Las televisiones en abierto se levantan contra la ley audiovisual: “Favorece a las multinacionales extranjeras”

Las televisiones en abierto con sede en España han arremetido este jueves contra el proyecto de ley audiovisual que acaba de aprobar el Gobierno, que entre otras cosas exime a las plataformas extranjeras como Netflix, HBO y Disney+ de la obligación de que un porcentaje de sus producciones se haga en catalán, gallego o euskera. La nueva legislación “ha agravado la discriminación al imponer, solo a los operadores nacionales, una estricta regulación en cuotas de catálogo en lenguas cooficiales, franjas únicas de protección al menor y un endurecimiento del régimen sancionador”, critican las empresas representadas en Uteca en un comunicado. Estas quejas se unen a las de las operadoras de telecomunicaciones, molestas porque la futura ley prorroga hasta 2023 el pago de la tasa para financiar a RTVE.

Uteca (de la que forman parte Atresmedia, DKIS, Net TV, Real Madrid TV, TEN, TRECE y VEO TV) arremete contra el proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Economía porque, afirma, amenaza su viabilidad, “especialmente de las cadenas más pequeñas”. La asociación menciona a Netflix, Amazon Prime Video, HBO, Disney+, YouTube o Facebook como ejemplo de empresas favorecidas. El Gobierno asegura que no puede forzar a las multinacionales a reservar un porcentaje de su catálogo para producciones en lenguas cooficiales. La negativa a hacerlo ha provocado que ERC, principal impulsor de esta medida, haya amenazado al Ejecutivo con no apoyar los Presupuestos para 2022.

Las televisiones en abierto aseguran que, “de forma incomprensible, el Gobierno ha ido más allá de lo que la trasposición de la directiva exigía al incluir normas propias, no contempladas en Europa, que solo aplicarán a los operadores nacionales, perjudicándoles gravemente al situarles en una clara desventaja competitiva”. Uteca, cuyos asociados gestionan 14 canales de Televisión Digital Terrestre, confía en que el proyecto sea modificado en el trámite parlamentario, porque con lo que se conoce hasta ahora se condena a las televisiones en abierto a “competir en inferioridad de condiciones con gigantes digitales de dimensión internacional, en un mercado que es global y único, y en el que no caben distinciones regulatorias”.

La asociación también destaca que “la estricta regulación en cuotas de catálogo en lenguas cooficiales” al margen del castellano se ha introducido en el proyecto “sin consultar a los sectores afectados”. A su juicio, que se hayan introducido requisitos solo para las españolas es una “clara demostración del trato de favor del Gobierno hacia las multinacionales extranjeras” que ofrecen sus servicios en España pero tienen su sede fuera, “pues es perfectamente consciente de que no puede obligarlas a cumplirlo”.

“Nos resulta incomprensible, grave y una irresponsabilidad que el Gobierno haya utilizado el proyecto de ley general audiovisual, que  acaba de aprobar, para profundizar en la discriminación de los operadores nacionales de televisión respecto a sus competidores directos digitales, las plataformas como Netflix, HBO, Facebook o Youtube”, explica el presidente de Uteca, Eduardo Olano, sobre el proyecto de ley. “Por iniciativa propia, y sin estar obligado por una legislación europea, nos obliga a competir en inferioridad de condiciones con normas únicas, mientras no hace lo suficiente para evitar la desprotección del menor ante los contenidos audiovisuales de grandes plataformas de compartición de vídeos”. Y añade: “el Gobierno debe explicar a la sociedad la razón por las que los menores que ven vídeos en plataformas como Youtube no merecen una franja de protección reforzada, en la que si acceden no puedan encontrar contenidos inapropiados para su edad, como sí existe en las televisiones en abierto”.

El descontento de las televisiones en abierto se une al de las tres operadoras de telecomunicaciones principales (Movistar, Vodafone y Orange), que tendrán que seguir pagando la tasa para financiar RTVE hasta 2023, según se establece en el proyecto de ley al que ha tenido acceso este periódico. Las compañías pagan el 0,9% de sus ingresos, una carga que impuso el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) para liberar de la publicidad a la televisión pública, y que no se aplica en ningún otro país de la UE.

La nueva ley prorroga el pago, pero una vez más las plataformas de series estadounidenses como Netflix quedan exentas de abonar la tasa. Sin embargo, en una primera versión de la legislación se obligaba estas plataformas a pagarla a partir de 2022 (un 1,5% de sus ingresos anuales en España) para ayudar a financiar la televisión pública.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez se comprometió a retirar esta tasa, puesto que las tres operadoras principales ya sufragan a la televisión pública con una tasa propia sobre el espectro radioeléctrico que no abonan, por ejemplo, las plataformas como Netflix, Amazon o HBO, cuya cuota en la televisión privada es muy superior a la de las operadoras de telecomunicaciones españolas. Pero finalmente se va a prorrogar la tasa. En 2022 el coste total se eleva más de 130 millones de euros.