Generalitat y Endesa pactan saldar la deuda millonaria de la pobreza energética

La presión de las entidades sociales ha conseguido este lunes algo que al principio parecía imposible en la lucha contra la pobreza energética. Generalitat y administraciones locales han firmado un acuerdo con la principal compañía eléctrica, Endesa, para condonar la deuda que habían contraído 35.518 familias vulnerables en facturas impagadas desde 2015. El montante asciende a 38,7 millones, de los que Endesa se hará cargo de 28,1 millones. Las partes también han firmado un convenio para evitar que se puedan reclamar futuras deudas a familias vulnerables.

Ha sido un camino muy largo para entidades sociales como la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) o la Taula del Tercer Sector. Tras la firma de un acuerdo que todos han catalogado de “histórico”, las administraciones reconocieron el liderazgo de estas entidades en la lucha para que Endesa desistiera en su reclamación de la deuda de familias vulnerables.

Pero el camino ha sido muy difícil. Cataluña tiene, desde 2015, un marco legal para proteger a las familias vulnerables. La ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, fue aprobada por unanimidad en el Parlament tras la presión de las entidades sociales. La ley impedía que se les cortara la luz a las familias vulnerables, pero sin convenios con las empresas, no podía evitar las reclamaciones que las suministradoras hacían a las familias por las facturas impagadas. El Govern y el Ayuntamiento de Barcelona empezaron a negociar un convenio con las empresas en 2016, después de que una anciana a la que habían cortado la luz muriera en su piso de Reus por un incendio. “Estamos muy orgullosas de haber llegado hasta aquí, porque la ley planteaba un cambio de paradigma, exigir responsabilidades a aquellos que hacen negocio con derechos esenciales”, ha aseverado Maria Campuzano, portavoz de la APE.

El consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Chakir El Homrani, el de Empresa, Ramon Tremosa, representantes del Ayuntamiento de Barcelona y de las diputaciones, y representantes de las entidades sociales y de Endesa han formalizado la firma del acuerdo, que consta de tres documentos: uno sobre la deuda acumulada, otro para establecer un convenio regulador entre el Govern y Endesa (que se renovará cada año), y el último, un protocolo de actuación y coordinación entre administraciones.

El primer punto del pacto llega después de años de intensas negociaciones, presiones y hasta amenazas. La cuerda se ha tensado tanto que en algunos momentos ha estado a punto de romperse, como en verano de 2019, cuando la suministradora envió cartas a centenares de Ayuntamientos avisando de que si las administraciones no asumían la mitad de la deuda de las familias, cortarían la luz. Pese a las tensiones, la emergencia social que se ha vivido con la pandemia de covid 19, y el repunte de la deuda energética que ha conllevado que las familias tengan menos ingresos, han acabado por sentar a todos en la mesa.

El resultado ha sido que la compañía asumirá la totalidad de la deuda generada entre 2015 —cuando se aprobó la ley— y 2018 (17,4 millones), mientras que la deuda de 2019 y 2020 se repartirá a partes iguales entre Endesa (que se hará cargo de 10,6 millones, el 50% del total) y las administraciones (esta mitad la asumirá la Generalitat en un 75% y las administraciones locales en un 25%). El Homrani ha asegurado que con este acuerdo se pone fin a los procesos judiciales por los impagos.

Según el convenio aprobado, la deuda que se acumule a partir de 2021 la asumirá Endesa en un 50% y las administraciones en la otra mitad. La empresa también se compromete a hacer una “promoción activa” del bono social, ofrecer auditorías energéticas gratuitas a las familias vulnerables e instalar contadores temporales en estos hogares.

La presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina, ha destacado: “Por fin podemos decir que tenemos un convenio extremadamente necesario, porque en Cataluña hay miles de hogares que acumulan una deuda que condiciona un derecho tan básico como el de la energía. Y más ahora, que la crisis social derivada de la pandemia no ha hecho más que empezar”.