Bélgica saca de su agenda inmediata la propuesta de hacer el catalán, el gallego y el euskera idiomas oficiales de la UE

Año nuevo, presidencia de turno de la Unión Europea nueva y, en la nueva agenda del Consejo de Asuntos Generales (CAG), en manos ahora de Bélgica, desaparece un tema: la propuesta española de hacer lenguas oficiales de la UE el catalán, euskera y gallego no figura en la agenda provisional de la próxima cita de ministros, el 29 de enero, en este formato.

Es la primera vez que este tema está ausente de este encuentro desde que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, pidiera su inclusión por primera vez en el CAG del pasado 19 de septiembre, en el marco de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez y cuando, como presidente del Consejo de la UE en el último semestre de 2023, España tenía capacidad de decidir qué temas se debatían y cuáles no. Fuentes de la presidencia belga confirman que no volverá a ser debatido por los ministros hasta que se considere que el tema está listo para regresar a su mesa de trabajo.

“El Consejo está a la espera de una propuesta alternativa compatible con los tratados”, señalan las mismas fuentes. Según indican, “todas las propuestas deberán ir acompañadas por análisis de impacto administrativo (recursos humanos), legal y financiero, tal como han solicitado la vasta mayoría de los Estados miembros”.

Una vez reciba dichos informes, la presidencia “analizará todos los documentos a nivel técnico (de grupos de trabajo) conforme vayan llegando”. Lo que sí dejan claro las fuentes es que se trata de un proceso que, previsiblemente, seguirá tardando lo suyo: “Los análisis de impacto completos tomarán seguramente tiempo antes de ser publicados”. Por el momento, por tanto, el expediente de las lenguas cooficiales españolas “continuará a nivel técnico”, zanjan.

La eliminación de las lenguas cooficiales españolas de la agenda no es más que el reflejo de una realidad de la que, más o menos veladamente, venían advirtiendo desde hace tiempo diversos socios europeos, incluso entre los que decían comprender la importancia que para España tenía el asunto: la cuestión no es prioritaria para los otros Estados miembros que, además, reiteradamente han dejado claro que quieren aclarar múltiples dudas respecto de la propuesta española y su impacto en sus propios países —en muchos de los cuales las lenguas regionales y los nacionalismos internos son temas sensibles— antes de pronunciarse. En vista de que un asunto así requiere unanimidad, tampoco a España le interesa presionar demasiado si ve que todavía no hay avances que reportar y que correría el riesgo, si insiste demasiado, de ver cómo algún país se planta y la propuesta quedaría automáticamente tumbada.

España, que incluyó el asunto en los cuatro consejos de Asuntos Generales de la UE celebrados durante el segundo semestre de 2023, su mandato europeo, para hartazgo manifiesto de algunos de sus socios, ha tratado de hacer de su propuesta un traje totalmente medida para el caso español, con el objetivo de alejar los temores de algunos países, sobre todo aquellos con minorías rusoparlantes, de que pueda servir de precedente para peticiones similares de otros Estados. También se ha comprometido a asumir todos los costes de traducción e interpretación que conlleve, que según un informe preliminar se cifra en al menos 132 millones de euros anuales. Aun así, en la última cita de diciembre, varios países dijeron tener todavía dudas que se buscan resolver en grupos de trabajo a menor nivel que de ministros. Incluso Junts per Catalunya, que hizo de este tema uno de sus condicionantes para apoyar al Gobierno de Sánchez, reconocía en diciembre que se necesitaba “más tiempo” para que la iniciativa llegue a buen puerto.