El gasto por habitante de Barcelona dobla el de Badalona o L’Hospitalet

Bucear en los datos sobre los presupuestos de los 36 municipios del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) permite ver las grandes diferencias que hay en el dinero por habitante del que disponen los ayuntamientos. Los presupuestos por persona (con excepciones) también muestran el vínculo entre la renta disponible de los vecinos y la capacidad de gasto sus consistorios: más renta, más disponibilidad de presupuesto; menos renta, menos gasto por habitante.

Por su condición de capital, sus 1,6 millones de habitantes y el hecho de tener más competencias que el resto, Barcelona está un peldaño por encima y gastó el año pasado 2.022 euros por persona. Son datos de los presupuestos consolidados de 2021 que figuran en el Ministerio de Hacienda. En el otro extremo, Badalona contó solo con 811 euros. Es la tercera ciudad catalana (223.000 habitantes). La segunda, L’Hospitalet (264.000 habitantes) también está en la franja baja en gasto: 979 euros.

Siempre según la misma fuente, tras Barcelona, las ciudades que disponen de más de 1.500 euros por habitante son Barberà del Vallès, Begues, Castellbisbal, El Papiol, El Prat, Sant Cugat y Sant Joan Despí. Salvo Barberà, Castellbisbal y El Prat, el resto son municipios con una renta familiar anual disponible por persona muy superior a la media catalana (17.600 euros según el último dato publicado, de 2018).

En cambio, las ciudades con menor presupuesto por persona (menos de 1.000 euros) coinciden (con dos excepciones) con rentas inferiores a la media catalana. Son Badia del Vallès, Cornellà, L’Hospitalet y Santa Coloma de Gramenet. También tienen menos de 1.000 euros Esplugues y Santa Coloma de Cervelló, aunque la renta de sus vecinos es superior a la media catalana.

La capacidad presupuestaria de los ayuntamientos depende de diversas variables, explica el director de servicios de Planificación Económica de la Diputación de Barcelona, Javier Martínez de Morentin. El primero es la población, que marca las competencias, que obligan a los ayuntamientos a prestar servicios y reciben más o menos fondos del Estado: la Participación en los Ingresos del Estado (PIE). La segunda es la estructura socioeconómica: tener empresas, industrias.

Pesan mucho también los impuestos que recaudan. El principal para todos los consistorios es el de Bienes Inmuebles (IBI). Pero también otros, como el de circulación. El valor del parque residencial o automovilístico condiciona mucho estos impuestos. Las cuentas también dependen de la capacidad de generar ingresos, con tasas y precios públicos (el aparcamiento, por ejemplo). Y los municipios también pueden recurrir a las subvenciones finalistas de otras administraciones. Para financiar inversiones pueden recurrir al endeudamiento, añade el experto.

En el caso de Barcelona, también está su Carta Municipal, que prevé mayor financiación. Como gran ciudad, afronta gastos de personas que no viven en ella: turistas o trabajadores. Consciente de las diferencias existentes en el área metropolitana, el concejal de presupuesto, Jordi Martí, recuerda que en España los ayuntamientos gestionan solo entre el 12% y el 14% del gasto público, cuando en Europa disponen de más del 20%.

Sobre el desequilibrio entre el gasto por habitante y la renta disponible, el primer teniente de alcalde de L’Hospitalet, Fran Belver, señala que “desde la transformación de la Gran Via en distrito económico, la segunda ciudad de Cataluña ha pasado también a ser la segunda en puestos de trabajo y en aportación al PIB catalán: esto nos ha permitido tener recursos para atender a la gente”. Belver también menciona la “reforma pendiente de la financiación local” y cita el 14%.

En Badalona, sobre su baja disponibilidad presupuestaria, fuentes municipales apuntan a que en el capítulo de ingresos no se han modificado las ordenanzas fiscales desde 2016 (que ya eran bajas) y al hecho de que no se ha revisado el catastro (y por lo tanto el IBI) desde 1998.