La pobreza energética se recrudece

El alza del precio de la electricidad en plena ola de frío y la pandemia ponen en jaque a los hogares más vulnerables

Una vecina de la Cañada Real protesta contra la falta de suministro eléctrico esta semana.
Una vecina de la Cañada Real protesta contra la falta de suministro eléctrico esta semana.Marcos del Mazo / LightRocket via Getty Images

El precio de la luz ha llegado a subir hasta los 90 euros por megavatio hora en plena ola de frío. Aunque esta semana las tarifas se han desplomado gracias al viento, que impulsa la más barata energía eólica, la combinación de temperaturas bajo cero, el alza en las primeras dos semanas del mes y pandemia agravan la pobreza energética en España. Encender la calefacción es un lujo que muchos hogares con rentas muy bajas o en situación de desempleo no pueden permitirse.

El Informe de actualización de indicadores 2020 de pobreza energética, aunque con datos de 2019, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica, recoge que el 7,6% de la población no puede mantener una temperatura apropiada en su hogar, el 6,6% sufre retrasos en el pago de las facturas de los suministros, el 16,7% de la población tuvo un gasto energético desproporcionado respecto a su nivel de ingresos y el 10,6% de los domicilios estaban afectados por la pobreza energética escondida, esto es, que no gastan energía. En total, 10 de cada 100 hogares en España sufrían pobreza energética en 2019. Son datos, no obstante, que mejoraban las cifras de 2018, y que alejaban a España, con un 7,5% de hogares que no pueden calentarse, de otros países, como Portugal (18,9%), Grecia (17,9%) e Italia (11,1%), según la encuesta de la Oficina de Estadística Euro­stat de 2019.

Pero todo cambió a partir de marzo con la pandemia y, aunque los expertos coinciden en que la pobreza energética ha escalado por efecto de la covid-19, es pronto para conocer en qué grado. Aun así, encontramos algunos indicadores indirectos: desde el mes de abril las solicitudes del bono social eléctrico han crecido a un ritmo de más de 200 peticiones diarias. Esto ha provocado que en agosto del año pasado se superaran los 1,3 millones de beneficiarios, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

“El confinamiento primero, y las situaciones de desempleo o ERTE, el teletrabajo o los ceses de actividad que han venido asociados a la crisis después, han obligado a miles de personas a permanecer muchas más horas en sus hogares y, como consecuencia, a consumir más energía”, argumenta José Luis López, director de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), entidad pionera en el estudio de esta problemática.

También un informe elaborado por el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España y Mutua de Propietarios durante el confinamiento recoge que un 8% de los hogares españoles pasará frío este invierno en sus hogares y un 35% no alcanzará una temperatura de confort.

Retrasos e impagos

Marc Escarrabill pertenece a ese 6,6% de la población que no solo se retrasa, sino que tampoco puede pagar sus facturas; este joven desempleado de 32 años, que vive de alquiler en Vic (Barcelona), sufre pobreza energética desde hace casi tres años y acumula una deuda de 3.900 euros de luz y agua a la compañía energética. En estos momentos se encuentra tramitando el bono social eléctrico: “No ha sido un camino de rosas por el desconocimiento y la escasa información que existe. Si soy soltero, ¿cómo voy a tener el libro de familia que exige la compañía para acceder al bono?”, se pregunta. Ahora, basta también con aportar un certificado de fe de vida y estado en caso de solicitarlo de manera individual.

Para María Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética, entidad que ha asesorado a Marc, “el bono social eléctrico no es una medida ni eficiente ni eficaz; los límites de renta y los descuentos establecidos —del 25% o el 40%— en la factura de la luz dejan a muchas personas fuera”. Pide la creación de otra figura estatal que establezca una tarifa social progresiva en función de los ingresos de ese hogar y prohíba los cortes de suministro.

Desde enero de 2021, con el precio de la luz por las nubes, la situación se complica. La experiencia en atención directa a familias por parte de Provivienda, asociación que trabaja para garantizar el derecho a los suministros básicos de una vivienda, muestra ya un aumento en el número de prestaciones de ayuda. En 2020 asistieron a 360 personas, 150 más que el año anterior. “Solo las medidas establecidas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia, y entre las que se encuentra la moratoria en el pago de los suministros energéticos, evitando la interrupción del suministro en los hogares más vulnerables, puede limitar algo el efecto de la covid-19, aunque queda aún por definir claramente cómo y cuándo los consumidores van a regularizar las facturas con sus compañías comercializadoras, una vez concluya esta moratoria”, puntualiza Fernando Rodríguez, director territorial de Provivienda en Canarias.

Ana León, de Santa Cruz de Tenerife, es una de las beneficiarias de Provivienda: todavía no ha sufrido retrasos en el pago de sus facturas, pero su situación económica (gana apenas 300 euros al mes) y familiar (su marido es pensionista) la convierten en vulnerable energética. “He podido cambiar la nevera por una de clase energética A para aliviar la factura”, dice agradecida.

Desde hace tres años, esta asociación desarrolla un proyecto que tiene como finalidad mejorar el acceso a la energía y contempla una intervención integral ante la pobreza energética, tanto preventiva como paliativa. Además de formar a las familias en hábitos de consumo eficiente y facturación energética, métodos de ahorro de energía y mejora del confort, realiza un diagnóstico de las necesidades energéticas de las viviendas.

La irrupción de la crisis provocada por la covid-19 ha catapultado la figura del gestor energético social, responsable de la optimización de todos los procesos que impliquen consumos energéticos en una vivienda o edificio. Eduardo Linares es técnico en el Punto de Información al Consumidor Energético del Ayuntamiento de El Valle, un pequeño pueblo de 900 habitantes en Granada. Antes, había sufrido en sus propias carnes la pobreza energética. “De cada 10 facturas de luz que veo, 7 están en el mercado libre. Estudio los contratos uno a uno para cambiarlos al mercado regulado, mucho más barato, los firmo con la autorización de sus titulares y me desplazo a las comercializadoras para gestionar el cambio tarifario”, explica Linares.

De esta manera, y en tan solo tres meses, ya ha realizado 380 intervenciones en la factura de la luz (desde cambios a tarifas de mercado regulado, optimización de potencias contratadas, contratación de discriminación horaria hasta la baja de servicios adicionales, como seguros). Todavía 16 millones de contratos se encuentran en el mercado libre, frente a los 11 millones del mercado regulado, según la CNMC.


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