La Generalitat abonará 998 euros a la concertada por cada alumno vulnerable escolarizado

La Generalitat de Cataluña pagará unos 1.000 euros a las escuelas concertadas por cada alumno con necesidades específicas que asuman. Esta es una de las medidas del decreto de admisión en los centros educativos aprobado este martes por el Govern, y que aspira a minimizar la segregación escolar. “Pretendemos mejorar la equidad y combatir la segregación escolar, y establecer los criterios de selección educativa”, justificó la portavoz del Ejecutivo, Meritxell Budó. “Es una de las principales medidas en la política educativa de la legislatura”.

El decreto es la aplicación normativa del Pacto Contra la Segregación Escolar, asumido por los principales agentes educativos y la administración. Durante todo este tiempo, la patronal y la Generalitat han estado negociando su contenido. “De lo que era inicialmente, a lo que ha resultado, es un documento muy mejorado”, celebra Eva Salvà, directora general de la Agrupació Escolar de Catalunya (AEC).

La normativa atribuye ahora a Educación la competencia de la programación de la oferta educativa para revertir las escuelas-gueto. Actualmente el 23% de los alumnos vulnerables están escolarizados en la concertada, y la Generalitat considera que deberían asumir el 32% para garantizar la “equidad educativa”, según fuentes del departamento.

La consejería podrá regular la oferta de plazas educativas públicas y concertadas para evitar situaciones de sobreoferta que acaben derivando en que la matrícula viva [matriculaciones durante el curso escolar] se siga concentrando en determinados colegios e institutos. “Una zona educativa es determinante para que su oferta sea segregadora, y por eso es muy importante que el departamento regule esa zona”, señalan las mismas fuentes. El departamento, sin embargo, “en ningún caso impondrá a una familia escolarizar a su hijo en un centro donde no quiera”.

En un plazo de cinco años, el Govern invertirá 162 millones de euros para tender a un reparto equilibrado de alumnos con Necesidades Educativas Específicas, de los que 92 se destinarán a la red pública y 70, a la concertada. El próximo curso 2021-22 la Generalitat invertirá 37 millones de euros, de los que 21 irán a la concertada y 16, a la pública.

En el marco del Pacto contra la Segregación, del que emana el decreto aprobado, la comisión de estudio de la plaza escolar determinó la infrafinanciación de la escuela concertada. Por ello, fuentes del departamento señalaron que la regulación contempla una “aportación significativa a la concertada, que a partir del próximo curso dobla el módulo, al pasar de los 452 euros adicionales que recibía cada año por alumno desfavorecido a los 998 aprobados”. Las escuelas públicas recibirán 641 euros para compensar la escolarización de alumnos desfavorecidos, aunque su aplicación será progresiva en los próximos años, y empezará con una aportación de 320 euros en el próximo curso. “Tenemos dudas de que se cumplan esos pagos”, comparte Salvà.

En un horizonte de cinco años, el decreto prevé que la detección de alumnado con necesidades educativas derivadas de condiciones socioeconómicas desfavorecidas aumente y pase de los 66.000 actuales a 215.000. La patronal AEC considera que la cifra puede ser “mayor” por el impacto de la pandemia

Mesas de planificación educativa

Según el decreto, antes del proceso de preinscripción, las mesas locales de planificación educativa, formadas por miembros de las administraciones locales, del departamento de Educación y la comunidad educativa, deberán saber cuántos niños están en edad de cursar P3 y primero de ESO para poder organizar la oferta. “Decidir dónde se cierra un grupo está determinado en las mesas locales”, confirman fuentes del departamento. “La idea es que la oferta resultante se haga de manera consensuada con esos criterios orientados a la redistribución”.

En estas mesas, Educación establecerá los criterios para elaborar la programación de la oferta educativa de cada municipio junto con los ayuntamientos y la comunidad educativa. Las mesas locales de planificación determinarán las áreas de escolarización, por lo que los municipios con un número elevado de habitantes dejarán de ser distrito único, mientras que en otros casos se podrá transgredir la frontera del propio municipio. Esa programación inquietaba a las patronales: “Queríamos la garantía de que se respetara la vigencia del concierto de los centros concertados, y así ha sido”, concreta la directora general de la AEC.

La Fundación Bofill celebró este martes la aprobación del decreto, pero reclamó aplicar las principales medidas a partir del próximo curso. “Es necesario blindar la reserva de plazas para el alumnado vulnerable desde esta preinscripción [que empieza en marzo] y no ofrecer vacantes en centros vulnerables a lo largo del curso”.