Economía vuelve a cargar a las empresas de telecomunicaciones la tasa de RTVE

Movistar, Orange y Vodafone deberán abonar más de 130 millones en 2022 para financiar la televisión pública pese a la promesa de Calviño

Sede de RTVE (Madrid).
Sede de RTVE (Madrid).

Las tres operadoras de telecomunicaciones principales (Movistar, Vodafone y Orange) se las prometían felices de cara a presentar sus balances en 2021. La caída generalizada de sus ingresos se podía compensar con el salvoconducto del Gobierno de que el próximo año se les iba a eximir de pagar la tasa del 0,9% de sus ingresos para financiar RTVE, una carga que impuso el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) para liberar de publicidad a la televisión pública, y que es inédita en la UE. Pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido finalmente, pese a que anunció que la retiraría, que deberán pagar en 2022 esa tasa, que se eleva a más de 130 millones de euros.

Resulta que en el proyecto de la nueva Ley Audiovisual, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se ha introducido una disposición última en la que se prorroga esta obligación hasta 2023. La consecuencia de esta enmienda de última hora es que no solo las operadoras deberán pagar esa tasa de más de 130 millones de euros, sino que las plataformas de series estadounidenses como Netflix quedarán exentas de abonar la tasa.

La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se comprometió con Movistar, Vodafone y Orange a corregir esta discriminación y anunció que las liberaría de esta carga, puesto que ya sufragan la televisión pública con una tasa propia sobre el espectro radioeléctrico, que no abonan, por ejemplo, las plataformas como Netflix, Amazon o HBO, cuya cuota en la televisión privada es muy superior a la de las operadoras de telecomunicaciones españolas.

El Gobierno había anunciado en octubre que obligaría a las plataformas de series y películas ―Netflix, HBO, Amazon Prime, Disney+ o YouTube― a abonar la tasa de RTVE a partir de 2022, con el pago del 1,5% de sus ingresos anuales en España para ayudar a financiar la televisión pública. Así consta en el proyecto de la Ley Audiovisual que ha sido sometido de nuevo a audiencia pública, y que espera tramitarse en el Congreso de los Diputados durante el primer trimestre del próximo año.

Pero las presiones de los nacionalistas catalanes y la urgencia de corregir el déficit público han variado la postura de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que incluyó una disposición final de última hora en el proyecto de ley para eximir del pago de la tasa de RTVE a las plataformas estadounidenses y seguir cargando ese tributo a las empresas españolas de telecomunicaciones.

Atendiendo a las demandas tanto de las operadoras de telecomunicaciones como de las cadenas de televisión, que cargan ahora con esa tasa, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Economía, incluyó esta obligación en la nueva Ley Audiovisual, considerando que cumplen el criterio de país de origen todos los prestadores audiovisuales que estén establecidos en España así como los que estén en otros países de la UE, “siempre que ofrezcan sus servicios en España”.

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Nadia Calviño cumplía así su promesa de eliminar para las operadoras de telecomunicaciones la aportación directa del 0,9% para RTVE, y que supone una doble tributación, según se quejan las empresas. El objetivo inicial era eximirlas de esa tasa directa como empresas de telecomunicaciones con la condición de que contribuyan al despliegue de las nuevas redes 5G de telefonía móvil. De esta forma, los operadores se ahorrarán entre 100 y 140 millones anuales. Pero han podido más las razones del déficit y Calviño ha decidido prorrogar durante un año el “impuesto revolucionario de RTVE”, como se le conoce coloquialmente entre las operadoras.

Además, Telefónica, Vodafone u Orange, que poseen sus propias plataformas de televisión de pago, mantienen la obligación del pago de la tasa de RTVE como el resto de cadenas, cifrado en el citado 1,5% de sus ingresos audiovisuales. Y deberán seguir pagando la tasa sobre reserva de dominio público radioeléctrico, que se incrementa desde los 410 a los 480 millones anuales, una tasa que no pagan las cadenas de televisión aunque también usen el mismo espectro.

A las protestas de ERC por el incumplimiento de algunos de los términos acordados con respecto a la obligatoriedad de las productoras audiovisuales de destinar una cuota mínima a la producción en lenguas cooficiales, se suma ahora otro trato de favor concedido por el Gobierno a las plataformas online como Netflix y HBO. En la última línea de un texto de más de 100 páginas, justo al final de la disposición final octava, se aplaza al ejercicio 2023 la entrada en vigor del nuevo modelo de financiación de RTVE. Este es un asunto que trae de cabeza a las operadoras de telecomunicaciones desde que, en el año 2010, el Gobierno les estableciera un impuesto adicional para financiar la cadena pública, sin más justificación que el hecho de ser grandes empresas.

Preocupación por las nuevas inversiones

Más de una década después, la realidad financiera de estas compañías es muy diferente. La CNMC calcula que, en 10 años, el sector ha perdido casi un tercio de sus ingresos y una cuarta parte de sus trabajadores. Preocupa ahora que las telecos no sean capaces de afrontar las inversiones en nuevas redes que plantean los planes estratégicos del Gobierno, en un contexto donde las conexiones telefónicas y de internet representan una condición necesaria para el desarrollo de cualquier actividad.

Adicionalmente, a esa tasa, que ha supuesto a las operadoras desembolsos de más de 1.500 millones de euros, las productoras audiovisuales nacionales ―entre las cuales se encuentran las de Telefónica, Orange y Vodafone― asumen otro gravamen, en calidad de supuestas beneficiarias de la publicidad que ha dejado de ir a RTVE. La nueva Ley Audiovisual prevé extender esa tasa al conjunto de actores de ese mercado, incluyendo a las mencionadas plataformas. Eso sí, a partir de 2023. No habrá igualdad de condiciones para las empresas del sector audiovisual, al menos de momento.

Preocupa asimismo la interpretación jurídica de la ley en este último punto. Dentro de la disposición final tercera, que modifica la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, se dice que “resultarán obligados al pago de esta aportación (…) los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma que, estando establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea, ofrezcan servicios específicamente dirigidos al territorio nacional”. Sin embargo, unas líneas después, se establece también que “no se computarán a efectos del cálculo de la aportación prevista en el apartado primero los ingresos brutos de explotación obtenidos por (…) comisiones de intermediación en la venta de producción a otros prestadores de comunicaciones electrónicas o a otros prestadores del servicio de comunicación audiovisual”.

Fuentes del sector consultadas por EL PAÍS advierten del riesgo que supone instaurar el trato de favor a unas empresas concretas, dentro de una ley llamada a durar muchos años. Alertan, asimismo, del mensaje contradictorio que arroja sobre los inversores internacionales, que por lo general se sienten más cómodos en entornos predecibles y coherentes con el principio de unidad de mercado que recomienda Bruselas.

Sobre la firma

Ramón Muñoz

Es periodista de la sección de Economía, especializado en Telecomunicaciones y Transporte. Ha desarrollado su carrera en varios medios como Europa Press, El Mundo y ahora EL PAÍS. Es también autor del libro 'España, destino Tercer Mundo'.

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