Sin luz y pagando el ‘banco malo’

La noche de Reyes fue oscura para la mayor parte de los ciudadanos de Badalona que viven en los bloques de la calle Alfonso XII. Se quedaron sin luz hasta el amanecer. El miércoles pasado, sin ir más lejos, el corte fue desde las tres y media de la tarde hasta las 11 de la noche. La anormalidad es normal. Sucede diariamente en los meses más fríos desde hace seis años. Una red obsoleta y los pinchazos por parte de algunos inquilinos sin contador están en la base de estos problemas. El azar quiso que en esta pasada noche de Reyes se cumplieran tres años del incendio ocurrido en el mismo barrio, en el edificio conocido como El Lineal, en el que murieron tres personas y otras 30 resultaron heridas por una toma irregular de electricidad en una vivienda.

Pero esto no sucede solo en el barrio Sant Roc, también se da en otros puntos, como Girona, Figueres o los barrios de Torre Baró y La Mina. Avanza lentamente el acuerdo suscrito en marzo del año pasado entre administraciones, organizaciones sociales y Endesa –hegemónica en Cataluña–, por el que la empresa se comprometía entre otras cosas a instalar contadores allí donde las familias contaran con un informe de vulnerabilidad por parte de los servicios sociales municipales. La situación de precariedad en la que viven muchas familias en Cataluña –el 21,7% de la población se halla bajo el umbral de la pobreza y un 6,2% de hogares viven en privación material severa, según datos del Idescat de 2021– hace que en ocasiones se deba elegir entre pagar el alquiler, los suministros energéticos o comer. Más de 200.000 familias no han podido hacer frente a las facturas del agua, gas o electricidad en los últimos cinco años.

Las primeras condonaciones de deuda contraídas con Endesa por parte de 35.500 familias comenzaron a producirse a finales del año pasado. Afectan a las facturas impagadas entre 2015 y 2018. Desde ese año serán las administraciones las que se hagan cargo del monto. Y solo en los tres primeros trimestres de 2021 la deuda acumulada ya ascendía a 10 millones de euros. Según la OCU, la factura total de un consumidor medio en 2021 se ha elevado un 41% más que la de 2020. A pesar de la subida de tarifas, no ha sido fácil embridar a la compañía que en los tres primeros trimestres del año pasado había obtenido 1.459 millones de beneficios netos y que todavía arrastra en los tribunales casos poco edificantes por presionar a clientes con métodos escasamente ortodoxos. Es la lógica del mercado. Los pobres, además de no pagar las facturas, son molestos para todo. Algunos ayuntamientos incluso se niegan a aceptar la instalación de contadores sociales porque ello supone regularizar las ocupaciones de viviendas de grandes tenedores. El hecho de que solo se requiera el informe de los servicios municipales y no la escritura de propiedad o el contrato de alquiler es puesto en tela de juicio por algunos gobiernos municipales de Cataluña. La Alianza contra la Pobreza Energética afirma que Badalona, Cerdanyola del Vallès, Rubí o Martorell se niegan a dar ese paso por entender que legitiman ocupaciones. Así que entre desidias y prevenciones, hasta el pasado mes de septiembre únicamente se habían instalado seis contadores sociales y todos ellos en la localidad de Sallent (Bages).

A perro flaco todo son pulgas. Badalona gastó el año pasado 811 euros por habitante, según datos de los presupuestos consolidados de 2021, tal como informó en este diario Clara Blanchar. Se trata de la ciudad metropolitana que menos invirtió por ciudadano. Entonces estaba gobernada por el popular Xavier García Albiol que tuvo que dimitir al conocerse que fue apoderado de una sociedad opaca constituida en el paraíso fiscal de Belice. Fue el momentáneo fin de carrera para el hombre que en 2015 acuñó el tuit: “No pueden tener los mismos derechos los vecinos que llevan pagando toda la vida sus impuestos a los que no”.

El pasado jueves la plataforma Sant Roc Som Badalona evitó el desahucio número 28 desde que comenzó enero. Carmen, José y sus hijos María, Puri y José -de entre 15 y nueve años– no fueron expulsados por el fondo buitre Claxton de su piso en la calle Joana de Lestonnac. Hay prórroga hasta el 2 de junio. El caso es que mientras eso sucede, la factura de la Sareb, el banco malo que no debía costar un euro a los contribuyentes, ascenderá entre 2022 y 2027 a 27.721 millones de euros, más 10.000 millones de déficit por las pérdidas acumuladas. La generosa garantía de dinero público extendida por los gobiernos del PP, así como la catastrófica gestión inicial de Belén Romana, ahora en el Banco de Santander, han conducido a esta socialización de pérdidas. Hay pobres que molestan y gestores y políticos que inspiran misericordia y despiertan caridad cristiana. Y lo pagamos todos.