tres años después de recibir los primeros avisos y uno antes de dejar la dirección de la ILC.

Roger E., que era responsable de gestión administrativa y sigue trabajando en el organismo, puede haber dado la puntilla a Borràs, cuya carrera política pende de un hilo. Hasta ahora, los cuatro investigados se habían acogido a su derecho a no declarar; la presidenta del Parlament, con el argumento de que es víctima de una “persecución política”. El funcionario ha roto el silencio. Tras cambiar de abogado y de estrategia, cree que la mejor forma de evitar una posible pena de inhabilitación ―que le apartaría de la función pública― es contar lo que sabe.

El funcionario prestó la semana pasada una detallada declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), explicaciones que se recogen en los audios que se reproducen en esta noticia.

Explicó que, como máxima responsable de contratación de la ILC, Borràs le daba las instrucciones sobre a quién debía adjudicar los trabajos bajo sospecha. También detalló la reacción airada de la líder independentista tras asistir con ella a la reunión, en persona, en la sede de la Intervención, donde en 2014 le fue trasladada la necesidad de no fraccionar contratos. Roger E. mencionó al juez la existencia de las auditorías ―que había encontrado en un armario― y prometió aportarlas.

Los informes analizan los contratos menores y, en particular, si son “de carácter repetitivo” y si “se desprende fraccionamiento del objeto contractual”, una práctica prohibida por la ley.

El primero de ellos, sobre el año 2013, constata que hay dos adjudicatarios: Isaías H. y una empresa (Xarxa Integral de Professionals i Usuàries) que, según la investigación judicial, fue una de las tapaderas que usó el informático para facturar los trabajos relacionados con el portal web de la Institució de les Lletres Catalanes. Ese es el segundo problema: si el objeto real del trabajo es el mismo, no puede fraccionarse como si se tratara de servicios distintos con el único objetivo de adjudicarlos a dedo y evitar la competencia.

Las alegaciones de Borràs

Laura Borràs firmó la entrega de alegaciones a la Intervención y explicó que los contratos estaban vinculados a “tres grandes actividades” que puso en marcha en 2013 y que estaban “clarísimamente diferenciadas”: una web propia como “escaparate y difusión de la literatura catalana”, la “conmemoración del Any Vinyoli” por el centenario del nacimiento del poeta, y el programa Què llegeixes. Borràs destaca que los dos adjudicatarios (Isaías H. y la Xarxa) han llevado “acciones en la arquitectura, diseño e implementación del portal” de la ILC. “No hay fraccionamiento de objeto, sino que se trata de tareas específicas bien diferenciadas y llevadas a cabo por profesionales diferentes de especialidades informáticas”.

El interventor de 2014 (Ramon Gardó) observa “la posibilidad de fraccionamiento y acumulación” en una lista de los trabajos atribuidos a Isaías H. directamente o a través de intermediarios y aprecia “continuidad de expedientes iniciados en el año anterior”. El de 2015 (Francesc Casanovas) no ve “un porcentaje significativo de fraccionamientos”, pero recomienda “reducir el volumen de gasto contratado de forma directa”, o sea a dedo: 864 por 619.680 euros, todos los de aquel año.

Borràs no solo hizo caso omiso de la intervención, sino también de los propios responsables de la ILC. Assumpta P., responsable de administración, declaró hace unos meses como testigo ante el juez que advirtió en varias ocasiones a la presidenta del Parlament de que los trabajos de Isaías H. “podían estar relacionados” y le “sugirió” la posibilidad de tramitarlos como un solo procedimiento negociado. La directora se negó.

La prueba central: los correos

La principal prueba de cargo de la investigación son los correos electrónicos intercambiados entre Borràs e Isaías H., en los que la presidenta del Parlament le indica cómo facturar y cómo presentar ofertas distintas usando empresas. Las frases de Borràs son elocuentes: “El presupuesto tiene que quedar detallado como si fueran profesionales independientes porque los totales no pueden superar los 18.000 euros (2013). “Por cada presupuesto tuyo, yo he de hacer tres más, con tipografías y formatos diferentes” (2014).

Roger E., el funcionario, también entregará dos archivos de audio que Borràs le mandó en 2018, cuando había sido ya nombrada consejera de Cultura por el president Quim Torra. En el primer audio, de febrero, Borràs le dice al funcionario que ha sabido que los Mossos han acudido a la ILC para pedir expedientes sobre los contratos de Isaías H. Para entonces, la policía autonómica ya estaba tras la pista de las presuntas irregularidades. La dirigente de Junts per Catalunya le pidió que, si volvían allí, le avisara. Los Mossos acabarían registrando unos meses después la sede de la ILC; Borràs afirmó que el consejero de Interior, Miquel Buch, le había informado previamente de que estaba siendo investigada. En el segundo, de junio, ya como consejera de Cultura, se interesó por las facturas pendientes de cobrar de su amigo Isaías.

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