_
_
_
_

El Estado se hará con la mayoría del capital del ‘banco malo’ después de quedarse con su deuda

Bruselas obligó a asumir como público un pasivo de 35.000 millones de euros

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, charlando con la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en el Eurogrupo de este lunes, en Bruselas.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, charlando con la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en el Eurogrupo de este lunes, en Bruselas.JOHN THYS (AFP)
Lluís Pellicer

El Estado se hará con la mayoría del capital del banco malo después de que Bruselas le obligara el año pasado a quedarse con su deuda, de 35.000 millones de euros. El Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto ley que permitirá que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) pueda elevar más allá del 50% su participación en la sociedad creada tras la crisis financiera para drenar los activos tóxicos de las entidades rescatadas. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, sostuvo en Bruselas que el texto legal que se aprobará el martes busca “adaptar formalmente la estructura de gobernanza y la estructura de capital y el funcionamiento de la Sareb a lo que ya es una realidad económica”.

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) se creó en 2012 para dar salida a los activos tóxicos que contaminaban las entidades financieras. El FROB es el accionista mayoritario de la entidad, pero con una participación del 45,9%. El resto del accionariado está repartido en una treintena de empresas del sector financiero y seguros, entre ellos el Santander (22,23%), CaixaBank (12,24%), el Sabadell (6,61%), Kutxabank (2,53%), Ibercaja (1,43%), Bankinter (1,37%), Unicaja Banco (1,27%), Cajamar (1,21%) o Mapfre (1,11%).

Sin embargo, la Sareb está muy lejos de rentabilizar esos activos que se quedó en 2012. El 31 de diciembre de 2020, el valor de mercado de su cartera era de unos 21.000 millones de euros a pesar de que había pagado unos 31.000 millones. Esa diferencia suponía aflorar un patrimonio neto negativo de más de 10.000 millones de euros. Un año antes, ese desfase era de 7.700 millones. A pesar de que Luis de Guindos, ministro de Economía en 2012, repitió una y otra vez que la Sareb no costaría ni un euro al contribuyente, Eurostat determinó el año pasado que el Estado debía integrar en su perímetro su deuda, de unos 35.000 millones de euros.

Tras haber asumido el impacto de la Sareb en su deuda y déficit, el Gobierno quiere que el FROB tenga el control en el accionariado y el funcionamiento de la entidad. El actual marco legal le impide traspasar el 50% de las participaciones, por lo que el Ejecutivo se dispone a cambiar ese umbral. “Se trata únicamente de adaptar el régimen jurídico y la gobernanza a la realidad ya vigente. Es un tema que arrastramos y que responde a las decisiones que adoptó el Gobierno anterior en relación a la crisis financiera”, ha afirmado Calviño a su llegada a la reunión del Eurogrupo en Bruselas.

Si bien está claro que el FROB asumirá la mayoría del capital en las próximas semanas, según fuentes financieras, no está tan clara la fórmula y qué proporción se quedará. Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos explican que se guían con dos máximas: no habrá más ayudas públicas y la operación debe tener el mínimo coste para el contribuyente. Máxime cuando, según el Banco de España, el rescate a las entidades financieras ha costado ya más de 42.500 millones de euros, con fiascos como la venta de CatalunyaCaixa a BBVA, que costó más de 11.500 millones al Estado.

Créditos fiscales de la banca

Fuentes financieras dieron por hecho que el FROB logrará tener más del 50%, puesto que la Sareb no deja de producir pérdidas y la mayoría de las entidades quieren deshacer lo máximo posible esa posición. Muchas de hecho, tienen su participación provisionada. Ahora bien, la banca está estudiando cómo hacerlo para no renunciar a los créditos fiscales diferidos (conocidos por sus siglas en inglés, DTA), que podrían perder si se venden sus acciones. Por ello, estas fuentes señalaron que es posible que varias entidades decidan quedarse con una participación.

El ministerio también resalta que la fórmula de venta no está cerrada. Fuentes financieras sostienen que lo lógico es que la cifra sea simbólica, puesto que esa participación no vale nada o incluso tiene un valor negativo. Pero el departamento que dirige Nadia Calviño sigue estudiando cuál es la mejor vía par cerrar la transacción.

En el momento de su creación, la Sareb emitió 50.781 millones de euros avalada por el Tesoro para adquirir los activos de las nueve entidades financieras que habían recibido ayudas públicas. La idea era ir amortizando esa deuda a medida que iba ingresando por la venta y la gestión de los activos. Sin embargo, una década después de su constitución apenas ha cancelado el 31,2% de esa deuda y todavía debe devolver 34.918 millones de euros que acabó teniendo que pasar al sector público por las demandas de Eurostat.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Lluís Pellicer
Es jefe de sección de Nacional de EL PAÍS. Antes fue jefe de Economía, corresponsal en Bruselas y redactor en Barcelona. Ha cubierto la crisis inmobiliaria de 2008, las reuniones del BCE y las cumbres del FMI. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_