Borràs pide a ERC que la Generalitat desobedezca la sentencia del castellano en las escuelas

La lengua abre el enésimo conflicto entre los socios de coalición de la Generalitat. Laura Borràs, presidenta del Parlamento catalán y dirigente de Junts, ha criticado este lunes al consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, de Esquerra Republicana (ERC), porque este reconoció el pasado jueves que debe acatarse la providencia judicial que obliga a impartir en castellano al menos un 25% de las clases en un aula de infantil de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona). Borràs ha planteado que Gonzàlez-Cambray ocupe la dirección del centro para que asuma él la responsabilidad de desobedecer la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Y ha elevado ese caso a ejemplo de cómo la Generalitat debe negarse a aceptar la sentencia de ese mismo tribunal que obliga a extender a toda la red educativa el mínimo del 25% en castellano, una sentencia que según Borràs implica una “tutela” intolerable de los tribunales sobre el modelo educativo catalán. En ERC han calificado esta solución (que Convergència nunca utilizó cuando estuvo al frente del departamento de Educación y había sentencias de ese tipo) de “mágica” y el propio president Pere Aragonès cree que se trata de un planteamiento “partidista”.

Borràs ha hecho pública su propuesta en una entrevista en el programa Cafè d’Idees de TVE, aunque después la portavoz de Junts, Elsa Artadi, ha aceptado que se trata un planteamiento que está dentro de las alternativas que Junts busca proponer para defender el modelo de inmersión lingüística de los “ataques judiciales. La presidenta de la Cámara catalana ha sido preguntada por el conflicto abierto la semana pasada en la escuela Turó del Drac ―donde los padres de una niña de cinco años recurrieron al TSJC y lograron que, cautelarmente, se imparta el castellano en el 25% de las horas de clase―; y también, relacionado con este caso, con la sentencia de 2020 ―convertida recientemente en firme por el Supremo― que obliga a extender a toda la red educativa el mínimo del 25% en castellano.

La presidenta del Parlament ha afirmado: “A la primera sentencia que nos encontramos en Canet [vinculada con esa obligación], dice [el consejero] que no se puede hacer nada. Pues hay que poder hacer cosas. Por ejemplo, asumir la dirección del centro y así descargamos la presión [que exista] sobre los profesionales”. Después ha extendido esa idea al conjunto de los centros educativos que se enfrenten al cumplimiento de esa sentencia: “Hay que dar apoyo a las escuelas”.

Borràs ha recordado que ya existe el precedente de una maniobra de este estilo: se produjo en el referéndum ilegal de independencia de 2017. Clara Ponsatí, entonces consejera de Educación, asumió la responsabilidad ejecutiva de abrir los colegios públicos de Barcelona como puntos de votación y solo estuvo en el cargo por tres meses. Ponsatí es ahora eurodiputada de Junts y reside en Bélgica para evitar ser juzgada en España. Curiosamente, las anteriores consejeras de Educación del ámbito político de Junts (Irene Rigay y Meritxell Ruiz) jamás pusieron sobre la mesa la opción de centralizar la dirección de los centros pese a que también se daban sentencias autorizando escolarización con más castellano.

Artadi, preguntada sobre si se trataba de un planteamiento propio de Borràs o compartido por todo Junts ha aclarado que su formación ve varios caminos para intentar blindar la situación. “La responsabilidad no se puede derivar a los centros educativos y a los equipos directivos. Una de las opciones es coger el control y las competencias para protegerlos, aunque hay que mirar qué otras opciones está mirando el departamento”, ha dicho en su rueda de prensa semanal.

En ERC la propuesta ha sentado muy mal. Aragonès la ha calificado directamente de “partidista”. “Lo que necesitamos son soluciones. No entraré en ningún rifirrafe partidista, no es lo que espera la gente ni de un Govern ni de sus representantes políticos”, ha dicho desde Alp (Girona), tras el 39º Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP). La portavoz de los republicanos, Marta Vilalta, ha sido aún más dura. “Esto no va de soluciones improvisadas o mágicas o querer cargarse la autonomía de los centros. Esto va de generar los consensos para defender la inmersión lingüística y eso es lo que hará el Govern”, ha respondido tras ser preguntada por las declaraciones de Borràs. Este jueves, el Ejecutivo catalán, partidos proinmersión y varias entidades del ámbito educativo y lingüístico se reunirán para intentar pactar una defensa común del modelo.

La intervención de Borràs se produce el mismo día en el que la familia de Canet de Mar que exigió por la vía judicial clases en castellano para su hija ha hecho público un texto sobre lo que han vivido en los últimos días. En esta carta abierta, la familia lamenta la campaña que se ha producido en su contra, incluso con amenazas: “Sentir el odio, la intimidación, las amenazas, el señalamiento en la propia piel es muy duro. Hemos tenido ganas de llorar muchas veces [...] Nadie quiere ser héroe (desde luego nosotros tampoco), ¡queremos ser padres!”, dice el documento, “pero para que nuestra sociedad sea libre debemos vencer esta espiral de silencio que nosotros mismos creamos”.

La cohabitación en el poder entre ERC y Junts ha sido difícil desde la anterior legislatura. Los dos socios han protagonizado encontronazos periódicos. El último se produjo el pasado noviembre cuando el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, alcanzó un acuerdo para sacar adelante los Presupuestos de su Gobierno con los comunes, un partido que no es independentista. El partido que preside Carles Puigdemont acusa a los republicanos de renunciar a la independencia de Cataluña que fue decidida legítimamente, según Junts, en la consulta inconstitucional de 2017.