ERC quiere obligar a las plataformas audiovisuales a emitir series ya dobladas al catalán

El Gobierno y su socio intentan ahora desbloquear la financiación de nueva producción

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, a su llegada a la Junta de Portavoces celebrada este lunes en el Congreso.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, a su llegada a la Junta de Portavoces celebrada este lunes en el Congreso.Chema Moya (EFE)

El Gobierno y ERC intentan cerrar a contrarreloj un acuerdo que desatasque el futuro de la Ley Audiovisual y, de rebote, de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Fuentes de los republicanos aseguraron este viernes que “por primera vez” el Ejecutivo de Pedro Sánchez se muestra proclive a tratar el tema de la financiación de producción audiovisual en catalán. Ese cambio de posición, junto con reformas en el texto que blinden la obligación de las plataformas a usar las películas y series ya dobladas y subtituladas gracias a las subvenciones de la Generalitat, encarrila de nuevo un acuerdo que parece cada vez más posible.

Los republicanos han mezclado ambas negociaciones y, el pasado jueves, aumentaron la presión presentando enmiendas al proyecto de cuentas que se debate en el Senado. Aunque los Presupuestos igualmente pueden prosperar, en ERC se han garantizado tener una puerta abierta para algún tipo de modificación en los PGE e intentar presionar así más cesiones hacia la protección del catalán —y por extensión al resto de lenguas cooficiales— en la norma que regulará el funcionamiento de las plataformas audiovisuales como Netflix, HBO Max, Disney+ o Amazon Prime.

Las posiciones están tan cercanas ya, después de intensas negociaciones entre el Gobierno y la Generalitat, que en el Ejecutivo se quedaron muy sorprendidos de que no se pudiera cerrar el pacto el mismo jueves, antes de que ERC presentara las enmiendas en el Senado. Todo estaba listo a media tarde, antes de las 18.00, la hora límite para registrar las enmiendas. Diversas fuentes del Ejecutivo señalaron que estaba hecho el acuerdo y en ERC también trasladan que estaban muy cerca. Pero finalmente se presentaron. En La Moncloa interpretan que fue más por motivos políticos de ERC, muy presionada por Junts, que por la negociación en sí, ya muy avanzada. La vicepresidenta primera y máxima responsable de la ley, Nadia Calviño, señaló en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros hasta en tres ocasiones que la negociación va muy bien, aunque no quiso dar detalles. Calviño insistió en la idea de hacer compatible el objetivo del Gobierno de convertir a España en un gran centro mundial de producción audiovisual y la necesidad de proteger las lenguas cooficiales, “algo con lo que estamos totalmente comprometidos”.

Calviño pone esa prevención porque Economía quiere evitar a toda costa que unas obligaciones excesivas para las grandes plataformas internacionales como Netflix, que ha apostado fuerte por España, ahuyenten sus inversiones. La vicepresidenta insistió en que cualquier cosa que se pacte tendrá que estar “en la línea de la directiva comunitaria”, que según la interpretación de Economía impide obligar a multinacionales con sede fuera de España a tener un 6% de contenido en lenguas cooficiales, algo que sí se puede forzar para las plataformas nacionales.

El Gobierno confía en haber convencido a ERC de este extremo y ahora entre los republicanos y el Ejecutivo buscan vías que no toquen el artículo 3 de la ley, el que fija el ámbito de aplicación y deja claramente fuera a las plataformas internacionales. Entre el Gobierno y la Generalitat han barajado estos días muchas fórmulas alternativas pero todas parten de la base de no tocar esa idea que para Economía es insalvable por la directiva europea.

La protección a las lenguas cooficiales, explican fuentes de ERC, implicaría entonces clarificaciones en el articulado. Esto sería a través de dos líneas. La primera sería el blindaje de la obligatoriedad a que todas las plataformas (algunas ya lo hacen) utilicen el material en catalán ya disponible, resultado de las políticas de subvención al doblaje y subtitulación de la Generalitat. Los republicanos creen, además, que el Gobierno tiene que crear un fondo propio para estimular más el doblaje de diversos productos a las lenguas cooficiales. El desencuentro se sitúa ahora en cuánto debería conformar la partida.

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Solo el departamento catalán de Cultura, por ejemplo, destina unos tres millones de euros anuales para doblar y subtitular películas y series. En 2021, gracias a esa ayuda dirigida a las empresas de distribución cinematográfica, se doblaron más de 1.700 contenidos entre series y películas. En 2018, por ejemplo, además del doblaje en catalán de 110 largometrajes y la subtitulación de 469, Cultura facilitó los subtítulos de 380 capítulos de 43 temporadas de series. Disney o Movistar+, entre otras, ya los utilizan.

Fuentes republicanas también esperan ganar margen de protección en el ámbito de la producción, una petición que también intentan hacer llegar al Gobierno desde PROA, la federación de productores audiovisuales de ámbito estatal. En el partido de Gabriel Rufián, su portavoz en el Congreso, cayó como un jarro de agua fría que el anteproyecto aprobado por el Gobierno dejara a las plataformas sin sede en España fuera de la obligación de incluir un 6% de producciones en lenguas cooficiales en sus catálogos. El acercamiento ahora es distinto y se quiere que, mediante una cuota de sus ingresos en España, se financien nuevos productos, bien sean series o películas.

En ERC creen que en la llamada regulación de la obligación de financiación anticipada (que las plataformas destinen el 5% de sus ingresos en España a pagar por la creación de contenidos) se puede ir más allá y es posible fijar una subcuota en catalán u otras lenguas cooficiales para “producciones independientes”.

Según las mismas fuentes, el Gobierno ha propuesto que la subcuota sea del 0,7% pero los republicanos aspiran a más del 1%. Esto implicaría, según sus cálculos, unos 15 millones de euros para productos en catalán, vasco o gallego.

También esperan que el texto de la ley audiovisual refleje cierta autoridad del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) para que ejerza de árbitro en la garantía de calidad de los doblajes y de que las plataformas cumplan con esta obligación. La cuestión ya está pues en la redacción, pero el acuerdo político de fondo parece encauzado y por tanto los Presupuestos también. Pero antes hay que firmar el pacto.

Contribuciones al Fondo de Protección a la Cinematografía

La financiación anticipada de producción audiovisual es la obligación que históricamente tenían las televisiones tradicionales de destinar dinero a nuevos productos con sello europeo. El anteproyecto sobre el ramo que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 30 de noviembre hace que esta también aplique a las plataformas como Netflix o HBO Max y se puede satisfacer a través detres vías diferentes.

Estas son: la participación directa en la producción de obras europeas; la adquisición de los derechos de explotación o la contribución directa al Fondo de Protección a la Cinematografía del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, que es el que permite parte de las subvenciones al cine. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 ya recoge una partida de 70 millones de euros para este fondo, que podría ver incrementada.

Las plataformas, de acuerdo con el articulado, tendrán que destinar (como ya lo hacen las televisiones privadas) el 5% de sus ingresos por la actividad en España a financiar cualquiera de esas tres opciones. Eso sí, con la salvedad de que sus ingresos anuales sean mayores a 10 millones de euros. 

De la cuota del 5%, según la nueva ley que prepara el Gobierno, el 70% se tiene que dedicar a “producciones independientes”. La propuesta del Gobierno, según fuentes de ERC, es que el 10% (es decir, el 0,7% del total) sea reservado exclusivamente para obras en lenguas cooficiales. La redacción actual del articulado y que los republicanos aspiran a retocar es que el dinero se dedique a producciones en la lengua oficial del Estado “o” en alguna de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas.

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