La justicia estrecha el cerco político sobre Laura Borràs

Se redobla la presión sobre Laura Borràs y aumenta la incertidumbre sobre su continuidad como presidenta del Parlament de Cataluña. La dirigente independentista está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por diversos delitos de corrupción relacionados con su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El cerco judicial se estrecha y su posición política queda en entredicho, justo cuando acaba de estrenar la presidencia de Junts per Catalunya, en sustitución de Carles Puigdemont.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha procesado a Borràs por malversación, prevaricación, fraude y falsedad, en un auto muy similar al que ya dictó el pasado marzo. Un auto que fue recurrido por las defensas. En estos meses, uno de los cuatro investigados —el funcionario de la ILC Roger E.— ha declarado y ha aportado al tribunal archivos de audio e informes de auditoría que ponen aún más contra las cuerdas a la dirigente de Junts per Catalunya. Borràs ve cómo se le confirma aquel escenario de marzo, con un pie en el juicio y pendiente de la acusación de la Fiscalía.

La nueva resolución se hizo pública este miércoles, cuando terminaba el pleno del Parlament. Desde el lugar más destacado de la mesa, la presidenta siguió administrando los turnos de palabra y dirigiendo la votación del decreto ley trabajado a toda prisa en el Govern para eludir la sentencia judicial que obliga a prestar un 25% de clases en castellano en las escuelas catalanas. En Comú Podem, como ya estaba previsto, prestó el apoyo necesario a Esquerra y Junts para poder validar la norma en la votación.

Tan pronto como terminó la sesión, el interés quedó fijado en la presidenta de la cámara. Borràs salió del hemiciclo y se paró a departir en un corrillo donde se mezclaban algunas personas de su círculo de confianza, caso del diputado Francesc de Dalmases y de la también diputada y secretaria de la mesa del Parlament, Aurora Madaula. Con ellos se juntó Jaume Alonso-Cuevillas, que fue abogado de Puigdemont y ejerce como catedrático de Derecho Procesal. La conversación tuvo lugar en la zona donde se acostumbran a concentrar varias cámaras de televisión y medios de comunicación, pero Borràs no hizo ninguna valoración de la resolución judicial. Ahora está más cerca de tener que dejar su escaño como diputada en el Parlament. En caso de condena a penas de inhabilitación, la dirigente de Junts tendría que aparcar (aunque fuese temporalmente) su carrera pública. Por la vía administrativa, sin embargo, el final de su trayectoria puede estar aún más cerca.

El artículo 25 del reglamento del Parlament regula la suspensión de los derechos y deberes de los diputados. El apartado 4 fija que cuando un diputado esté implicado en delitos de corrupción, y sea firme la fase de apertura de juicio oral, procede que la mesa acuerde la suspensión de sus deberes y derechos parlamentarios “de manera inmediata”. En los últimos meses, Junts ha tratado de convencer a Esquerra y a la CUP para retocar el precepto. También ha intentado convencer a sus socios de que su causa no puede enmarcarse dentro de un delito de “corrupción” y que, por lo tanto, no se le puede aplicar el artículo 25.4. De momento, sin éxito. Borràs alega que su papel de líder independentista la señala como objetivo de la “represión” del Estado y alienta una persecución judicial contra ella. Un argumento que no convence a Esquerra. Pese a asumir que dejar caer a Borràs en una inhabilitación podría ser el hachazo definitivo para agrietar el Govern, fuentes del partido republicano ponen de relieve que el supuesto que pesa sobre la líder de Junts escapa a una causa general contra el independentismo. Por ello no descartan apoyar que se le aplique el reglamento una vez se abra juicio oral contra la presidenta.

Este miércoles, los dos partidos que son socios en la Generalitat escenificaron buena sintonía en el pleno, incluso con insinuaciones de Junts para aceptar sentarse en la mesa de diálogo que ERC tiene con el PSOE. Sin embargo, en Esquerra no se pasa por alto que Junts tiene abierto un proceso interno para evaluar la conveniencia de seguir formando parte del Govern. La presentación del escrito de acusación de la Fiscalía marcará un punto de inflexión. El ministerio público previsiblemente solicitará penas de prisión e inhabilitación para la presidenta de la cámara catalana.

Desde su llegada al frente de la ILC en 2013, Borràs presuntamente fraccionó de forma artificial contratos para adjudicárselos a dedo a un amigo suyo, el informático Isaías H., con el que había colaborado anteriormente. El importe pagado por la institución cultural de la Generalitat al informático supera los 300.000 euros. El magistrado Josep Seguí concluye que, una vez practicadas las últimas diligencias de investigación —incluida la declaración de Roger E.— hay indicios para afirmar que Borràs defraudó al ente público que promueve la literatura catalana. Los correos electrónicos que intercambiaron Borràs e Isaías H. son la principal prueba de cargo en la causa.

A petición de Borràs, el informático confeccionó presupuestos ficticios que puso a nombre de otras empresas y personas físicas (falsedad documental). El tribunal considera que también se ha producido un fraude en la administración y un delito de malversación porque las facturas presentadas por Isaías y abonadas por la ILC “se hacían con criterios arbitrarios”, lo que pudo suponer un perjuicio para la administración.

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