El Gobierno y ERC encauzan su crisis y renegocian la ley audiovisual

El Gobierno y ERC han dedicado cerca de tres horas a tratar de reconducir, en una reunión al máximo nivel con representantes de La Moncloa, el PSOE y los republicanos, la crisis abierta por el contenido de la ley audiovisual. Una tormenta imprevista que, según amenazó la víspera Gabriel Rufián, podría poner en jaque la legislatura. En la cita, que tuvo un preámbulo entre expertos técnicos por la mañana, se han constatado “las diferencias de interpretación” y “las dudas sobre el alcance de los textos pactados”, según fuentes conocedoras de lo abordado. Desde este jueves se celebrarán más reuniones técnicas y políticas, a las que se incorporará el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Roberto Sánchez, que depende directamente de la vicepresidenta económica Nadia Calviño.

La discusión más compleja se centró en intentar aclarar si las plataformas audiovisuales que no tienen su sede en España estarían o no afectadas por la cuota del 6% de la producción en los idiomas cooficiales. Ese escollo es el que queda pendiente de solución. Fuentes de ERC explicaron que la reunión sirvió para constatar ese desacuerdo y transmitir su intención de “blindar el catalán” en las enmiendas de la ley “para que no haya equívocos”. El PSOE, según ERC, ha mostrado su compromiso para atender sus demandas en la tramitación parlamentaria de la ley a través de la negociación de enmiendas.

En la cita se discutió la posibilidad de pactar nuevas enmiendas al proyecto cerrado por el PSOE y Unidas Podemos para fijar esa cuota del 6%. La negociación se apura contra el reloj, pero aún sin solución. La razón que ofrece el Ejecutivo para dar un trato distinto a esas plataformas televisivas con sede fuera de España es que la directiva comunitaria impone el principio de país de origen, en virtud del cual los prestadores de servicios de comunicación audiovisual solo están sujetos al ordenamiento jurídico y a la jurisdicción del Estado miembro en el que están establecidos. Y ese no sería el caso de Netflix, HBO Max, Disney+ o Prime Video. ERC se opone a realizar esa distinción.

El Gobierno trabajaba desde la noche del martes para encontrar una solución intermedia para la ley audiovisual que contentara a ERC y permitiera cerrar cuanto antes esta crisis con su socio prioritario que ha introducido inestabilidad en esta fase de la legislatura, cuando desde La Moncloa se pretendía acelerar las reformas y compromisos pendientes tras año y medio de pandemia. Los 13 votos de la formación catalana no solo son claves para los Presupuestos en el Parlamento, también para aprobar todos los decretos y leyes que está enviando el Ejecutivo al Congreso, por lo que una ruptura con ese socio preferente es un escenario indeseable.

Con las citas y contactos celebrados a lo largo de la jornada, la situación aparentó quedar reconducida, pero ni mucho menos resuelta. En el Gobierno no las tienen todas consigo y se temen que ERC pase de las palabras a los hechos y decida mandarle un mensaje retrasando la aprobación de los Presupuestos. La situación extrema, que sería tumbar las cuentas públicas, no se contempla, pero sí que Esquerra fuerce la aprobación de alguna enmienda en el proyecto, que ya está camino del Senado. Este viernes termina el plazo para presentar los vetos —equivalente a las enmiendas a la totalidad— en la Cámara alta, que se debatirán el día 10. Un extremo que el Gobierno no ve posible con ERC. Pero sí que presentase una enmienda transversal como la que se tumbó en el Congreso en la que ERC solicitó un fondo covid de 13.000 millones para las autonomías.

El Gobierno ya salvó el año pasado con holgura los vetos que PP, Vox, Ciudadanos, Junts y Coalición Canaria presentaron en la Cámara alta contra los Presupuestos. El acuerdo previo con ERC y PNV, que no registraron enmiendas parciales al igual que EH Bildu, aseguró la mayoría absoluta en las votaciones de las cuentas, en las que el Ejecutivo contó con una horquilla de 152-161 votos por 100-109 contrarios.

El Ejecutivo también consiguió que no se aceptase ni una de las 4.045 enmiendas parciales que los senadores presentaron. De haber sido aceptada solo una, la aprobación de los Presupuestos no se habría producido en el Senado. El trámite final sería en el Congreso. Y esto es lo que el Gobierno se quiere evitar. Las enmiendas parciales se votarían el 21 de diciembre, según señalan senadores de diferentes partidos, que apuntan que sería ahí cuando ERC podría castigar al Ejecutivo y retrasar los Presupuestos. Su aprobación “en tiempo y forma”, como se han comprometido desde Pedro Sánchez a la ministra de Hacienda, peligraría en ese escenario. El compromiso del Gobierno con Bruselas es aprobar la ley audiovisual antes de fin de año.

La crisis con ERC estalló con el presidente del Gobierno de viaje oficial en Egipto. Sánchez ha estado en contacto constante desde allí con sus ministros. El Ejecutivo quería intentar resolverlo este mismo miércoles y, por esa razón, se preparó con premura una reunión telemática entre el PSOE y ERC para intentar cerrar un acuerdo. La delegación socialista la formaron el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra; y el portavoz en la Cámara Baja, Héctor Gómez. En representación de Esquerra participaron Gabriel Rufián, el portavoz en el Congreso; Marta Vilalta, secretaria general adjunta y portavoz republicana; Josep Maria Jové, presidente del Consejo Nacional de ERC; y Oriol Duran, secretario de comunicación de la Generalitat. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se quedó fuera de la reunión.

ERC achaca a Calviño ser responsable de la crisis al no aceptar sus exigencias, pero aun así a nadie se le escapó que no hubiera en la cita ningún representante de su ministerio. Desde Economía le restaron importancia y señalaron la coordinación de las áreas afectadas del Gobierno. “Que se callen los que no tienen que hablar”, fue el mensaje que aseguraron haber trasladado fuentes del ERC a La Moncloa, en referencia a Calviño. La vicepresidenta insistió a primera hora en que el Ejecutivo no puede obligar a las plataformas extranjeras. “No podemos hacer algo que contradiga a la directiva europea”, remarcó.

Dentro de la ronda de contactos matinales, se produjo otra reunión al mediodía, también telemática y de carácter técnico entre el Gobierno y ERC. Y hubo un intercambio de papeles con las posiciones de cada parte con un objetivo: encauzar en lo posible la reunión más política de la tarde.

Frente a las demandas de ERC de no hacer distinciones con las plataformas, el Ejecutivo baraja incentivar la producción mediante ayudas y apoyo financiero. Una opción que choca frontalmente con las exigencias de Esquerra, que el martes no solo dejó en el aire su apoyo a las cuentas públicas de 2022. También advirtió que podría replantearse su respaldo a la acción legislativa del Gobierno. Alertado, el Ejecutivo accedió con presteza a la reunión urgente que solicitó Rufián.

El anteproyecto de la Ley General de Comunicación Audiovisual regula en su artículo 3.4 que las plataformas internacionales audiovisuales se considerarán establecidas en España cuando tengan una empresa matriz o una filial en el país, o bien forme parte de un grupo del que otra empresa de ese conglomerado esté establecida en España. Este es el gran punto de la discordia para Esquerra. Fuentes de ERC sostienen que la redacción del proyecto de ley cuenta con apartados con una redacción ambigua y rechaza sin rodeos que las plataformas sin sede fiscal en España se vean liberadas de la regulación que afectará a las que sí lo están.