El acuerdo presupuestario recrudece la batalla electoral entre ERC y Junts

La presentación, este miércoles en Barcelona, de los detalles del acuerdo entre ERC y el Gobierno para aprobar los Presupuestos Generales del Estado se ha convertido, de facto, en el primer gran acto de campaña del coordinador del partido y candidato a la Generalitat, Pere Aragonès. Los republicanos no escatimaron esfuerzos para loar los compromisos arrancados en la negociación, que incluyen 300 millones de euros más para Cataluña de lo que dibujaba el borrador de las cuentas. Aragonès justificó el sí por la necesidad de tener “todos los recursos” para atender la pandemia y buscó así afianzar su perfil más posibilista ante el de Junts per Catalunya.

Aún queda un mes para que se convoquen elecciones en Cataluña, pero la carrera por la presidencia de la Generalitat entre los socios del Govern está en pleno apogeo. El apoyo a los Presupuestos —en el que los republicanos sumarán sus votos a los grupos que permitieron la investidura de Sánchez— era toda una prueba de fuego para ERC, que se enfrenta a la reacción del independentismo más duro que ve todo lo que no sea confrontación como una “cesión” ante el Gobierno central.

El mejor resumen de esta posición lo tuiteó el expresident Quim Torra. “Mientras fui presidente no se aprobó ningún presupuesto español. Al contrario, los tumbamos. No se pueden aprobar las cuentas de un Estado que te quiere sometido nacionalmente y asfixiado económicamente. Es uno de los honores más grandes de mi carrera política”, escribió el exjefe del Govern. Junts expondrá este jueves en detalle sus objeciones al pacto.

El acuerdo presupuestario fue anunciado el pasado martes por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, pero este miércoles fue Aragonès quien salió a desgranar el documento de 13 puntos y que recibió el visto bueno de la ejecutiva. “Solo hay una opción, que es aprovechar todas las oportunidades para conseguir todos los recursos posibles para Cataluña. Todas. No es una opción escoger. Es la obligación que tenemos”, justificó el coordinador nacional de los republicanos. No hay “cheques en blanco” y ERC será riguroso en el cumplimiento de los acuerdos, añadió.

El acento estuvo en la cuestión económica. Esquerra busca perfilarse como un partido que vela por “atender el mientras tanto”, en palabras de Rufián, a la espera de una independencia a la que ya no pone plazos. El proyecto que se votará fija inversiones directas y transferencias de capital para la Generalitat por unos 2.300 millones de euros. Se trata de 300 millones adicionales a los que estaban en el borrador inicial. El coordinador de ERC remarcó que se trata de la primera vez que en unas cuentas centrales se supera el tope del 19% del total, que es la aportación de Cataluña al PIB nacional, una reivindicación histórica del catalanismo.

Los republicanos siempre critican que el Gobierno no es de fiar y saben que sus socios en la Generalitat les atacarán por la supuesta falta de garantías del cumplimiento del acuerdo. De ahí que uno de los puntos sea un mecanismo para controlar el nivel de cumplimiento de las inversiones. La Comisión Mixta de Infraestructuras, que depende de la Comisión Bilateral, se reunirá cada cuatro meses para evaluar el nivel de ejecución. ¿Por qué no lo había hecho hasta ahora? Según Aragonès, porque el Gobierno “no ha querido”. Y aprovechó para señalar al Departamento de Territorio, en manos de Junts, como el responsable de no usar ese órgano para fiscalizar las inversiones.

El Ejecutivo catalán y los empresarios se han quejado históricamente de que la inversión ejecutada siempre termina siendo mucho menor respecto a la proyectada en las cuentas. Según los datos de la Intervención General del Estado, entre 2015-2018 el Estado ejecutó el 65,9% de lo presupuestado en Cataluña. En la Comunidad de Madrid, por su parte, el porcentaje de ejecución fue del 113,9%.

El pacto también permite la entrada de la Generalitat al Consorcio de la Zona Franca (uno de los principales motores logísticos de Cataluña y cuyo delegado nombra el Gobierno), el abono del dinero que se debe a cuenta de las becas de Educación desde 2005 (18 millones de euros) o blindar los proyectos propuestos por la Generalitat para recibir los fondos de recuperación de la UE. Una escena de intercambio de apoyos en el Congreso por partidas beneficiosas para los catalanes que bien podría recordar la política del “pájaro en mano” que CiU practicaba en el Congreso antes del proceso independentista. Rufián rechazó el símil sugerido dentro de la rueda de prensa e insistió que, a diferencia de Josep Antoni Duran i Lleida, el ex hombre fuerte de los convergentes en Madrid, él es independentista. “¿Se imagina a Duran pactando el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital?”, se preguntó retóricamente Rufián.

ERC sigue defendiendo la independencia de Cataluña como la manera más eficiente de resolver los problemas, pero cree que, antes de reincidir en la vía unilateral, es necesario ganar masa crítica y apoyos. Y ese nuevo electorado, defienden, solo llegará si se percibe al partido como un gestor eficiente. El coronavirus ha golpeado esa hoja de ruta de ERC pues las consejerías con más relación (Salud y Trabajo y Asuntos Sociales, por ejemplo) se han visto cuestionadas. Con el acuerdo presupuestario, Esquerra intenta inyectar aire al relato de que pacta más allá de las diferencias políticas frente a los que desde Junts apuestan por la confrontación.

Intervención a las cuentas

Aragonès también subrayó que se pone fin a lo que ha denominado el “155 a las cuentas catalanas”, en referencia a los controles especiales impuestos por el PP en 2016 para evitar que se financiaran gastos del proceso independentista. Esos pagos, según el exministro Cristóbal Montoro, nunca se realizaron y algunos de los líderes del procés fueron condenados por malversación. Se pone fin a que mensualmente la Intervención de la Generalitat envíe informes —adicional a los que se presentan por recibir dinero del Fondo de Liquidez Autonómico— certificando cada gasto.

En las filas republicanas dejan en manos del Ejecutivo la gestión del desgaste del Gobierno en el ámbito nacional por el pacto. Por ejemplo, los ataques del PP por la creación de la comisión que busca armonizar impuestos y acabar con el llamado dumping fiscal de Madrid. Cataluña, como otras comunidades, defiende que la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso se puede permitir una tributación más baja que el resto porque concentra más riqueza, en detrimento del resto.

Dentro de Cataluña aún quedan pruebas de fuego. Se espera que este jueves el Tribunal Supremo decida sobre el tercer grado penitenciario de los líderes del procés. Una decisión adversa a los intereses de los presos hará crecer la presión dentro de ERC y dará aire al independentismo más hiperventilado. Rufián ha rechazado que existieran “cláusulas secretas” para mejorar las condiciones de los encarcelados.