La segregación escolar se enquista en Cataluña tras una década de promesas para combatirla

La segregación escolar ahonda su huella en Cataluña. A pesar de que la Ley de Educación de Cataluña (LEC) ya contemplaba en su redactado en 2009 que la escolarización tenía que ser “equilibrada”, la separación del alumnado en diferentes centros educativos según su perfil socioeconómico persiste. Según un estudio del Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (Gesop), la proporción de alumnado de origen extranjero que el curso pasado estaba matriculado en centros públicos era el doble del que se escolarizaba en colegios privados. Cataluña fue la primera autonomía que aprobó, en 2019, un pacto institucional contra la segregación, pero todavía no se habían desplegado medidas para combatir los colegios gueto hasta este curso que acaba de comenzar.

El estudio de Gesop constata que, en los centros públicos, casi el 22% del alumnado de educación infantil es de origen extranjero, mientras que en las escuelas privadas, este porcentaje baja al 12,7%. En primaria, la brecha es aún mayor: 21,3% de menores de origen migrante en la pública frente al 10,7% en la privada. En secundaria, se trata de un 14,9% y un 9%, respectivamente. La segregación escolar se ha instalado en todos los niveles educativos y la situación poco o nada ha cambiado en los últimos años, advierte Ismael Palacín, director de la Fundación Bofill, un centro de investigación sobre educación.

“En los últimos 10 años, la segregación está estancada”, resuelve el experto. De hecho, otro estudio de Gesop en 2017 sobre el curso 2016-2017 ya registraba que, en todas las etapas educativas, los centros públicos acogían una mayor proporción de alumnos de origen extranjero que los privados: en educación infantil, casi un 20% en la pública frente a un 8% en la privada; en primaria, el 15,6% frente al 6,2%; y en secundaria, solo había un 6,8% de alumnos de origen extranjeros en los centros de pago, la mitad que en los públicos. Un estudio realizado por el Síndic de Greuges en 2016 también advertía de que los colegios con más del 50% de alumnos extranjeros —alrededor de un centenar— se habían duplicado desde 2006.

A pesar de las directrices de la LEC, que contemplaba una programación adecuada de la oferta educativa para garantizar “la calidad de la educación y una equilibrada escolarización de los alumnos con necesidad específicas de apoyo educativo que propicie la cohesión social”, la segregación se ha convertido en un problema de primer orden en el sistema educativo catalán. Tanto, que incluso llevó a un pacto institucional para combatirlo en 2019. Desde entonces, el Departamento de Educación ha desplegado sobre el papel algunas de las medidas más controvertidas, como el control de las cuotas que cobra a las familias la escuela concertada o un nuevo decreto de admisiones para regular los criterios de acceso e inscripción en las escuelas. Pero nada se ha materializado hasta este curso y los efectos reales de las medidas están por ver.

“La LEC permitía y preveía medidas proactivas para combatir la segregación, otra cosa es que se hiciese un despliegue selectivo de la ley. Pero la norma recogía el deber de la escolarización equilibrada y de regular el número de plazas con necesidades educativas”, apunta Palacín. Y añade que “este es el año de la verdad”: “Se aprobó el decreto de conciertos y el de admisiones, pero no se han podido desplegar. El momento estrella de estos decretos se notará a partir de ahora”, apunta Palacín.

Con el nuevo decreto de admisiones, el acceso a este curso que está en marcha ya ha contado con algunas medidas contra la segregación. Por ejemplo, la limitación de la ratio de alumnos por aula en los centros donde hay una alta concentración de alumnos con necesidades educativas específicas a causa de su situación socioeconómica o sociocultural. O también una aportación adicional —mayor en el caso de la concertada— por cada alumno desfavorecido escolarizado: en los centros públicos, el montante será de 320 euros por alumno (aunque irá aumentando la cuantía en los próximos cursos hasta los 641) y en la privada, casi 1.000 euros. Educación estima que con los nuevos baremos de detección del colectivo con necesidades específicas, este alumnado pasará de 66.000 a 215.000.

Medidas en el aire

Quedan, no obstante, medidas en el aire a la espera de su puesta en marcha. Educación aseguró que, el curso que viene, se desplegarán otras acciones, como mantener la reserva de plaza para el alumnado con necesidades específicas hasta el inicio de curso o tener una oferta diferenciada para alumnos con necesidades educativas especiales de la de los estudiantes con necesidades especiales por su situación socioeconómica. También están pendientes las medidas para controlar las cuotas que cobra la escuela concertada a las familias y el fin del concierto a los centros que separan por sexo, que Educación ya ha anunciado que no renovaría en cuanto finalice el acuerdo.

Una portavoz de Educación apunta que “es necesario un período de implantación para ver el resultado de los cambios”. Y justifica que las medidas, de entrada, afectan a los alumnos que participan en la admisión (los que entran en P3, primero de primaria y primero de la ESO): “Es a través de este movimiento que se puede incidir en su distribución equilibrada entre los centros”.

Palacín, por su parte, señala que las herramientas ya están sobre la mesa, pero es preciso voluntad política para usarlas: “Hay que desplegarlas y liderarlas. Es fácil convertir los decretos en papel mojado si no se impulsan. Habrá resistencias, pero ahí es donde se verá el papel de Departamento: si no eres proactivo, esto se quedará en nada”.