El fin de la publicidad en TVE revoluciona el sector audiovisual

Sin pasos intermedios, como en Francia, el Gobierno de Zapatero ha tomado una medida revolucionaria en el sector audiovisual: la total supresión de la publicidad en TVE. Y lo ha hecho en medio de una profunda crisis económica que tiene especial incidencia en el mercado publicitario. Prueba de las dificultades por las que atraviesa la industria televisiva es el desplome de la facturación en el primer cuatrimestre del año, que ha caído alrededor del 40%.

Pese al oscuro panorama, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer con solemnidad tras la celebración del Consejo de Ministros: "Ha llegado el momento de tomar la decisión de suprimir la publicidad de TVE". El Ejecutivo no ha establecido una fecha concreta, pero los anuncios (más de 400.000 al año entre La Uno y La 2) podrían desaparecer a partir de septiembre. Será el cambio más radical al que se ha enfrentado RTVE desde su creación, hace más de medio siglo, y se produce justo cuando la corporación de dispone a emprender un camino no menos insólito: el traslado a una nueva sede.

La desaparición de los anuncios liberará 500 millones de euros

La corporación tendrá que cumplir más obligaciones de servicio público

La supresión de la publicidad en TVE tendrá efectos inmediatos en el sector. Liberará casi 500 millones de euros, que irán a parar en gran medida a las televisiones privadas. Por eso, el Gobierno les obligará a que contribuyan a financiar RTVE con el 3% de sus ingresos anuales (alrededor de 140 millones en total).

También los operadores de telecomunicaciones tendrán que apretarse el cinturón. Aunque tratarán de impedir por todos los medios que el Gobierno les aplique la anunciada tasa del 0,9% sobre sus ingresos. "La medida es injusta, desproporcionada, dañina e ilegal", dicen. Pero el Gobierno considera "razonable" que estas empresas contribuyan a financiar RTVE porque se beneficiarán de la desaparición de la publicidad y podrán rentabilizar los futuros sistemas de distribución de contenidos audiovisuales como (televisión en movilidad o en alta definición). Con estos argumentos, Fernández de la Vega, justificó ayer la tasa que tendrán que desembolsar (entre 220 y 240 millones de euros). RTVE recibirá también el 80% del canon por la utilización del espacio radioléctrico, un porcentaje que supone 320 millones.

Aunque sea a regañadientes, las cadenas comerciales aceptan el impuesto del 3% porque esperan acaparar una buena parte del pastel publicitario de TVE. Más beligerantes, las telecos están dispuestas a acudir a los tribunales. Adelantándose a esta posibilidad, Fernández de la Vega subrayó ayer que el 0,9% está "dentro de la Constitución y del Derecho Europeo". Pero Redtel (que agrupa a Telefónica, Orange o Vodafone) recordó que en Francia, el único país que ha adoptado esa tasa, los operadores recurrieron la medida ante los tribunales nacionales y comunitarios.

La vicepresidenta destacó que, en general, las compañías afectadas tienen unos beneficios muy importantes -"de miles de millones de pesetas"- y dijo que el anteproyecto de ley aprobado ayer afianza una radiotelevisión pública "mayoritaria, sostenible e independiente".

El cambio de sistema financiero no afecta a la subvención que RTVE recibirá del Estado (unos 550 millones) pero sí a los contenidos. TVE tendrá limitado el acceso a eventos deportivos (a excepción de los JJ OO), estará obligada a aumentar en un 20% su aportación al cine, a emitir debates parlamentarios o electorales y a reforzar su oferta infantil.

El texto aprobado ayer podría ser reproducido por las televisiones públicas autonómicas. "Con tranquilidad" y "sin ninguna urgencia" el consejero andaluz de la Presidencia, Antonio Ávila, va a analizar la posible supresión de la publicidad en Canal Sur, una iniciativa que parte del presidente andaluz, José Antonio Griñán, informa Lourdes Lucio. Por contra, el presidente de la Generalitat, José Montilla, ve muy difícil que "a corto plazo" se pueda eliminar la publicidad de las televisiones públicas catalanas como ha hecho Zapatero para los medios estatales ya que, afirma, su administración no tiene la capacidad financiera para asumir este coste, informa Fermín Robles.