España multiplica los frentes para reactivar la oficialidad del catalán en la UE

España busca una salida para reactivar la oficialidad del catalán, gallego y euskera en la UE tras un año prácticamente sumido en un callejón sin salida. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha pisado el acelerador diplomático este mes de diciembre que ahora se agota en los dos frentes en los que el Gobierno español busca impulsar una demanda clave de Junts, uno de sus socios más incómodos pero necesarios para seguir gobernando y sacar adelante proyectos clave como los Presupuestos Generales del Estado. Lo ha hecho tanto en el ámbito de los Estados miembros, donde necesita unanimidad, como en el Parlamento Europeo, que lleva dos décadas rechazando un acuerdo administrativo bilateral para el uso de estas lenguas, pese a que otros funcionan sin estridencias en otras instituciones europeas.

Durante su última visita a Bruselas, el 16 de diciembre, para participar en el también último Consejo de Ministros de Exteriores del año, Albares aprovechó para abordar a su homólogo polaco, Radosław Sikorski, cuyo país ―presidido por Donald Tusk, inscrito en la familia política del Partido Popular Europeo― asume el 1 de enero la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. Albares, que ya le había dirigido una carta unos días antes pidiéndole que durante el semestre polaco se avance para alcanzar un acuerdo que permita incluir las tres lenguas en el reglamento que fija el régimen lingüístico de la Unión (para lo que se requiere la unanimidad de los Veintisiete), hizo esa petición una vez más en persona. Aunque en Bruselas el radar polaco está en otras cuestiones más urgentes en medio de un contexto geopolítico internacional cada vez más complicado, Sikorski le aseguró que estaba “informado del tema” y acordó con el ministro español “dar un paso más a través de una reunión de sus respectivos secretarios de Estado de la UE”, según fuentes de Exteriores. Un día más tarde, durante el último Consejo de Asuntos Generales, se produjo la primera de esas reuniones bilaterales entre el secretario de Estado español, Fernando Sampedro, y el ministro polaco de Asuntos Europeos, Adam Szlapka.

Con todo, el camino es incierto en una UE con poco apetito para abrir nuevos frentes. Aunque Albares ha defendido por activa y por pasiva que no se trata de un “asunto político o politizado (…) sino de identidad nacional, un asunto de Estado y constitucional español”, Sampedro reconocía que se “requiere tiempo” para explicar bien la posición española.

España aprovechó hace un año su presidencia semestral europea, que coincidió con las negociaciones para formar gobierno de Pedro Sánchez, para poner sobre la agenda de los ministros europeos la propuesta —reclamada por Junts— de hacer del catalán, euskera y gallego idiomas oficiales de la Unión. No es algo insólito: ya se hizo con el irlandés, que en 2005 recibió el visto bueno para convertirse en el 24º idioma oficial comunitario. En esa misma época fracasaba el primer intento español, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, de hacer lo mismo con los idiomas cooficiales españoles. Pero sí se logró cerrar en los siguientes años sendos acuerdos administrativos con la mayoría de las instituciones comunitarias —desde la Comisión al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE)— que permiten el uso de una de las lenguas cooficiales españolas, a cambio de que España asuma los costes que ello implica. La única que sigue resistiéndose hasta hoy es el Parlamento Europeo, donde el Partido Popular ha frenado de forma continua todos los intentos.

Pese a las marcadas reticencias de varios Estados miembros, que recelan sobre todo de que el paso español abra una caja de Pandora para las lenguas minoritarias en sus países, España logró que la cuestión formara parte de la agenda de los consejos de Asuntos Generales mientras duró su mandato. Pero con la llegada de la presidencia de turno belga, el frenazo fue brusco: desde el pasado marzo, el asunto no está en la agenda, oficialmente por la falta de avances y a la espera de informes con más detalles sobre las implicaciones de este paso, pese a que España asegura que su propuesta es un traje tan a medida que no servirá para despertar impulsos nacionalistas o lingüísticos en otros países comunitarios. El Gobierno español promete también que se hará cargo de todos los gastos que implique el paso, que un informe preliminar de la Comisión Europea revelado hace justo un año cifra en 132 millones de euros anuales. El documento definitivo también se está haciendo esperar.

Inacción de Bélgica y Hungría

Mientras, tampoco Hungría, que asumió el testigo europeo belga en julio, ha hecho intento alguno por reavivar la demanda española estos últimos seis meses en los que ningún otro socio europeo ha mostrado un marcado interés por el asunto. Más bien al contrario, la sensación en círculos diplomáticos era de alivio cuando Bélgica soslayó un asunto que nadie quiso frenar, para no ponerle las cosas difíciles a España, pero que tampoco le quita el sueño a nadie más que al país interesado.

Ante la falta de resultados, Junts empieza a advertir de que pierde la paciencia. Hace un año su líder, Carles Puigdemont, ya calificaba los pasos dados hacia el reconocimiento del catalán “positivos” pero “insuficientes”, aunque quitaba presión al Gobierno al acusar al PP de los “obstáculos” para su culminación. En su comparecencia del pasado 9 de diciembre, también en Bruselas, el tono del expresident era radicalmente distinto: Puigdemont señaló a Sánchez y su “absoluta falta de implicación” en la materia como la causa principal de la falta de avances.

No ayuda que el tema esté también atascado en la Eurocámara. Albares se volvió a reunir con su presidenta, Roberta Metsola, a comienzos de mes en Bruselas, después de haberle enviado varias cartas pidiéndole avances en la materia, la última en septiembre, sin éxito. La maltesa, que viene de las filas del Partido Popular Europeo (PPE), al igual que el primer ministro polaco, Donald Tusk, no ha hecho hasta ahora grandes esfuerzos por que avance el asunto.

En octubre, Metsola solicitó al grupo de trabajo de la Mesa del Parlamento sobre Lenguaje de los Ciudadanos y Servicios Lingüísticos que estudiara el asunto y le presentara un informe sobre implicaciones del uso de estas lenguas cooficiales en las sesiones plenarias. Dicho grupo se reunió el pasado día 10 y trató las cuestiones jurídicas, según fuentes conocedoras de la reunión. En un nuevo encuentro, a comienzos de febrero, analizará las cuestiones logísticas técnicas y los casos similares que potencialmente pudieran existir en Europa. Pero por el momento nadie aventura una fecha para tener listo el informe que reclama la presidenta de la Eurocámara para dar algún nuevo paso, que tampoco será definitivo. Quizás haya que empezar a buscar cómo se dice paciencia en polaco. O incluso en danés, el idioma de la presidencia del Consejo de la UE en la segunda mitad de 2025.